Redacción Canal Abierto | El pasado 1 de junio, la tercera reunión de la Mesa de Diálogo por el conflicto territorial en Villa Mascardi, en donde en 2017 fue asesinado por miembros de la prefectura el joven Rafael Nahuel, alcanzó un acuerdo arduamente trabajado. El convenio incluye el reconocimiento por parte del Estado nacional del rewe como sitio sagrado de la comunidad mapuche y la cesión de uso a la Machi Betiana Colhuan a fin de que pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales para todas las comunidades mapuche tehuelche. También, se acordó que la lof Lafken Winful Mapu se reubicará en otras tierras “aptas y suficientes” cuya localización será analizada en el marco de la mesa de diálogo en las próximas semanas.
La firma del acuerdo destrabó a su vez la situación judicial de las mujeres de la comunidad que llevaban ocho meses presas y fueron liberadas en los días subsiguientes.
Uno de los actores principales de este diálogo, por parte de la representación indígena, es Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro desde hace cuatro años y quien comparte esa función comunitaria actualmente con Fernanda Neculman. Canal Abierto se reunió con él en la ciudad de Buenos Aires, luego de la presentación del libro “Silenciar la muerte”, del periodista Santiago Rey, editado por Acercándonos Ediciones.
Orlando, hace algunos días en la Mesa de Diálogo por el conflicto territorial que sostiene la comunidad Lafken Winkul Mapu con el Estado Nacional se alcanzó un acuerdo entre las partes, ¿cómo evaluás ese convenio y el proceso para llegar a esta instancia de solución aún parcial?
-Me parece que es un logro no solamente del pueblo mapuche sino de un montón de actores que acompañaron este proceso. Eso pone de manifiesto que gran parte de la sociedad está mirando el conflicto de los pueblos indígenas con mucha más atención, y por eso se vuelca a esa defensa ante la violación sistemática de los derechos humanos y del derecho indígena por parte del Estado, ya sean los ejecutivos, el Poder Judicial y, aún, el Legislativo.
En este año en que se conmemoran los 40 años de democracia, este hecho marca un punto de atención, porque implica todo un proceso de persecución, de judicialización, de montajes, de actuaciones de las fuerzas de seguridad, hoy con un Comando Unificado.
Hay que poner en valor el acuerdo, un acuerdo que se da en condiciones de desigualdad total, porque nosotros llegamos a esa mesa de diálogo con las mujeres detenidas y con parte de la comunidad prófuga, siendo buscada por la justicia. Con una prisión preventiva inexplicable que, al otro día de firmarse el acuerdo, empieza a modificarse la situación.
Valoramos que amplios sectores de la sociedad se volcaron a esa discusión y no solo se organizó el pueblo mapuche en las distintas provincias, sino que se motorizó el movimiento indígena de manera nacional e internacional. A eso hay que sumarle los gremios, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones feministas, las iglesias –la Católica y la evangélica–, organizaciones de derechos humanos.
También hay que señalar cómo llega el Estado. Porque llega bajo presión de los organismos internacionales, tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho contundentes recomendaciones al Estado, una de las cuales estaba centrada en lo que estaba pasando con la comunidad Lafken Winkul.
A esta mesa se llega después de cinco años del asesinato de Rafael Nahuel y cuando estamos a un mes y medio de iniciar un juicio en el que no hay detenidos, hay pocos procesados y la causa tiene una carátula –la de exceso en la legítima defensa– que garantiza la impunidad de los asesinos. Claramente este acuerdo firmado no nos va a devolver la vida Rafael Nahuel.
Todos estos datos tenemos que tener en cuenta para abordar los próximos conflictos que están vigentes, porque este es el único conflicto que logramos tratar pero hay más de 140 a 150 conflictos en la provincia de Río Negro. Ahora esperamos que el gobierno cumpla el acuerdo. El artículo 34 fue firmado, eso implica el cambio de carátula: un acuerdo de partes entre Parques Nacionales y la comunidad con los garantes de los organismos y organizaciones que fueron parte de la mesa y se retiran las causas de usurpación, se cambia el estatus jurídico de la situación procesal. Va a venir la devolución del rewe donde ya está la machi yendo casi todos los días con peñis y lamgen. Faltan las construcciones de las casas y la entrega de tierras aptas y suficientes para el resto de la comunidad.
