¿Las Fuerzas Armadas custodiando Vaca Muerta?

Redacción Canal Abierto | El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó el pasado 22 de marzo la apertura y el primer encuentro del ciclo de debates para la elaboración del Libro Blanco de la Defensa Argentina 2023, en el Salón Almirante Brown de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), en la ciudad de Buenos Aires.

Según informa el Ministerio de Defensa, “la publicación plasmará los principales lineamientos de la Política de Defensa Nacional, en función de las transformaciones y avances del proceso de modernización de la Defensa Nacional, como así también de los cambios acaecidos en el escenario global, regional y nacional”.

“Este libro tiene dos grandes objetivos. Uno forma parte de la política exterior y es generar medios de confianza, contar lo que hacemos y contribuir a generar un mejor conocimiento entre las distintas Fuerzas Armadas del resto de los países”, expresó Taiana.

Luego agregó: “Por otro lado, este libro constituye una medida que brinda transparencia y participación de la sociedad en temas de defensa, lo que permite un conocimiento de la defensa para que tanto la sociedad como su sistema político, vean la importancia de este tema estratégico”. Precisamente en el marco de la Semana de la Memoria, podrían ser promisorias estas afirmaciones del ministro que comanda a las fuerzas que perpetraron los peores horrores provocados por el Estado sobre la población civil en lo que va de nuestra historia nacional.

Hipótesis de conflicto

“Hemos desarrollado un planeamiento que dispone de ocho planes de campaña. Este año vamos a poner en práctica tres: uno en la zona del Comahue, donde se encuentra Vaca Muerta; otro en la zona de Buenos Aires, fundamentalmente la zona de Bahía Blanca y ese complejo nodal de comunicaciones; y otro en el Atlántico. Vamos a poner en práctica nuestra capacidad de desplazar medios militares para disuadir y, en el caso necesario, defender nuestros objetivos de valor estratégico”, sostuvo el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), teniente general Juan Martín Paleo que participó en una de las mesas del primer encuentro del ciclo de debates en la que explicitó los lineamientos del Planeamiento Estratégico Militar del EMCO.

Según las palabras del jefe del Estado Mayor Conjunto el eje de la política de defensa dejan de ser las fronteras para centrarse en las zonas económicamente estratégicas y los flujos de la economía. “Las fronteras ‘clásicas’ adoptadas por la estrategia militar, basadas en la geografía y los límites entre naciones, deben cambiar a un ‘concepto ampliado’ que sume infraestructura y cadenas de suministro, desde el concepto de la conectografía. Una central nuclear o hidroeléctrica, que es la vía por la que ingresa la energía a nuestro país, es una frontera. Un yacimiento de litio o Vaca Muerta, ¿no es una frontera a través de la cual ingresan al país las divisas que necesita para desarrollarse?”.

Cabe preguntarse ¿quién es el enemigo para esta “nueva” concepción de estrategia militar? ¿Un grupo ambientalista que se opone a la explotación de un yacimiento mineral? ¿Comunidades mapuches que, como lo han hecho varias veces en Vaca Muerta para reclamar por sus derechos -consagrados constitucionalmente y en convenios internacionales-, toman pacíficamente las instalaciones de una planta de fracking?

También, y nuevamente, es lícito preguntarse dónde pone las fronteras nuestro Estado… ¿en la General Paz? ¿en las arterias que rodean a una villa? ¿En las estaciones conurbanas de ferrocarril? ¿En el perímetro de las instalaciones de Panamerican Energy o de Vista Oil & Gas cerca de Añelo, Neuquén?

“Las FFAA tienen la potestad de proteger objetivos estratégicos de la Nación. No pueden intervenir en conflictos internos, lo tienen expresamente prohibido. Ahora, si los pongo en un objetivo estratégico, y hay un conflicto con una comunidad, los actores principales de seguridad van a ser ellos, con lo cual terminan interviniendo”, sostiene el historiador y ensayista Bruno Napoli. “En un país con la experiencia del genocidio, cada gestión fue muy cuidadosa respecto de la utilización de las FFAA, pero ponerlas en un lugar estratégico implica un posible conflicto con la comunidad y eso es muy peligroso”, concluye.

Con el regreso de la democracia, la “doctrina de la seguridad nacional”, sembrada en los 60 y 70 desde Washington, fue abandonada junto a los escombros del Muro de Berlín. En su reemplazo, surgieron los impulsores de nuevas doctrinas para “nuevas amenazas” como el bautizado narcoterrorismo, obviamente de la mano de las agencias de inteligencia estadounidenses y el Comando Sur.

