Por Sofía Acosta | Antes del crimen de Octavio, una persona que quería contraer matrimonio dentro de la Prefectura debía avisar por escrito a sus superiores. Un mes después de su muerte, la resolución fue dejada sin validez. Recién once años más tarde, el Estado firmó junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una “solución amistosa” y reconoció que no había investigado lo suficiente.
El 17 de junio de 2011, el cuerpo del suboficial de la Prefectura Naval Argentina, Octavio Romero de 33 años, apareció a la altura de Costanera Norte, a orillas del Río de la Plata, con signos de violencia física después de haber estado desaparecido seis días.
Octavio había realizado denuncias por hostigamiento en su trabajo. Iba a marchas LGBTIQ+ pero debía camuflarse para no ser reconocido porque estaba prohibido participar. En algunas oportunidades había tenido que cumplir “arrestos” por fuera de su horario por haber sido visto. También tuvo que avisar que iba a casarse con otro hombre.
Iban a ser la primera pareja de las fuerzas de seguridad en hacer uso de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en julio de 2010.
Sólo un mes después del asesinato, el 15 de julio de 2011, la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, a través la resolución 548/2011 dejó sin efecto el decreto que establecía que debía informarse a los superiores con quién iba a casarse: “Instrúyase al Jefe de la Policía Federal Argentina y al Prefecto Nacional de la Prefectura Naval Argentina para que adecuen todo acto administrativo, reglamento y práctica en el ámbito interno de modo tal que se elimine la solicitud y la autorización para contraer matrimonio como requisito previo para su realización”.
¿Qué ocurrió?
“Octavio desapareció un sábado a la noche y el domingo a la mañana Gabriel, su pareja, fue a radicar la denuncia. Cuando lo estaba haciendo, detrás de él, estaban los jefes, emitiendo otro mensaje que podría considerarse, de mínima, amenazante”, indica a Canal Abierto, Franco Torchia, periodista y activista LGBTIQ.
Los prefectos estaban de civil. Se acercaron a Gabriel, le dijeron que estaban a disposición y le dieron una tarjeta. Cinco días después, cuando se puso en contacto para saber si el cuerpo hallado en el río era el de Octavio, le contestaron si no había visto las noticias. Había aparecido a las 8 de la mañana pero nadie quería asegurarle que se trataba del joven con quien pronto iba a casarse. Recién a las 19 le confirmaron que era su pareja.
En 2015, cuando el crimen de odio cumplía cuatro años, Franco Torchia, recibió un correo anónimo, denominado “Operativo Dignidad”. Allí estaba detallado con precisión cómo había sido asesinado Octavio y por qué. Lo remitió a la fiscalía pero nunca se investigó.
El asesinato homo-odiante continuó en la inacción judicial. Gabriel fue investigado sin imputación, y durante años se le negó la participación como querellante en la causa.
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Más cerca de la justicia
Recién en septiembre de 2022 -once años después-, y gracias a la llegada de la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado reconoció su responsabilidad en el caso. Se firmó una “solución amistosa” entre Gabriel Gersbach, el organismo internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Igualdad y la República Argentina, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“Por primera vez, sentí el orgullo gay. Nunca lo había sentido. Por mis amigos que me acompañaron, por mi familia. Tuve que despertarme de pesadillas espantosas, de sufrir allanamientos, de sentirme marginal, disminuido. Llegué a tener culebrilla cuando me dijeron que Octavio estaba muerto”, reconoció a este portal Gabriel Gersbach, pareja de Octavio Romero.
También por primera vez, en la historia de la Argentina y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pactó un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio.
La firma estipuló “medidas de satisfacción”. El Estado argentino se comprometió a brindar apoyo para la fiscalía interviniente en la investigación a través de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de la Dirección de Políticas de Género de la Procuración General de la Nación, y medidas de reparación simbólica: renombramiento de resoluciones internas del Ministerio de Seguridad que pasarán a llamarse “Octavio Romero”; la producción de un documental para el canal Encuentro; la realización de jornadas contra la discriminación “Octavio Romero” del INADI; y la construcción de un mural en memoria de Octavio.
También, la modificación del protocolo del Ministerio de Seguridad para las denuncias.
Por todo esto y por primera vez, Gabriel siente orgullo.
“Estamos hablando de una víctima, como lo es Gabriel, que tiene una vida amputada, incompleta, súper triste. Y Octavio, a quien no conocí en persona, hubiera deseado la transformación desde el interior de las fuerzas de seguridad. Son acciones que tiene un poder diferente al del proceso judicial, el de la identificación de responsables y sus condenas, son medidas reparatorias que aunque es difícil utilizar la palabra ´reparar´, son fuertes, aleccionadoras y muy útiles”, indica Torchia.
Además, se resolvió la realización de una jornada anual “Octavio Romero” para cadetes y aspirantes a ingresar a las Fuerzas de Seguridad y publicación de material bibliográfico.
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Foto: Gabriel y Octavio en Paris. Internet