Redacción Canal Abierto | Hace tres años, el 8 de junio de 2020, el presidente Alberto Fernández anunciaba que sería intervenida y un proyecto enviado al Congreso para su expropiación definitiva. Una semana antes, un documento titulado “Vicentin debe ser una empresa pública no estatal” –firmado por distintos referentes de la política, la academia, el campo, el sindicalismo y las organizaciones sociales– había planteado la necesidad de intervenir la principal cerealera del país.
Y es que, bajo la gestión macrista a cargo de Javier González Fraga, el Banco Nación le había otorgado a la agroexportadora un préstamo por US$ 350 millones, cifra que supera por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representaba más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial. Como si esto fuera poco, al poco tiempo la cerealera presentó convocatoria de acreedores. La expropiación buscaba, entonces, proteger de un posible vaciamiento los intereses de la banca pública y de productores, acopiadores, corredores, bancos, organismos, empresas competidoras y de servicios. Pero el Gobierno dio marcha atrás.
El arrepentimiento
El 31 de julio del mismo año, el Presidente derogó el decreto 522/2020, firmado en junio, que ordenaba la intervención y el envío del proyecto a los legisladores para declarar a Vicentin “de la utilidad pública” y expropiarla.
La decisión tuvo como marco una serie de reveses políticos y judiciales en torno a la medida, como fue la pretendida –y finalmente trunca– “propuesta superadora” del gobernador Omar Perotti. En el medio, la oposición supo sacar provecho al calor de una furibunda campaña mediática que supo atizar el fantasma sobre una supuesta “chavización” del Gobierno.
Más allá de los costos políticos que debió pagar Alberto Fernández, hasta ese momento exitoso en la gestión de la pandemia y con una imagen pública muy buena, la marcha atrás imposibilitó a los acreedores —un total de 1.698— resguardar sus intereses luego de que la firma entrara en un proceso preventivo de crisis.
También le impidió a la Argentina tener el control de uno de los principales jugadores en el mercado agroexportador, el cual domina el 75% de las divisas que ingresan al país.
En cuanto al dinero, la empresa propiedad del holding agroexportador de Avellaneda, Santa Fe, y la multinacional Viterra (ex Glencore), jamás repatrió los US$ 791 millones fugados, y su deuda actualmente asciende a unos US$ 1.600 millones.
La extranjerización del mercado de granos
Ya para octubre de 2020, Claudio Lozano –quién era director del Banco Nación por entonces e impulsor de la investigación que en enero desnudó la trama secreta de fraudes que terminó con la cerealera en convocatoria de acreedores– advertía sobre el proceso de “extranjerización y desguace” que estaba sufriendo la empresa.
Luego de la disolución de la iniciativa de expropiar, el concurso cayó en manos del juez Fabián Lorenzini, que acumuló irregularidades. Sobre éstas, Lozano detalló que los bancos extranjeros acreedores de la agroexportadora habían presentado una propuesta de fideicomiso en acuerdo con Vicentin “cuyo objetivo esencial era abrirles la puerta a inversores externos como modo de resolver la situación de la empresa”.
En sintonía con esta decisión, los propios dueños de Vicentin contrataron a “un banco neoyorquino” para que los asesorase en el proceso de reestructuración de la deuda concursada. El beneficiario directo de esto sería el Grupo Glencore.
Como consecuencia, hoy el comercio exterior de granos está mayoritariamente en manos extranjeras.
La causa
En abril del año pasado, la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario citó a 17 directivos de Vicentin y decidió ampliar y profundizar la imputación realizada en octubre de 2021 a la figura de administración fraudulenta, que incluye delitos que van desde la presentación de balances falsos hasta defraudación y estafa.
La imputación se dio en el marco de una investigación sobre el destino de 50 mil toneladas de granos que la cerealera Commodities entregó en 2019 a la empresa Renova – propiedad de Vicentin hasta que ésta le vendió parte del paquete accionario a Glencore, 48 horas antes de su cesación de pagos– y que fueron traspasadas a Vicentin sin autorización.
Por su parte, en julio de 2020, el fiscal Gerardo Pollicita había imputado al directorio de Vicentin por cuestiones penales: fuga de capitales y lavado de dinero.
En tanto, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Unidad de Delitos Económicos a cargo del fiscal Sebastián Narvaja incorporó a las 14 imputaciones precedentes a los ejecutivos de Renova, Sergio Grancberg y Daniel Pájaro, y no pudo hacerlo con Diego Mejuto porque no estuvo presente. Sobre todos los imputados pesa la prohibición de salir del país y una fianza millonaria. Pero continúan en libertad.