Redacción Canal Abierto | Tras más de quince días de intensos reclamos, que el gobierno de Gerardo Morales intentó sofocar con represión y detenciones sin orden judicial, el conflicto en Jujuy se sostiene.
“En estas tres semanas hubo dos demandas importantes: una cuestión gremial, que se superpuso y se complementó en alguna medida con el rechazo de la reforma constitucional. Son dos demandas independientes pero interrelacionadas”, explica Santiago Seillant, secretario adjunto del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy en diálogo con Canal Abierto.
Con una pérdida de poder adquisitivo calculada en 115% en los últimos años y un salario promedio de $85.000, los estatales agremiados en SEOM mantienen un paro hasta el miércoles inclusive.
“A partir de este nivel de conflictividad se está dando una paritaria inédita, como no se da desde hace diez años, porque la intención del gobierno es desactivar el conflicto a través de lo paritario. Pero es un gobierno político y social, en contra de la reforma, que trascendió lo salarial –detalla Seillant–. El viernes pasado nos recibió el futuro gobernador, Carlos Sadir, y los funcionarios de Morales y nos hicieron una propuesta superadora. Eso ahora lo tenemos que tirar a las bases y deliberarlo. Pero el sindicato sí está decidido, más allá de las paritarias, a no bajar la demanda en contra de la reforma hasta que se caiga”.
Si bien el SEOM es un gremio municipal, tiene alcance provincial y afiliados en todas las delegaciones, producto de que en Jujuy no existe la coparticipación municipal, por lo que es el gobierno de Morales el que envía mensualmente a cada municipio el dinero para pagar los sueldos de los trabajadores del Estado.
Como el último sindicato en sostener un paro activo, tanto desde allí como desde los gremios docentes aseguran que el gobierno jujeño “está metiendo mucha plata” para destrabar lo salarial y sofocar ese foco de conflicto que ha sido el ariete de las manifestaciones jujeñas. Una inversión que no resulta tan cuantiosa si se tiene en cuenta que la planta de empleados municipales en Jujuy es de 24.000 trabajadores. Junto con los docentes, suman unos 90.000.
“¿Hacía falta este grado de conflictividad para que aparezca una recomposición salarial decente?”, se pregunta Seillant.
El porqué de la reforma
El conflicto salarial que mantenía a docentes y estatales en sueldos de miseria desnudó que el dinero, producto de la explotación minera, está. Y que es justamente ese ingreso en juego el que explica, en gran medida, la reforma constitucional que mantiene en vilo a la provincia.
Si bien el porcentaje que se queda la provincia por regalías no supera el 5%, la tonelada de litio ha subido sustancialmente sus precios internacionales en los últimos años. Y con ella, los ingresos de Jujuy.
En una nota enviada por el senador Oscar Parrilli a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que conduce Mercedes Marcó del Pont en marzo de este año se consigna que, entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022, “el precio internacional de la tonelada de litio pasó de 17 mil a 70 mil dólares, con picos de 90 mil”. El precio actualmente se estabilizó en el orden de los 40 mil dólares por tonelada, pero Jujuy produce entre 70 y 80 mil toneladas de litio anuales.
“Ahora que apareció la plata, hay una demanda de conducción del conflicto contra la reforma y un escrache muy fuerte contra los docentes que decidieron acatar la paritaria”, analiza Seillant.
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Y agrega: “Nosotros entendemos que esto que pasa en Jujuy funciona como un laboratorio de prueba porque hay poca densidad poblacional, pero altísimos niveles de participación política de la ciudadanía en todos los niveles. Es un Gran Buenos Aires concentrado. Hay 600 mil habitantes, pero la mitad participa mucho. Hay cuadros políticos muy importantes. Y uno de los artículos de la nueva Constitución dice que el Estado tiene el deber de gestionar las manifestaciones en la vía pública y el derecho a la reunión, sea un grupo de vecinos que salen a protestar por falta de agua o un reclamo sindical”.