“El señor gobierno no respeta los acuerdos”
“Esperemos que el Estado argentino cumpla porque el pueblo mapuche tiene a lo largo de la historia una extensa lista de tratados y acuerdos sin cumplir. Hay una frase que marca esa realidad: en una carta que envía el lonco Queupu allá por 1870, cuando lo trasladan del norte neuquino a General Conesa con el ofrecimiento de tierras y máquinas y herramientas para la producción a cambio de que él estuviese como resguardo sobre Carmen de Patagones. El cacique titula la carta dirigida a algún funcionario gubernamental: “El Señor Gobierno no respeta los acuerdos”.
Entonces, hay una tradición de tratados firmados e incumplidos antes y después de la Campaña del Desierto. Uno tiene que analizar este conflicto en profundidad, no se trata sólo de un conflicto que se inició hace cinco años sino que es el arrastre, las consecuencias de un genocidio que no ha sido reparado, visibilizado, discutido suficientemente como sociedad. Ahí está el eje de la discusión que hay que abordar en los próximos tiempos.”
El extractivismo
“Parques Nacionales y otros sectores de este gobierno desconocen la normativa indígena porque desconocen la historia misma del país y del territorio. Es una falencia en la política indígena cuando se vienen los conflictos mayores que generará el extractivismo.
La situación de los pueblos indígenas es dramática. Lo estamos viendo en el norte, lo estamos viendo en el sur, entonces esas cosas tenemos que hablar.”
¿Por qué te parece que se da esta elección de los pueblos indígenas como enemigos del Estado, de las empresas, cuando son un actor bastante débil frente a otros actores sociales?
-Lo de la debilidad está por verse. Ese es un imaginario colectivo que hay sobre los pueblos indígenas, pero cuando tengamos que defender el territorio lo vamos a defender a como dé lugar. Este conflicto se está dando de distintas maneras en distintos países de Latinoamérica.
Cuando la vicepresidenta dice ‘el litio es de los argentinos’… No, el litio está en las comunidades y esa por lo tanto es una discusión que tienen que asumir con las comunidades donde está el litio. Con la comunidad Nepun Curá en Mamuel Choique, allá en el sur de la provincia, que tiene litio.
¿Qué vamos a discutir? ¿Le vamos a entregar nuestro territorio y nuestra vida? ¿No les alcanzó con el genocidio?, ¿no les alcanzó con corrernos? ¿Nos van a devolver las tierras que nos sacaron? ¿o vamos a seguir pagando el costo del progreso? Esas son discusiones que tienen que darse, no puede haber un nuevo pacto social y democrático en la Argentina si los pueblos indígenas no somos parte de eso.
Cuando se habla del recambio de la matriz energética, uno tiene que empezar a analizar más fuertemente estas cosas que se dicen y que terminan no siendo realidad. Si empieza a funcionar la producción de hidrógeno verde en Argentina –para lo cual el gobierno de la provincia de Río Negro le ha otorgado 625.000 hectáreas con gente y comunidades adentro a Fortescue– ¿va a dejar de funcionar Vaca Muerta? ¿Van a dejar de contaminar el Río Negro, el río Neuquén y el río Limay? ¿Van a a dejar de contaminar los lagos? ¿O van a continuar expoliando Vaca Muerta?
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Fortescue no solo está pidiendo una ley especial, dólares al precio, liberación de exportaciones y libre uso de esos fondos y, además, la energía que produzca no se va a utilizar en Argentina: es para España, para Alemania, para exportar.
