Redacción Canal Abierto | Pese a la sucesión de acuerdos con la Argentina y lo generoso de las ofertas que el Estado nacional ha presentado, los fondos buitre siguen sobrevolando la economía nacional.
Ya sin la intervención del fallecido e inefable juez neoyorquino Thomas Griesa, histórico asesor de estos fondos y antagonista de los intereses argentinos, esta vez fue el Tribunal Superior de Londres a cargo del juez Simón Picken el que falló a favor de una demanda de 2019 presentada por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.
Se trata de la causa contra los llamados “Cupones PBI”, activos denominados en euros que ajustaban por crecimiento del Producto Bruto Interno. Los cuatro fondos de cobertura, que poseen alrededor del 48% de estos bonos emitidos entre 2005 y 2010, demandaron al país por daños de hasta 643 millones de euros, alegando que Argentina tenía una “propensión” a manipular datos económicos para ahorrar dólares.
En específico, sostuvieron que el índice de precios al consumidor (IPC) fue alterado “para ahorrarle a la república aproximadamente 2,5 mil millones en sus bonos ligados a la inflación”.
La Justicia británica les reconoció la cifra demandada y sumó intereses que la duplican: de prosperar la demanda, la Argentina debería pagarles 1.330 millones de euros.
El drama de los fallos internacionales
Si bien es apelable, la sentencia no sorprende. Sin que haya mediado una discusión de fondo sobre las condiciones de legitimidad y legalidad de la deuda pública desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, las finanzas nacionales se han visto cíclicamente jaqueadas por fallos favorables a demandas de los fondos buitre contra el Estado argentino.
El canje de bonos de deuda de 2005 terminó con sólo un 30% de los bonistas afuera. Un nuevo canje, en 2010, resolvió la situación de la mayoría de ellos, menos la de unos pocos, que optaron por el litigio, asumiendo que a largo plazo obtendrían mejores condiciones vía previsibles fallos favorables y un futuro gobierno afín. Tuvieron razón.
En 2012, Griesa emitió un fallo a favor de los fondos buitre y ordenó que Argentina debía pagar la totalidad de lo reclamado —poco más de 1.330 millones de dólares— a los holdouts que no habían entrado en los canjes anteriores.
Argentina apeló el fallo y fue respaldada por diversos actores de la comunidad internacional, entre ellos la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Unasur, el Parlasur, la CELAC, los BRICS, el Parlamente Británico, la Confederación Sindical Internacional, el G77+China y más de 80 países. Incluso el FMI se pronunció en contra de las sentencias de la Corte de Nueva York.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones ratificó el fallo del juez Griesa, y en 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos ―última instancia a la que recurrió Argentina― declaró que no revisaría el expediente y rechazó tomar el caso.
En ese escenario, cuando la Argentina intentó seguir pagando a los acreedores que sí entraron en los bonos reestructurados, Griesa retuvo los fondos depositados en el Banco de Nueva York Mellon y Citibank Argentina. Así, ante las calificadoras de riesgo, el país entró en “default selectivo”.
Mediante una ley que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso, el país logró poder emitir nuevos títulos públicos bajo jurisdicción argentina y francesa que permitieran eludir la prohibición de cobro de vencimientos gracias a la posibilidad que les abría a los tenedores de títulos de optar por solicitar un cambio de legislación. Así el país logró pagar la deuda reestructurada, pero el litigio de los holdouts recién empezaba.
Los nuevos buitres
Con el cambio de gobierno y en su primer año de mandato, Mauricio Macri decidió pagarles 9.300 millones de dólares a los fondos buitre. El pago, plagado de irregularidades, también contradecía la ley argentina votada en 2013 que establecía que los términos y condiciones financieros que se ofrecieran nunca podrían “ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10”.
Días después, y como consecuencia del pago, nacieron los fondos de “tercera generación”, una nueva tanda de demandantes con bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y tampoco aceptaron el pago del gobierno de Macri.
Según el diario británico Financial Times, para pagarles a los buitres Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, y se convirtió en el país que más se endeudó en el mundo.