Por Néstor Espósito | Un empresario perdió un automóvil Mercedes Benz de alta gama por violar las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional durante la etapa más estricta del aislamiento obligatorio por la pandemia. Además, fue condenado a tres años de prisión en suspenso. De todas las causas penales generadas a partir del incumplimiento de las medidas para combatir el coronavirus probablemente sea esta la más drástica. Hasta el presidente, Alberto Fernández, pudo solucionar su propia violación a esas normas (al celebrar el cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos) con un costo mucho menor.
Pasada la crisis por el COVID-19 comienzan a aparecer las resoluciones de las causas judiciales que se iniciaron por infracciones al artículo 205 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Uno de ellos es el de Leandro Augusto Santagata. Mediante el mecanismo de “juicio abreviado” acordó una pena que le evitó la cárcel: tres años en suspenso. Esa condena se agotará el día 11 de octubre de 2025 y “caducará a los fines registrales el día 23 de septiembre de 2031”.
Santagata fue acusado de “haber violado las medidas adoptadas por el Estado Nacional mediante DNU 294/2020 para impedir la introducción o propagación de una epidemia, al circular por la vía pública sin autorización expresa y sin excepción legal que lo justifique, a bordo del rodado Mercedes Benz, modelo SLK250 dominio MOU-466. Este hecho ocurrió el 6 de junio de 2020, a las 12.30 horas aproximadamente, en la autopista del Oeste, sentido a provincia, oportunidad en que fue detenida su marcha por parte del personal de Gendarmería Nacional Argentina y Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
El conductor del vehículo no tenía autorización para circular. En esas circunstancias, la acusación se agravó: “Haber ofrecido dádivas al Cabo Primero Roberto Alfredo Luna de Gendarmería Nacional Argentina, con el propósito de que éste omita efectuar el control vehicular que le fuera asignado y la consecuente aprehensión”.
Según la documentación a la que accedió Canal Abierto, Santagata “a los fines de que se le permitiera continuar con su marcha, entregó dinero en efectivo al personal sin obtener resultado favorable. Colocó el dinero en ‘un bollito’ entre sus documentos, a la vez que le indicó al numerario ‘dale, toma agarra esto’”. La no aceptación de la coima –añade el fallo- causó su ofuscación y todo fue peor. Terminó acusado también por “haber proferido frases de corte intimidante al personal preventor que se encontraba abocado al procedimiento, a efectos de condicionarlos psicológicamente para que cesen en la realización de sus funciones”.
¿Qué les dijo? Frases como “van a pasarla mal”, “se van a arrepentir”, “son unos forros, bigote, basura, no mereces vivir, ojalá te mueras” y “ustedes van a terminar con una bala en el pecho”. El fallo desliza que estaba en “estado de aparente ebriedad” y que “en todo momento aludió a que su madre era jueza y se encargaría de todos ellos”.
En efecto, la madre de Santagata, María Petrona Martínez, fue jueza. Entre 1999 y 2018 se desempeñó como titular del Tribunal de Familia Número 2 del Departamento Judicial La Matanza. Y pese a que ya está jubilada, intentó ayudar a su hijo para que no perdiera el Mercedes Benz Modelo SLK250 “Blue Efficiency Roadster”. Ella misma pidió la restitución del rodado, atribuyéndose su titularidad.
La jueza Nada Flores Vega, del Tribunal Oral Federal número tres de San Martín, denegó la devolución del automóvil de alta gama tras recordar que el Artículo 23 del Código Penal establece que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho (…) en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios”.
Santagata reconoció su responsabilidad en los hechos que se le atribuyeron y, de hecho, gracias a eso obtuvo una condena que le permitió eludir la cárcel. Pero acaso desconocía que tácitamente, se estaba despidiendo del Mercedes Benz. “En orden a ello, habiéndose pactado el decomiso del vehículo en cuestión mediante acuerdo de juicio abreviado y su posterior homologación, por haber sido utilizado para la comisión de uno de los delitos por el cual actualmente Santagata se encuentra condenado, como así también lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, estimo que no debe hacerse lugar a la devolución solicitada, con costas en esta instancia”. No sólo no recuperó el auto sino que, además, tuvo que pagar los gastos de su frustrada gestión.
De nada sirvieron los argumentos de la madre ex jueza de Santagata, ni tampoco los de una presunta dueña original del rodado, que explicó que el condenado tenía el vehículo en su poder como parte de una venta que no se había podido cristalizar en los documentos por las restricciones de la pandemia. “Dicha imposibilidad formal no tiene apoyo probatorio”, respondió la jueza. “Ese negocio de supuesta compraventa se llevó adelante entre dos personas que conocían el impedimento que recaía sobre el vehículo (secuestrado a disposición del juzgado instructor) y se celebró con posterioridad además de la denegatoria de devolución resuelta por el juzgado”.
Santagata justificó que conducía el automóvil “en violación de las normas imperantes para llevarle una supuesta medicación” a su madre, hoy de 86 años de edad. Pero los medicamentos que dijo que iba a llevarle no estaban en el vehículo.
“El imputado cometió su repudiable conducta en un contexto de alta sensibilidad social, en un período en que los miembros de las fuerzas de seguridad eran de las pocas personas que circulaban por las calles poniendo en riesgo su vida para el cuidado del resto de la ciudadanía. El alto nivel de violencia verbal que desplegó contra los servidores públicos, justamente en ese marco, demuestra su gran desapego no sólo respecto de las reglas de convivencia social, la salud pública y el orden normativo sanitario, sino además su bajo nivel de empatía con sus conciudadanos que se estaban poniendo en riesgo -y a sus propias familias- para proteger a la sociedad frente a la emergencia de la pandemia”, destacó la condena.
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Néstor Espósito: @nestoresposito
Imagen ilustrativa. Tomada de internet.