Por Néstor Espósito | Pese a la invisibilización de los grandes medios de comunicación nacionales, un grupo de militantes, organizaciones defensoras de los derechos humanos y hasta un sector progresista de la Iglesia Católica se empecinan en mantener en agenda la dramática situación que atraviesan sectores de la población de la provincia de Jujuy como consecuencia de la reforma de la Constitución local.
La nueva Carta Magna provincial ya está vigente y lo que ocurre en la provincia es, en buena medida, consecuencia de su aplicación. Tan grave es la situación que los pequeños gestos terminan por dimensionarla.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), una corporación que representa a los matriculados en los distintos colegios de abogados del país y que tiene una postura ciertamente conservadora en términos políticos en su conducción, se pronunció en contra de lo que está ocurriendo en Jujuy.
Mediante un comunicado, la entidad manifestó que “acompaña y hace suyo el reclamo formulado por el Colegio de Abogados de Jujuy respecto a la detención del Abogado Alberto Nallar y el pedido de su inmediata liberación. Asimismo exhorta a las autoridades institucionales de la Provincia de Jujuy al debido respeto por la dignidad de los y las profesionales del Derecho, garantizando su libertad en el pleno ejercicio de la abogacía como reaseguro de la facultad de toda persona de acceder a la justicia en procura de la tutela efectiva de sus derechos”.
Es un montón. Pero va en proporción con el avasallamiento al ejercicio de la abogacía en Jujuy, en donde hoy hay un abogado en prisión domiciliaria acusado de “sedición e instigación a cometer delitos” por participar de actos públicos de apoyo a los manifestantes que rechazan la reforma constitucional local. El abogado Carlos Nallar, megáfono en mano, explicaba técnicamente a los manifestantes por qué la reforma es ilegal. La respuesta fue la cárcel.
La fiscalía de Estado de Jujuy, que representa al gobierno de Gerardo Morales, dibuja los argumentos por los que pidió la detención. Es grave, porque se trata de un organismo político que representa al gobierno legítimamente elegido en las urnas. Pero lo más grave es que encontró en un Poder Judicial, que –según la propia Constitución- es independiente, el cobijo para sacar del escenario a un profesional que con argumentos cuestiona un acto del Ejecutivo provincial.
Mientras los senadores de Juntos por el Cambio se ufanan en el Congreso de la Nación de bloquear las designaciones de jueces y la reválida de la camarista de Casación Ana María Figueroa con la excusa de que “el kirchnerismo quiere poner a sus jueces amigos para garantizar la impunidad”, toleran (y festejan) –al mismo tiempo- que en Jujuy ocurra exactamente eso que dicen resistir a nivel nacional.
Nada garantiza la Justicia (como concepto) ni mucho menos la independencia judicial en Jujuy. De hecho, hasta los juzgados federales desoyen a su superior jerárquico, la Cámara Federal de Casación Penal. Ese tribunal, que es la máxima autoridad del país en materia penal, había sostenido ante las primeras acciones de habeas corpus en favor de los detenidos en la primera ola represiva tras la aprobación de la reforma constitucional, que debía intervenir la Justicia federal (y no la provincial). A regañadientes, el juzgado federal de Jujuy intervino y rechazó todos los habeas corpus.
Cuando el gobierno de Morales obtuvo las decisiones de los jueces provinciales para encarcelar a abogados llovieron los habeas corpus de organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, de los pueblos originarios y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para garantizar la libertad personal y del ejercicio de la profesión de los defensores de los manifestantes.
¿Qué hizo la Justicia federal jujeña? Pese al antecedente que le había marcado la Casación, volvió a declararse incompetente y declinó su intervención en los tribunales provinciales, que ya habían sido descalificados anteriormente. Arguyeron, para ello, que el objeto de los habeas corpus era distinto y así consiguieron ganar tiempo y mantener las órdenes de detención que tienen un claro mensaje persuasivo para quien se anime a cuestionar al gobierno jujeño: les espera la cárcel. Hace algunas horas, la Cámara Federal de Salta –que es el tribunal revisor de la Justicia Federal jujeña- confirmó esa incompetencia. De tal suerte, la libertad ambulatoria y la posibilidad de desarrollar libremente la garantía de la defensa en juicio por parte de los abogados sobre quienes pesan órdenes de detención está en manos de los mismos que ordenaron detenerlos.
Por si no queda claro: los jueces que ordenaron detener a los abogados son los que tienen que resolver sobre los habeas corpus contra las detenciones de esos mismos abogados.
La organización humanitaria Amnistía Internacional acaba de lanzar una “Acción Urgente Global”, un mecanismo excepcional al que recurre ante situaciones de extrema gravedad, a raíz de la detención domiciliaria que padece el abogado Nallar.
La acción es una convocatoria “para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. En las comunicaciones las personas le manifiestan al fiscal su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar en Jujuy”.
La organización explicó que “la Acción Urgente (AU) es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Cuando Amnistía tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate”.
Junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Amnistía presentó un habeas corpus preventivo “debido a las diversas denuncias de posibles detenciones a otros 14 defensores y abogados de derechos humanos que están defendiendo y apoyando las protestas”.
Nadie está a salvo. Nadie está seguro.
Ante este escenario, un grupo variopinto y plural de personalidades y organizaciones le pidió al presidente, Alberto Fernández, que intervenga –literalmente- en la situación que atraviesa Jujuy. “No podemos permanecer en silencio, menos ajenos, a las graves violaciones de esos derechos que se perpetran por las autoridades provinciales en la Provincia de Jujuy, con un arbitrario y lesivo ejercicio del aparato de fuerza del Estado provincial, afectando la vida, la libertad e integridad física y psíquica de sus habitantes, justamente conmovidos por el atropello institucional perpetrado a través de una pretensa reforma de la Constitución provincial. De ninguna manera permaneceremos callados cuando están en juego esos valores de la vida y la libertad tutelados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, hechos lesivos que ya han concitado reclamos de los órganos, regional e internacional que velan por su observancia, lo que sitúa a la Nación Argentina en una deleznable situación de retroceso institucional”, sostiene la carta abierta. Pide, en definitiva, la intervención federal a los tres poderes de la provincia de Jujuy.
“La reforma constitucional que intenta consagrar la autoridad provincial desafía la obediencia a la supremacía constitucional, al artículo 30 de la CN que fija el modelo de la reforma constitucional, y subvierte la estructura jerárquica del orden jurídico positivo nacional, mediante un ejercicio secesionista, acto de violencia institucional que habilita al pueblo argentino a ejercer no sólo el derecho de peticionar a las autoridades, sino el de resistencia frente a los actos de violencia institucional”.
Lo único que hizo hasta ahora Alberto Fernández fue intervenir el PJ jujeño, aliado del oficialismo provincial a punto tal que le facilitó la aprobación de la cuestionada reforma constitucional. La intervención era necesaria antes de que se aprobara la reforma. Ahora es tarde.
La carta lleva las firmas de un centenar de personalidades e instituciones relacionadas con el Poder Judicial como Justicia Legítima, la Asociación Americana de Juristas y el sindicato de judiciales SITRAJU; de casi todos los organismos defensores de los derechos humanos a nivel nacional y hasta de representantes eclesiásticos del Movimiento de Curas en opción por los pobres.
Es más que oportuna la intervención de un movimiento religioso. Miles de jujeños están en manos de Dios.
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Néstor Espósito: @nestoresposito
Foto: Alberto Nallar al ser detenido / Internet