Estos días escuchamos, a raíz de la violencia narco empresarial en Rosario, voces que reclaman la presencia de las FFAA en el territorio cuando no se puede confiar en una policía que, todo indicaría, es parte del negocio. Ya quedó demostrado en México y Colombia que la “guerra a las drogas” sólo trae más muerte, criminalidad y corrupción o aumento de la corrupción en las Fuerzas Armadas implicadas. El gobierno de Alberto Fernández, que a menudo accede a ser guionado por opositores como Patricia Bullrich, envió al Ejército a realizar tareas de “urbanización”. Como advertencia, podría reversionarse un dicho popular diciendo que el que se acuesta con militares amanece torturado.

“Si se cuestiona, ¿qué hacen las FFAA custodiando Vaca Muerta? Te digo: claro que deben hacerlo, tal vez no en forma directa. Cualquier área estratégica puede ser objetivo militar y ¿cómo se defiende militarmente? Con defensas antiaéreas, por ejemplo. No es que se va a defender en el territorio, para eso está la Gendarmería. Lo que se marca en un Plan de Defensa son aquellos objetivos que puede tener el enemigo; por ejemplo, quedarse con el litio, quedarse con Vaca Muerta. No está mal que la Defensa se involucre, lo que estaría mal es ver un enemigo interno”, sostiene José María Damsky, licenciado en Relaciones Internacionales, experto en geopolítica.

Lo que se protege es la frontera… extractivista

Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, Rafael Colombo cuestionó en diálogo con Canal Abierto la concepción de Defensa Nacional planteada por el teniente general Paleo. “Creo que es una pésima señal que termina profundizando la intervención de las FFAA en asuntos más propios de la seguridad interior, lo cual es una tendencia tanto en gobiernos progresistas como de derecha y se observa como un gran denominador común”.

“Al mismo tiempo, favorece la expansión de narrativas que construyen al ‘otro’ como un enemigo. En el caso de los objetivos militares y de movilización de tropas distribuidos geográficamente en todo el país, en ese ‘otro’ van a encontrar a comunidades, pueblos, asambleas, multisectoriales y vecinos autoconvocados que resisten el avance de la frontera extractivista en sus territorios. Estos actores van a encontrarse, además del autoritarismo y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, con la presencia de las fuerzas armadas que no tienen nada que hacer con intervenir en conflictos internos. Aquí se propone generar una militarización de los objetivos principales de la matriz extractiva argentina”, concluyó el abogado.

Avances y retrocesos

El de Argentina, recuperada la democracia tras la ola de dictaduras militares monitoreadas por Washington de la década del 70, supo ser uno de los sistemas políticos que con mayor éxito logró meter en caja a sus fuerzas armadas. Los juicios a los jerarcas militares, las asonadas carapintadas, el retroceso de los indultos, el nuevo impulso de las causas de lesa humanidad tras la asunción de Néstor Kirchner, la pérdida de poder real del partido militar hasta su casi disolución, son algunos hitos de esa relación.

Pero en la gestión de Cristina Kirchner, la decisión de trasladar las “fronteras” de la Gendarmería Nacional a los conurbanos de las grandes urbes dejó vacante un lugar en las fronteras nacionales al que fueron destinadas las FFAA. En los Operativos Fortín I y II y Escudo Norte se dispuso la intervención de militares en la custodia de la frontera norte del país como estrategia de “lucha contra el narcotráfico”. 

En consonancia con otras legislaciones en la región, en 2007 el gobierno de Fernández de Kirchner promueve la denominada Ley Antiterrorista (Ley 26.168) que pena las actividades terroristas y el lavado de activos con estos fines, pero cuya ambigüedad permite que este plexo legal pueda ser utilizado para perseguir a comunidades originarias u opositores políticos.

El gobierno de Mauricio Macri profundizó la agenda de la “guerra contra el narcotráfico” y el “combate al terrorismo”. En su afán de intervención interna, la gestión cambiemita eliminó la condición de ‘agresión externa de otros Estados’ como justificación a la intervención militar y habilitó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas custodien “objetivos estratégicos” como centrales nucleares o recursos naturales, aquello que en estos días Paleo estableció como objetivos del Plan Estratégico del EMCO.

La Ley de Seguridad Interior N° 24.059 no incluye dentro de las fuerzas de seguridad que intervienen en la misma a las Fuerzas Armadas. Establece la participación de las policías (Federal, de Seguridad Aeroportuaria y provinciales), la Gendarmería y la Prefectura. En su artículo 27, de todos modos, establece que pueden participar como apoyo logístico a pedido del Consejo de Seguridad Interior: “que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.

“La legislación siempre es ambigua”, sostiene Napoli. Como se dijo, las FFAA no pueden intervenir en la seguridad interna, pero el artículo 31 de la citada ley establece: “Sin perjuicio del apoyo establecido en el artículo 27, las fuerzas armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º”. El requisito para esta intervención es la declaración del estado de sitio por parte del Presidente de la Nación.