Redacción Canal Abierto | Ex trabajadores de Segba y Encotel apoyaron los proyectos de ley de Reparación Histórica presentados por el diputado nacional del Frente de Todos Juan Marino que busca resarcirlos por la falta de pago de parte del capital accionario de estas privatizaciones, tal como lo establecía la Ley de Reforma del Estado que en 1989 dio inicio al desguace de las empresas estatales.
La normativa que habilitó las privatizaciones establecía el Programa de Propiedad Participada a través del cual el personal afectado por el proceso de privatizaciones pasaba a ser beneficiarias de un porcentaje del capital accionario de las empresas en cuestión. Sin embargo, gran cantidad de los beneficiarios de este programa fueron excluidos de ese derecho.
Los proyectos de ley abarcan a quienes se encontraban en la órbita de Segba y Encotel, proveedoras del suministro de energía eléctrica del Gran Buenos Aires y correo respectivamente. En el caso de los primeros, corresponde a quienes se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992, mientras que a los de la segunda abarca a quienes lo hacían al 24 de enero de 1992. Los proyectos plantean el pago de una indemnización ya sea a las personas que hayan trabajado en la proveedora eléctrica o el correo estatales o a sus deudos en caso que hayan fallecido.
En diálogo con Canal Abierto, Fernando Orozco, ex trabajador de Segba e integrante del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Empresas del Estado Privatizadas contó que “en el devenir de estas tres décadas, la gente que sufrió la privatización, los 20.000 despedidos de Correo e inclusive los que quedaron actividad hasta la fecha no cobraron un peso de ese Programa de Propiedad Participada. Y de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Segba, solamente cobraron los que tuvieron continuidad laboral. Los que fueron obligados a adherirse al régimen de retiro voluntario o los que fueron cesanteados no vieron un peso de lo que la ley determinaba que deberían haber cobrado”.
Y recordó que “ hubo reclamos administrativos y judiciales. En caso de la empresa Segba hay un juicio que tiene sentencia firme que se llevó adelante en la Cámara Federal de La Plata, con el cual el Ministerio de Trabajo estaría obligado a pagar y no pagó. Primero la Justicia dio lugar al reclamo y dijo que era pertinente que todos los trabajadores cobraran”.
“Luego se hace un juicio un juicio que llegó más de 20 años por este reclamo y que hoy en día tiene sentencia firme en el caso del correo. Como los síndicos pertenecían a distintas entidades, hubo más distorsión en el reclamo judicial, los plazos se vencieron y judicialmente no pudieron accionar”, agregó.
“Lo que sí hubo después fueron un montón de proyectos de ley de distintas bancadas de distintos partidos políticos, pero que como cada dos años los proyectos si no son sancionados se caen tuvieron que volver a presentarse. Es un derrotero largo. Son tres décadas de reclamos continuos en distintas índoles. Aunque existen los antecedentes legislativos puntuales de compañeros de otras empresas que han podido cobra a través de leyes reparatorias”, contó Orozco.
Se refiere a casos como los de SOMISA, Altos Hornos Zapla e YPF cuyos trabajadores se vieron impedidos de acceder al Programa de Propiedad Participada y obtuvieron respuesta a sus reclamos a través de respectivas leyes de reparación que fueron siendo sancionadas por el Congreso de la Nación.
Orozco apeló a “la voluntad de los legisladores y las legisladoras en el Congreso Nacional porque así como nosotros tenemos esta demanda y otras demandas insatisfechas de la sociedad, lo que necesitamos es que lo del legisladores, más allá de que sea un año electoral, se dediquen a legislar. Esto viene de muchos años o muchas décadas y hay muchos proyectos que se han presentado, algunos que se han cajoneado y otros que han salido”.
“Vemos que hay una voluntad política de que estos proyectos lleguen a buen final, pero para eso necesitamos que el Congreso Nacional sesione para satisfacer la demanda particular sectorial, que nosotros estamos llevando adelante y el resto de las demandas que tiene la sociedad”, conclñuyó Orozco.