Redacción Canal Abierto | El nuevo informe trimestral de estadísticas sobre procesos por delitos de lesa humanidad que emite el Ministerio Publico Fiscal a través de su sitio fiscales.gob señaló hace unos días que son trescientas una las sentencias que fueron dictadas desde 2006 por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado en la Argentina. Sin embargo, al otro día fue condenado 10 años de prisión el ex comisario de la Policía Federal Roberto Álvarez por la privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos a Aixa Bona, sobreviviente de Campo de Mayo, durante la última dictadura militar.
Con lo cual, la cifra de sentencias se elevó rápidamente a 302.
El recuento de las sentencias se inicia en 2006 porque en ese año se realizaron los dos primeros juicios orales -a Miguel Osvaldo Etchecolatz, en La Plata, y a Julio Simón, en la Ciudad de Buenos Aires- tras la declaración de inconstitucionalidad y de nulidad de las denominadas leyes de punto final y obediencia debida.
De acuerdo con el relevamiento que la oficina especializada de la Procuración General de la Nación realiza con información provista por las fiscalías federales y unidades fiscales que intervienen en estos procesos, en las 301 sentencias fueron condenadas 1136 personas y absueltas 171. Entretanto, actualmente se llevan a cabo 17 juicios orales y públicos, mientras que las causas elevadas a juicio que aguardan por la realización del debate suman 73.
En la fase preliminar de los casos, en la denominada instrucción, tramitan en todo el país 273 causas. La cantidad total de procesados suma 458, en tanto que 87 personas aguardan la resolución de su situación procesal tras haber sido indagadas.
En este marco, la cantidad de personas detenidas suma 696, de las cuales 98 permanecen en establecimientos penitenciarios, 537 cumplen su detención mediante la modalidad de arresto domiciliario y 61 están detenidas en establecimientos categorizados como “otros”. La mayoría de estas últimas se encuentran privadas de su libertad en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por las características de este lugar -una sede castrense con custodia del Ejército- la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad no lo considera un establecimiento penitenciario.
En tanto, las personas vinculadas a causas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran en libertad son 1491. Las que se encuentran prófugas del Poder Judicial y sobre quienes se desconoce su paradero suman 21.
Desde que se reabrieron los procesos fallecieron 1501 personas que estuvieron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad.
📢Juicios por delitos de lesa humanidad
📍1.136 condenados desde la reapertura de los #JuiciosAGenocidas
📍301 sentencias dictadas
📍De los 696 detenidos (en preventiva o condenados), 537 tienen el beneficio del arresto domiciliario
📍Los juicios continúanFuente: @Procu_Lesa pic.twitter.com/eVuqPy1iGg
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) June 7, 2023