Por Diego Leonoff | Twitter fue el escenario elegido por los principales referentes del Gobierno para denunciar la brutal represión desatada sobre trabajadores estatales, docentes, movimientos sociales y pueblos originarios en Jujuy.
“Hágase cargo Gobernador Morales” fue la respuesta de la vicepresidenta al intento por parte del gobernador jujeño de instalar una supuesta maniobra desestabilizadora desde Nación. Casi en simultaneo, aunque dos días después de iniciado el brutal accionar policial, Alberto Fernández también salió al cruce del titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical: “Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional».
La chispa que encendió el descontento popular fue la jura de la nueva Carta Magna provincial, debatida y votada en un trámite exprés con el apoyo del radicalismo y el Partido Justicialista (PJ).
La convocatoria a la reforma constitucional había sido anunciada en septiembre de 2022. Dos meses más tarde, con el respaldo del PJ, la Legislatura apuró su trámite con la aprobación de la ley 6302.
Así, se establecía la elección de convencionales constituyentes que iría pegada a los comicios provinciales que tuvieron lugar este 7 de mayo, donde Carlos Alberto Sadir —delfín de Morales y ex ministro de Hacienda— se impuso con cerca del 50% de los votos. Por detrás quedaría el titular del Frente Justicialista, Rubén Armando Rivarola, hoy en la mira por haber facilitado la aprobación de la polémica reforma.
Desde la asunción de Gerardo Morales, el peronismo jujeño entró en una crisis que continúa hasta la actualidad. Tras la caída en desgracia del hasta entonces caudillo y gobernador Eduardo Fellner, el aparato partidario recayó en manos de Carlos Haquim, vicegobernador desde 2015 y fiel ladero de Gerardo Morales.
Dos años más tarde, luego de una breve intervención, se conformaría la trama que hoy controla el sello partidario. En su cúspide se encontraba Rivarola, dueño del diario El Tribuno, la empresa LIMSA (firma beneficiaria de los contratos de limpieza en varios sectores de la capital jujeña) y una clínica vinculada con la gestión de Morales.
“Su espacio, Jujuy Avanza, siempre ha sido pro radical y pro empresario, es un delincuente y un mafioso que sólo pugna por sus negocios”, asegura Alejandra Cejas, diputada provincial por el Frente de Todos, suspendida por la Legislatura en 2021 luego de sus denuncias por corrupción contra el empresario y caudillo peronista.
“De un día para el otro, yo y otros 30 mil afiliados del PJ nos enteramos de nuestra expulsión del partido”, cuenta la legisladora. La sugerente cifra surge de una tapa del siempre oficialista El Tribuno, cuyo editor responsable -Carlos Ferraro- destaca por haberse desempeñado como Director Provincial de Prensa de la gobernación durante la dictadura. En 1995, Ferrero fue electo vicegobernador por la fórmula peronista que compartía junto a Guillermo Eugenio Snopek, y ejerció la primera magistratura provincial tras el deceso de este último en un accidente automovilístico. Sin embargo, tuvo que abandonar el cargo antes de tiempo al no poder dar respuesta a los piquetes que en 1997 inundaban la provincia, una crisis social que no tardaría en irradiar hasta la Ciudad de Buenos Aires.
Lo cierto es que para avanzar con la modificación en la Constitución, a Gerardo Morales le bastaba con los 29 convencionales que su espacio había cosechado en la elección de mayo. No obstante, el Frente Justicialista de Rivarola no dudó en prestar sus 13 representantes, legitimando así una reforma tan cuestionada por organizaciones y especialistas como desconocida por buena parte de la sociedad jujeña.
Y si aquella votación no había sido ya prueba suficiente del pacto palaciego que atraviesa a la política provincial, las imágenes de abrazos y sonrisas entre Guillermo Jenefes –número dos de Rivarola– y el gobernador Morales en el recinto legislativo no harían más que confirmarlo.
Los sectores más críticos de esta modificación de la ley de leyes provincial denuncian –entre otras cosas- la ausencia de campañas informativas o instancias de debate entre la población. “Fue todo a puertas cerradas, eso generó mucha indignación”, afirma Cejas, quien en su rol de abogada se encuentra asesorando a familiares de los detenidos durante la represión de las últimas horas.
En el medio, gremios del sector educación lanzaron un plan de lucha para exigir una suba salarial. Y no es para menos: el básico de un docente jujeño hoy ronda los 35 mil pesos, por debajo de la canasta de indigencia. A la huelga escolar se sumaron los reclamos de otros sectores estatales y la impugnación del proceso constituyente por parte del Frente de Izquierda, cuyos seis convencionales decidieron renunciar con fuertes denuncias contra el oficialismo y la oposición peronista.
El plan original eliminaba las elecciones de medio término y establecía que quien ganara en las urnas, aunque fuera por un voto, se llevaba la mayoría de la Legislatura. Además, en cuanto a los cortes, aquel primer proyecto incorporaba la “responsabilidad jurídica” de aquellos que promovieran grupos que atentaran contra la “paz social”. Eufemismos al margen, un cercenamiento del derecho a la protesta.
“Cristina no es PJ, pero Alberto es el presidente del partido y banca a esta gente, me consta”, señala Cejas. De cara a las presidenciales de este año y ante la posibilidad de una victoria de la fórmula que integraría Gerardo Morales, agrega: “Pobre mi país; pero le diría a Larreta que se cuide, porque Morales va a estar conspirando a sus espaldas a los dos meses”.
También te puede interesar: “Gerardo Morales busca quedarse en el poder de forma indefinida”