Redacción Canal Abierto | “¿A qué puerto nos llevó un año de vigencia del programa del FMI?” es la pregunta disparadora del informe de coyuntura de mayo elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) en el que se analizan las cuentas nacionales de una Argentina que hizo lo posible por cumplir con el acuerdo.
Tras un año en el cual “se hicieron todos los deberes” —ya que desde el segundo trimestre del año pasado las principales metas acordadas fueron mayoritariamente cumplidas—, desde el instituto que coordina Ana Rameri se preguntan por qué en 2023 ya no es posible seguirlos haciendo. “¿Fue solo la sequía o es el mismo programa el que conduce al incumplimiento?”, considera.
Inflación, recesión y deterioro
El equipo de trabajo del IPyPP que lidera el economista y precandidato a Presidente por Unidad Popular en el Frente de Todos, Claudio Lozano, analiza cómo 2022 finalizó con el cumplimiento de las tres metas fundamentales del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI:
- La continua reducción del déficit primario del Sector Público Nacional, que se propone alcanzar el equilibrio primario en 2025 y el superávit primario en 2026, y resultó sobrecumplido en 2022;
- La meta monetaria por la cual se pactó que el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro nacional no podía superar el 1% del PBI, que se cumplió a costa de otorgar concesiones cada vez mayores al establishment financiero ante sus presiones por obtener mejores rendimientos y en plazos más cortos.
- La meta de reservas internacionales que para 2022 era de US$ 5.036 millones en el Banco Central, a diciembre de 2022, las reservas netas medidas en los términos del acuerdo alcanzaban los US$ 5.426 millones. “Por ambas ediciones del programa, en 2022, el Estado transfirió al sector privado recursos por más de $430.000 millones equivalentes al 0,5% del PBI”, detalla el estudio.
Además de las metas establecidas, el Acuerdo contiene recomendaciones en materia de política monetaria y cambiaria que han tenido impacto en el nivel de actividad y la evolución de los precios.
Por un lado, el FMI plantea la necesidad de mantener una política monetaria estricta con tasas de interés reales altas, con el argumento de que así se contienen las presiones inflacionarias y se respalda la demanda de activos en pesos. Por otro lado, incluyen en las recomendaciones un ritmo de devaluación que mantenga un tipo de cambio competitivo. “Ambas recomendaciones fueron adoptadas por el Gobierno con mayor o menor intensidad según la coyuntura, profundizando el impacto contractivo e inflacionario generado por el cumplimiento de las metas”, asegura el IPyPP.
Para el Instituto, el aumento de precios se aceleró ya que, en la medida en que el Acuerdo combina aceleración en la devaluación mensual del tipo de cambio y aumento de tarifas por recorte de subsidios, infla los costos y produce más inflación.
“El régimen de alta inflación en el que ha ingresado la economía argentina genera un escenario donde los precios se vuelven extremadamente sensibles a cualquier incremento en las variables que influyen en su dinámica, así como también a contextos de incertidumbre económica —detalla—. Por otra parte, sus actualizaciones adquieren una velocidad cada vez mayor y se dificulta aún más frenar la inercia. Este contexto ha tenido un impacto directo en los bolsillos de los sectores populares, que se agrava si tenemos en cuenta que los productos básicos incluso muestran un incremento superior al promedio de precios”.
Los altos niveles de inflación fueron funcionales al cumplimiento de la meta fiscal vía licuación del gasto social. El ajuste operado en el ocasionó una caída en la protección social de los sectores más vulnerables. “El gasto público perdió en 2022 1,1% en términos reales, con especial reflejo sobre las jubilaciones y pensiones que perdieron 6,9% por aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria en un contexto de inflación acelerada (…). También la AUH perdió 8,7% real”, explica el informe.
¿Por qué el Acuerdo no es cumplible en 2023?
De acuerdo con el análisis hecho por el IPyPP “una combinación de factores exógenos y endógenos al programa diseñado por el FMI hacen que las metas impuestas en el acuerdo ya no puedan cumplirse en 2023”.
Entre ellas, destaca el gravísimo shock causado por la sequía que perjudicó las exportaciones y con ellas la disponibilidad de divisas, una reducción del déficit fiscal inviable en términos sociales y políticos en un año electoral, y la profundización del comportamiento especulativo de los exportadores fomentado por las concesiones cambiarias otorgadas para que liquidaran sus ventas al exterior.
“En suma, esta política de devaluación selectiva no sólo consigue cada vez menos dólares comerciales, sino que alimenta importantes transferencias de recursos al agronegocio que alcanzaron el equivalente al 0,7 puntos porcentuales del PBI, un monto muy similar al recorte recomendado por el FMI en asistencia social: 0,8 puntos del producto”, focaliza el estudio.
Y agrega: “El interés del programa por la obtención de divisas centrada principalmente en la profundización del carácter exportador y extractivo, cuya liquidación está a cargo de grandes corporaciones oligopólicas en los principales sectores, genera una zona permanente de conflicto en torno al valor del dólar. Sin regulación sobre el comercio exterior, la tensión se traduce en sobreexigencias del nivel de reservas (…).El programa le exige al Estado dólares sin conmover a quienes están sentados sobre ellos (los grandes agentes del agronegocio, el oligopolio petrolero y algunos grandes industriales) y le exige pesos que puedan comprar esos dólares sin acentuar la recaudación sobre quienes los sobreacumulan. El resultado previsible es la inestabilidad económica”.
Ilustración: Marcelo Spotti