Redacción Canal Abierto | La intervención armada de un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba fuera de servicio en el hecho delictivo que culminó con el asesinato del chofer de la línea 620 Daniel Barrientos, planteó la discusión en torno a la conveniencia o no de que los integrantes de las fuerzas de seguridad porten su arma reglamentaria y estén de servicio las 24 horas.
Canal Abierto dialogó con Manuel Tufró, director del equipo de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, quien contó que “en los últimos años esto fue cambiando a nivel normativo. Antes, casi todas las leyes de las policías planteaban que los efectivos policiales tenían la obligación de llevar el arma las 24 horas y la obligación de intervenir si veían que se estaba produciendo un delito en flagrancia. En general, las leyes que se produjeron a partir de la recuperación democrática más bien lo que fueron marcando es que la portación del arma fuera de servicio es un derecho. Es decir, que es una posibilidad que tiene el policía pero no una obligación”.
Respecto de la actitud que debe tomar un agente de seguridad en caso de encontrarse con un delito fuera de horario de servicio, Tufró recomendó que “lo que tiene que hacer es una evaluación acerca de si su intervención va a ser útil o efectiva para obturar un delito o si más bien puede llegar a ser contraproducente”.
“Recordemos que un policía que está fuera de servicio en general está en una situación de inferioridad táctica. Está en la calle o en un transporte público y de pronto se encuentra con una situación delictiva y no siempre está en las mejores condiciones para poder resolverla y a veces sus intervenciones pueden generar más problemas que los que resuelven”, agregó.
Y planteó: “El policía debe hacer algún tipo de evaluación sobre esta posibilidad y entonces decidir si corresponde intervenir porque con ello logra prevenir o frustrar un delito o si lo que tiene que hacer más bien es dar aviso para que otros efectivos en servicio puedan intervenir en la situación. Esto es lo que dicen ahora las leyes”.
Sin embargo, suele ocurrir que la ley escrita no ve un correlato con lo que ocurre a la hora de aplicarse. “La portación del arma es casi una parte central de la identidad policial con la que son formados los policías. Entonces, prácticamente todos los policías se llevan el arma a su casa. Lo ven como como algo esencial al ser policía y esto es algo sobre lo que habría que ir fomentando algún cambio”, dijo Tufró.
“A veces siguen sucediendo intervenciones que son contraproducentes y que, por ejemplo, transforman una situación de robo en un tiroteo en donde puede haber personas heridas o muertas”, indicó.
“Este problema de la portación del arma fuera de servicio -continuó el abogado-, uno de los aspectos que tiene es que la mayor parte de las autoridades políticas no lo observan o no lo consideran ni siquiera como un problema. O lo ven como algo que sucede más bien en en el momento de la vida privada del efectivo policial. Entonces no hay ninguna política ni siquiera para empezar a discutir esta cuestión de la portación fuera de servicio, cuando las organizaciones que producimos datos sobre estos temas hace muchos años que venimos alertando que la mayor cantidad de personas muertas por policías y la mayor cantidad de policías que mueren son en situaciones que ocurren cuando hay intervenciones de policía fuera de servicio”.
Y advirtió que “esto debería ser algo que las autoridades tendrían que empezar a mirar para ver qué es lo que se puede hacer. Hay algunas experiencias como las de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que prohibió directamente la portación del arma fuera de servicio. Y efectivamente, durante el periodo en que estuvo prohibido que fue durante el gobierno de Cristina Kirchner y ahora de nuevo durante el gobierno de Alberto Fernández, por lo menos nosotros no registramos casos de situaciones de violencia letal en las que intervengan policías de la PSA. Hay algo para estudiar ahí, para trabajar y una discusión que en algún momento va a haber que empezar a dar”.
El asesinato de Barrientos adelantó el clima por el que transitará la inminente campaña electoral, con los principales referentes de la oposición usando el dolor de la familia del trabajador fallecido como abono para el cultivo de su prédica manodurista. Al respecto, Tufró planteó que “cuando hay un contexto electoral, la derecha inmediatamente sale a hacer sus sus propuestas de demagogia punitiva, que sabemos que no resuelven nada pero que aparentemente tienen algún tipo de rendimiento electoral”.
Y lamentó: “Mientras tanto, el progresismo no sale hacer propuestas. Y efectivamente sería bueno que el progresismo salga a hacer propuestas, pero sobre todo sería bueno que el progresismo cuando ocupa los cargos de gestión implemente políticas también de seguridad democráticas, cosa que no se ha hecho en general hasta este momento”.
“Si esas políticas se hubieran implementado de manera consistente a lo largo del tiempo, llegado el momento electoral habría no sólo propuestas para hacer sino también cosas para mostrar. El problema es que al no intervenir en las discusiones con propuestas, pareciera que el consenso general se orienta hacia las propuestas más de corte punitivo que por otro lado son las que se vienen aplicando en su mayor parte en los últimos 30 años”, señaló.
“Fueron muy escasos los momentos en que se intentó hacer algo diferente, así que lo que la mayor parte de la opinión pública quizá no percibe es que en realidad la situación que tenemos hoy es el resultado de la aplicación de ese tipo de políticas. Entonces me parece que la posibilidad de probar otra cosa sería altamente recomendable”, concluyó Tufró.