Finalmente asegura: “Una reforma constitucional trata sobre cómo se reparten derechos. El derecho a la paz social, que figura en el texto de la reforma, es una trampa. No existe la paz social como derecho, es un estado, una situación ideal a la cual una sociedad llega porque hay determinados derechos consagrados que están plenamente garantizados, como al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda. Si se hallan idealmente garantizados, se llega a un estado ideal que es la paz social en la cual no hace falta la protesta. El derecho a la paz social en la Constitución de Morales es el equivalente a la no manifestación, a la no protesta, a la no reunión para esa protesta. Esto lo tienen que tener en claro los colectivos, los sectores populares, porque esta disputa la va a dar (Horacio Rodríguez) Larreta a nivel nacional”.
Jujuy hoy
Mientras el conflicto sindical tiende a ordenarse, el reclamo en relación a la reforma está muy lejos de hacerlo.
Actualmente, padres y estudiantes mantienen tomadas escuelas en Abra Pampa, La Quiaca y Purmamarca. El lunes por la noche se realizó en San Salvador una marcha de docentes autoconvocados de escuela primaria. En Perico, pueblos originarios, organizaciones sociales, campesinos y gauchos mantienen el corte sobre la Ruta 66. El reclamo es uno solo: que Morales dé marcha atrás con la reforma constitucional.
“Hay un protagonista que está escondido, que es un sector que está garantizando cortes de ruta importantísimos como en Perico. Están a caballo, decididos a enfrentar a la policía. Son los pueblos originarios y los gauchos. Y son gauchos bien de campo, que se consideran descendientes de esa gauchada que peleó con Belgrano, con Güemes, sin un mango, sin apoyo del capital, y que dio 132 batallas en la Quebrada y la Puna para evitar que los realistas bajen. Y se complementan con la wiphala –detalla Seillant–. Están cortando la ruta en el aeropuerto, en la puerta de la Finca El Pongo. Hace siete años que están siendo reprimidos por Gastón Morales, el hijo de Gerardo Morales, que los ha desalojado de esa finca para meter cannabis. Ellos eran productores de alimentos en esa finca que estaba destinada, con todos los recursos que generaba, a abastecer al Hospital Arturo Zabala de Perico. Ahora es todo para los Morales”.
Anoche, de nuevo sectores de la infantería –de Gendarmería y la Policía de Jujuy– intentaron desalojar a los manifestantes que sostenían el corte sobre la Ruta 66 con operativos represivos.
Por su parte, la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos que llegó a la provincia recibió más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy. Y advirtió sobre situaciones de “terror generalizado y de represión policial amplificada”. Así lo anticipó este lunes Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, quien reveló a la Agencia Télam que “cuando uno ve la cantidad de heridos de bala de goma, más de 20 disparos en el cuerpo, en otro 13, no es que tienen un solo disparo, tienen muchos; y los que tienen pocos por lo general son en el pómulo, ojos, cejas o área del cuerpo prohibidas no solo nacional sino internacionalmente”.
En tanto, los manifestantes piden la renuncia de Guillermo Corro, comisario retirado y actual ministro de Seguridad de la provincia, y de Héctor Herbas Mejías, jefe de la Policía jujeña, como responsables de la salvaje represión que desde el sábado 17 viene ocurriendo en Jujuy. «Emplearon grupos de tareas y hubo situaciones similares al terrorismo de Estado», asegura Seillant.
En conferencia de prensa, esta mañana, la Multisectorial contra la Reforma -conformada por todos los grupos movilizados- anunciaron que van a constituirse ante la comisión formada para la investigación sobre los hechos.
También, anticiparon que esta noche marcharán nuevamente y convocaron a hacerlo cada martes, a los que llamaron “martes negros”, vestidos de ese color para denunciar la brutal represión frente a la Legislatura, que ocurrió el martes pasado. Por otro lado, responsabilizaron al gobierno provincial de los destrozos que ocurrieron ese día en las calles, con el objetivo de culpabilizar a los manifestantes y justificar la represión.
Entrevista completa a Santiago Seillant en Canal Abierto Radio (AM 770, lunes a viernes, de 19 a 20):
Foto: Luciano Dicostanzo