Redacción Canal Abierto | “Yo ingresé a las FARC en julio de 2003 a los 24 años. Llegué por extensión de mi militancia política juvenil –era de la Juventud Comunista en Argentina- y siempre la aventura guevarista ha estado en nosotros, y la posibilidad de participar en una lucha más avanzada en América Latina era un sueño que muchos pretendíamos alcanzar”.
Así describía Facundo Molares Schoenfeld —en una entrevista con Canal Abierto hace un año— su paso por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su juventud, un hito más en su militancia de toda la vida. El último fue la asamblea de ayer en la plazoleta del Obelisco con la organización de la que participaba en la actualidad, Rebelión Popular, donde planeaban quemar una urna simbólica para manifestarse contra la “farsa electoral y por la democracia del pueblo”. Eran pocos y no cortaron ni planeaban cortar la calle, pero el hecho le pareció razón suficiente a la Policía de la Ciudad para reprimirlo violentamente, reducirlo entre varios, y asfixiarlo contra el piso, lo que le provocó un paro cardíaco que desencadenó su muerte.
En ese transitar militante, la vida de Facundo tuvo en los últimos años muchos sucesos de interés público.
Su historia
Durante el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019, Molares fue a cubrir como fotorreportero las extendidas jornadas de protesta que produjeron enfrentamientos en el puente de Monteros, cerca de Santa Cruz, entre grupos paramilitares y movimientos sociales. Días después se descompuso, un grupo de compañeros lo llevó al Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra el 11 de noviembre, y allí comenzó su calvario.
Primero quedó en coma inducido. Luego, cuando su padre, un juez chubutense, llegó a buscarlo, completaron la identificación y su pasado como integrante de las FARC sirvió como excusa para armarle una cusa por homicidio y terrorismo e involucrarlo en los hechos de Monteros. Permaneció preso allí por un año.
A su injusto encarcelamiento se sumó un cuadro de insuficiencia renal agravado por el COVID-19 que se contagió en prisión. Como consecuencia, organismos de Derechos Humanos de Argentina -entre ellos Abuelas y Madres de Plaza de Mayo- interpusieran un habeas corpus y reclamaba su repatriación por razones humanitarias “ante la grave situación y riesgo de vida”. En noviembre de 2020 recuperó su libertad.
Pero no pasó mucho tiempo hasta que su pasado lo alcanzara de nuevo.
En noviembre de 2021, fue detenido de nuevo, esta vez en Esquel, cuando regresaba de un almuerzo. “Lo esposaron y rápidamente fue trasladado a la Subdelegación de la Comisaría de la Policía Federal de Esquel, me mostraron un papel con un pedido de extradición desde Colombia pero no nos dieron copia”, contó Hugo Molares, su padre, al portal Resumen Latinoamericano.
Facundo fue trasladado a Ezeiza. Su detención ocurrió a pedido de un tribunal inferior de Colombia por hechos que debían ser enmarcados en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de ese país, creada por los Acuerdos de Paz de 2016 que se celebraron entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Entre los firmantes de esos acuerdos estaba el mismo Molares.
Una coordinadora por su libertad organizó desde entonces distintas acciones de protesta para impedir su extradición y reclamar por su libertad. Finalmente, fue liberado el 28 de julio de 2022.
El jueves 10 de agosto de 2023, una vez más, las fuerza represivas del Estado aparecieron en su vida. Por última vez, y para quitársela.
Hoy, Amnistía Internacional realizó un pedido de información al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, a raíz de la represión en el Obelisco. “Ayer fuimos testigos de hechos que exigen una revisión profunda del tipo de sociedad que queremos construir. En un año clave para el futuro de nuestro país y cuando se cumplen 40 años de democracia, llamamos a las autoridades actuales y futuras a poner a las personas y al respeto de sus derechos en el centro de las políticas. En el contexto de mensajes preocupantes contra la libertad de expresión y reclamos sociales, el Estado debe dar un mensaje claro: la violencia no puede ser la respuesta”, señaló Mariel Belski, directora ejecutiva de la organización en Argentina.