Redacción Canal Abierto | Tras siete meses, el régimen de Dina Boluarte vuelve a ser sacudido por movilizaciones sociales en todo el Perú. Su llegada a la presidencia se produjo tras la destitución de Pedro Castillo, su asunción entre gallos y medianoche de la mano de un Congreso repudiado popularmente y en el escenario de varias semanas de represión a las protestas populares con un saldo de más de 60 muertes. El epicentro del descontento social y del violento accionar de las fuerzas de seguridad del estado fue la zona sur del país, con epicentro en Juliaca, Ica, Cusco, Arequipa y Ayacucho.
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El miércoles 19 de julio, se convocó a la denominada Tercera Toma de Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelantamiento de las elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente. La movilización hacia la capital tuvo réplicas con marchas y acciones de protesta en todo el país. Se registraron movilizaciones y bloqueos de vías en 64 provincias (equivalente a nuestros municipios), lo que equivale a un 33% del total nacional.
Hace 2 días
Gobierno y Congreso afrontan jornada de protestas en contexto de alto nivel de desaprobación
A poco más de siete meses del inicio de la reciente crisis política y social, hoy se retomarán las movilizaciones ciudadanas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte, el Congreso y en demanda del adelanto de elecciones. Se trata de la primera convocatoria nacional desde las protestas desplegadas entre diciembre y febrero pasado, en las que 49 civiles murieron durante la represión de las fuerzas del orden.
En esta oportunidad, según el Ministerio del Interior, se estima la llegada de alrededor de 2.000 personas a Lima. Además, se han anunciado movilizaciones simultáneas en todas las regiones del país, de acuerdo al reporte más reciente de la Defensoría del Pueblo.
El ministro del Interior, Vicente Romero, informó que se desplegará a 24.000 policías en el ámbito nacional para custodiar las manifestaciones. En los días previos se implementaron, asimismo, controles de identidad para los pasajeros de buses en algunos puntos de ingreso a la capital peruana.
Ayer, martes 18 de julio, la presidenta Boluarte aseguró, durante una conferencia de prensa, que su gobierno respetaría las protestas pacíficas. Sin embargo, también manifestó no entender “por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima (…) desde el Vraem, queriendo tomar, desde el centro, a todo el país”.
De igual modo, intentó desmarcarse de las demandas políticas de las manifestaciones, argumentando que las mismas no eran competencias del Ejecutivo. “A aquellos que tienen su agenda política les digo: guárdensela para cuando lleguen las próximas elecciones”,dijo.
Según dos encuestas el gobierno de Boluarte tiene altísimos índices de desaprobación. Según un estudio de Ipsos para Perú21 alcanza un 79% y la cifra de la encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) mensura un rechazo del 80,5%.
#Perú
En todo el país se realiza una nueva jornada de movilizaciones en rechazo al régimen de Dina Boluarte y al Congreso.
Huancavelica, Puno, Cajamarca, Cuzco, Lambayeque, son algunas de las ciudades movilizadas. pic.twitter.com/HClfa3vge6— Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) July 19, 2023
La marcha hacia Lima tuvo una participación de más de 30 mil personas y fue convocada por movimientos sociales, organizaciones gremiales y políticas. Los organizadores planean establecer un campamento durante 10 días en la ciudad y las medidas y acciones de protesta continuarán en este punto y en todo el país.
“Ayer fue una jornada muy importante, producto de semanas de preparación después de una pausa de lo que fue un estallido social inédito en Perú desde hace mucho tiempo. Pensábamos que tal vez podría perder fuerza la movilización en esta nueva etapa, pero el propio régimen se encargó de propagandizar la movilización al actuar de manera descontrolada con medidas que terminan generando mayor indignación en una ciudadanía que ha comenzado a salir de una situación pasiva a una oposición más activa”, sostiene Álvaro Campana, historiador y ex secretario general del Movimiento Nuevo Perú.
“La movilización en la capital fue muy importante y el grueso era de gente de la ciudad, no de las delegaciones de las regiones que llegaron con posterioridad a Lima. Esto va a continuar, hemos pasado a un nuevo momento en el que ya se reconoce que esta coalición autoritaria y criminal, que ha realizado ejecuciones extrajudiciales comprobadas por organismos internacionales, también es un régimen inepto, incapaz de responder a los problemas que tienen los peruanos. El gobierno actúa de manera frívola, ha destinado ingentes cantidades de recursos para pertrechar a la policía y al ejército, dándoles presupuesto y de esa forma se congració con estos sectores mientras el país era sacudido por la epidemia del dengue, muy mal manejada por la ministra de Salud que debió salir de su cargo”, analiza Campana quien también integra el espacio de reflexión y acción política Nuestro Sur.
Como resultado de la represión gubernamental a la pacífica movilización del 19J en Lima hubo 8 heridos y 6 personas detenidas. Una de las víctimas de la violencia policial fue la periodista Gabriela Ramos Carbajal quien fue impactada con perdigones. Debido a las heridas fue evacuada a un hospital cercano, informó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Este sábado 22 de julio se espera la llegada de delegaciones del todo el país, principalmente de Puno, a la capital. “La semana que viene, del 24 hasta el 29, va a ser crucial”, señalaron los organizadores de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha en conferencia de prensa.
“Boluarte no reconoce a las víctimas, no reconoce que se han producido asesinatos y llama a la ‘unidad nacional’ mientras ‘terruquea’, como le llamamos a esta forma de criminalización que consiste en catalogar a cualquier movilización como dirigida por el terrorismo, a cualquier intento de protesta. La brecha entre el sector gobernante y la ciudadanía se hace cada vez más grande, y en eso hay que incluir al Congreso, la desaprobación al Congreso es enorme, ningún congresista puede pisar su provincia, su región, son rechazados y repudiados. Con las autoridades del gobierno pasa lo mismo”, explica Álvaro.