Entonces quiere que le hagan un puerto petrolero, que le generen las condiciones para generar un puerto para exportar, quiere las líneas de alta tensión desde los parques eólicos hasta la planta procesadora o sea quiere la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. Eso tiene un nombre y es colonialismo.
La interpelación a la democracia es cómo vamos a construir nuevas sociedades donde la identidad, el derecho a la identidad, sea posible.
El juicio por el asesinato de Rafita
En agosto empieza el juicio por el asesinato de Rafael Nawel, ¿cómo están las instancias de ese juicio y por qué se hace en Fiske Menuco y no en Bariloche?
-Se hace en Fiske Menuco porque el Poder Judicial cree que la mayor protesta va a estar dada en Bariloche y nosotros le podemos garantizar que la mayor protesta va a ser en este ciudad que hoy se llama General Roca y fue el cuartel de este militar cuando llegó y se instaló al frente de la denominada Campaña del Desierto y desde donde se instruyó el genocidio indígena.
El juicio marca la injusticia de la actuación de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de las fuerzas de seguridad y el apañamiento de todo un aparato judicial y de seguridad que garantizó la impunidad desde el primer momento. Por eso hay dos pericias, por eso los prefectos están libres, por eso cuando esta causa se inició inmediatamente hicieron un relato oficial como lo hacían en plena dictadura sobre lo que pasó y el supuesto enfrentamiento.
En Argentina tenemos idea de lo qué significa cuando una fuerza de seguridad habla de enfrentamiento; no hay una sola prueba en el expediente que demuestre que haya habido un enfrentamiento, únicamente la palabra de quienes cometieron el asesinato.
La carátula de ‘exceso en el ejercicio de la legítima defensa’ garantiza la impunidad. Como dijo Patricia Bullrich en conferencia de prensa a diez días del asesinato de Rafael Nahuel, es darle de carácter de verdad a la explicación que dio la Prefectura de los sucesos.
Mientras nuestras hermanas estuvieron ocho meses con una prisión preventiva inexplicable por una causa de usurpación, ellos, que mataron, están libres. No sólo están libres, sino que están cobrando del Estado y todavía siguen con la posesión de armas, pueden seguir usando las armas como las usaron en ese lugar… Eso es grave para la democracia, porque son las fuerzas de seguridad las que garantizan la impunidad y las que sustentan el relato del enfrentamiento, de la subversión y del terrorismo.
Por último, ¿qué sensación le queda a la comunidad mapuche, al Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro luego de este acuerdo alcanzado con el Estado?
-A nosotros que hemos seguido el proceso desde que se hizo pública la reivindicación de la comunidad Lafken Winkul Mapu el 10 de noviembre de 2017, por supuesto que es un paso, es un avance que buscamos históricamente. Cuando planteamos la mesa de diálogo en 2017, cuando nos plantamos en el 2020, cuando trabajamos en eso y tratamos de abordar otros conflictos también, por supuesto que llegar a esta instancia nos parece un paso muy importante, valorable, sin dejar de poner atención en los puntos que todavía faltan cumplir.
Hay que ver el papel que jugaron algunos actores, fundamentalmente Parques Nacionales, en este conflicto. Ahí, hay un punto que amerita una discusión en el próximo tiempo y tiene que ver con la función y la historia de Parques Nacionales en el territorio. Es un organismo que nació para apropiarse de tierras, que tiene un negocio inmobiliario para los sectores de poder, que maneja los recursos del Fondo Verde que son internacionales y bajan en dólares. Se sospecha que hay sobreprecios en el uso de los recursos de los incendios y que también hay una particular relación con sectores de poder que históricamente han controlado las tierras.
Otro punto particular que hay que discutir es la función y el rol de los guardaparques por la historia de violencias que han aplicado en el territorio, corriendo a las familias, cometiendo asesinatos de indígenas en toda la extensión del territorio. Me parece que en estos 40 años de democracia también amerita empezar a reclamar mayor transparencia de esos organismos del Estado que tienen un poder inconmensurable en los territorios.
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