Redacción Canal Abierto | En las últimas horas trascendió que el Gobierno estudia la posibilidad de suspender la aplicación de la Ley 27.551 de alquileres. La norma fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.
El tema cobró protagonismo en la agenda pública luego del almuerzo que mantuvieron Alberto Fernández y Sergio Massa al regresar éste último de Washington. El verbo que aparentemente utilizaron desde el entorno del ministro es el de “volar” la Ley de Alquileres. Esto abrió la especulación sobre lo que podría pasar con ella. ¿Modificación, suspensión o derogación?
Sobre estos trascendidos, Mariano Pasi, del Colectivo de Inquilinos Porteños de la CTA Autónoma, dijo a Canal Abierto: “Ante esta situación, vemos que hasta que no haya algo concreto o salga un decreto, hasta que no se publique una decisión final por parte del Gobierno, lo tomamos como una nueva operación”.
Y añadió: “Desde que se sancionó la ley, el mercado inmobiliario viene tratando de voltearla sin parar. Más allá de que reconocemos que ha habido discusiones en el Congreso, que el mismo Massa era uno de los que impulsaba su modificación, lo que sí está claro es que si se llega a modificar, de nuevo va a ser a favor de los propietarios, y cuando hablamos de los propietarios no hablamos de la persona que tiene uno o dos, tres o cuatro departamentos en alquiler; sino de los grandes propietarios como las constructoras, las inmobiliarias y todos los que están agrupados dentro de las cámaras, que son las voces hablando hoy de esto, claramente presionando para que esta ley caiga”.
Respecto a la normativa que rige, Pasi señaló: “No es una ley que sea la mejor, es perfectible, no está del todo aplicada, pero de alguna manera implicó para los inquilinos mínimas garantías de estabilidad y certeza. Lo que se pretende ahora es que volvamos atrás y perdamos lo poco que podíamos haber ganado como para mejorar nuestra posición en la discusión de inquilino y propietario”.
En cuanto a los argumentos esgrimidos por las partes interesadas en que esta ley “se caiga”, el integrante de Inquilinos Porteños dijo: “Ellos lo que indican es que los aumentos establecidos por el índice de inflación son durísimos, porque sí, 90% o 100% de aumento es una locura, pero también lo que hay que decir es que bajo el formato previo a esta ley, los aumentos también se daban con la inflación, pero peor porque se establecían aumentos trimestrales, semestrales. Si la inflación era del 30% la proyectaban en 35% y ahí no había manera de discutir”.
Al mismo tiempo, aclaró: “Pero lo que es más importante y hay que decirlo es que el aumento del 100% hoy por el índice acorde a la inflación, además de dar una estabilidad y certeza sobre cómo va a ser el valor futuro, no es el problema. El problema es el valor inicial de los contratos. Hoy un monoambiente puede valer $90.000 o un tres ambientes $150.000 en CABA, y ese precio inicial es una locura. Eso es un abuso por parte de los propietarios porque consideran a los alquileres como un gran negocio para sacar una renta, y no como nosotros vemos que la vivienda es un derecho, algo básico para poder vivir. Y eso se omite en el debate”.
Otra puja en la discusión y que se pretende retrotraer es la duración de los contratos: “Ahí tampoco se considera la visión del inquilino. Cuando plantean volver al esquema de los dos años es porque les permite a los propietarios un mayor nivel de circulación, ya sea por renovación de contrato o por volver a poner en alquiler, y actualizar los valores. Pero para nosotros es un año menos de estabilidad en el desarrollo de nuestra vida, porque si alquilás hoy ya en un año tenés que estar pensando si te van a volver a alquilar o si vas a tener que salir a buscar otro departamento. Y otra vez a buscar la garantía, los informes, la mudanza, el depósito, los meses de adelanto. Es todo un esquema de vida pensado en la mudanza”.
En este sentido, Pasi explicó: “La duración de tres años de alquiler para nosotros es básica, es elemental porque permite una mínima estabilidad. Incluso podrían ser más años, pero todo eso es lo que se está atacando hoy y va totalmente a favor del mercado inmobiliario. Al mismo tiempo es totalmente regresiva para los inquilinos”.
La problemática habitacional
Según informa el Colectivo de Inquilinos Porteños, en Capital Federal, los metros cuadrados de construcción crecen en igual o mayor medida que la cantidad de inquilinos por año. Al respecto, Pasi sostuvo: “Esto quiere decir que se construyen más propiedades pero la población sigue siendo inquilina. ¿A dónde van esas propiedades? Se están concentrando cada vez en menores manos, entonces hay que intervenir. No tenemos que avanzar en el camino de la liberalización del mercado inmobiliario, necesitamos regularlo porque está muy vinculado por la especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires”.
En ese sentido, apuntó a la discusión de la vivienda ociosa. “En todos lados se reconoce hoy que se quitan inmuebles del mercado porque hay propietarios que prefieren tener su inmueble vacío antes que ponerlo en alquiler. Si se está tomando la propiedad como un elemento de presión cuando nosotros lo necesitamos para vivir, en principio hay que regular eso. Vivienda ociosa que pague un impuesto más alto, y que si se mantiene así después de muchos años se considere la expropiación. La vivienda es un derecho, no puede ser vista como un negocio. La ciudad se piensa hoy desde esa lógica, para los negocios y no para vivir”.
A su vez, considera que un puntapié inicial para generar acceso a la vivienda son los créditos hipotecarios accesibles: “Hoy el único que hay es el PROCREAR, que no está pensado para la población trabajadora, para el que tiene un salario promedio. Para acceder al PROCREAR debes ser clase media si o si, y con el nivel de precarización laboral que hay, la informalidad y los salarios bajos es imposible acceder a un crédito hipotecario. Nada de eso hoy está en agenda”.