Canal Abierto Radio | En el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata se tramita la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Adrogué y Lavallol en marzo de 1977 cuando en sendos operativos de grupos de tareas de la última dictadura cívico militar.
En el primero fueron asesinados Vicenta Orrego Meza, María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga y en el segundo, Juan Pedro Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee. Carlos, María y Alejandro Ramírez tenían entonces 5, 4 y 2 años y eran hijos de Orrego Meza. Tras los asesinatos, fueron dejados en custodia en el Hogar Casa Belén por disposición del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, entonces a cargo de la jueza Martha Delia Pons. Julio Ramírez, su padre, los buscó pero la tenencia le fue denegada.
El proceso judicial hoy sólo tiene en el banquillo a Nora Susana Pellicer, entonces secretaria del Juzgado de menores. La biología y el estado avanzado de problemas de salud garantizaron la impunidad tanto de la jueza como de los participantes de los operativos.
Canal Abierto Radio dialogó con María Soledad Iparraguirre, periodista que siguió de cerca el proceso para el portal Perycia, quien definió a esta historia como “un caso conmovedor, es un caso paradigmático que tiene unas cuantas particularidades. Una de ellas es que los hermanos Ramírez, que desde hace muchos años están exiliados en Suecia, en su momento eran chiquitos de 2, 4 y 5 años fueron retenidos en el hogar casa de Belén, están a la espera de Justicia después de tantos años”.
La periodista destacó que “es un caso que se da con la mayoría de los de los acusados fallecidos o algunos alejados por considerar que no estaban en condiciones de afrontar el proceso judicial. La única presente en todas las audiencias del juicio fue Peliser que fue la mano derecha y la secretaria del juzgado”.
Y definió a la jueza Pons como “una jueza funesta de la dictadura, conocida precisamente por jactarse de que no le devolvería a las Abuelas de Plaza de Mayo los chiquitos que pedían y que consideraban que habían sido apropiados”.
También resaltó que se trata de “un caso paradigmático porque muestra el vínculo de la Justicia con la cúpula militar y cómo esa Justicia estuvo a través del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora vinculada con la práctica sistemática de detención y desaparición de personas en dictadura”.
Iparraguirre destacó la labor de los fiscales Ana Oberlin y Juan Nogueira que llevaron adelante la acusación. Sobre los hermanos Ramírez, afirmó que “ellos han vivido todo este proceso de juicio, creo de una manera reparatoria. Eso tiene que ver con el laburo y el compromiso de la Fiscalía. Si bien, como dijo Ana Overling, no hay reparación posible para el daño que sufrieron porque recordemos que ellos permanecieron en este en este hogar, que la Fiscalía considera que funcionó como un campo de concentración”.
Referido a las vivencias en ese hogar, recordó que “permanecieron ahí seis años retenidos, se les ocultó que su papá, que había estado detenido por su militancia peronista, los estuvo buscando todos esos años. La jueza denegó la posibilidad de que de que el padre los encontrara. Habían asesinado a su mamá en el momento en que esa noche que atacan a la casa donde ellos vivían. A partir de ahí fueron años de sufrir abusos sexuales y de lo que te imagines por parte de la pareja Maciel que manejaba que dirigía este hogar”.
Y lamentó que “se llega a la instancia del juicio con casi todos los acusados fallecidos. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando 46 años más tarde?”.
Consultada respecto de la continuidad del proceso, la periodista informó que “en este momento no hay una fecha precisa de sentencia. Porque además también se estiraron mucho los plazos judiciales porque el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata sigue funcionando sin titulares está funcionando con cuatro subrogantes. Entonces las audiencias que son los días jueves se hacían a veces se hacen jueves de por medio por lo que se fue volviendo todo mucho más lento”.
Por lo pronto, restan la participación de la defensa de los policías involucrados en los operativos que incluye al ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y los alegatos. Para mediados de mayo la sentencia debería estar dándose a conocer el veredicto.
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Foto principal: foto familiar de Vicenta Orrego Meza de Ramírez y Julio Ramírez.