Canal Abierto Radio | Tras el shock de las PASO con la victoria de la ultraderecha de Javier Milei, el Banco Central devaluó un 22% y estableció el precio del dólar en 350 pesos, y elevó en 21 puntos porcentuales la Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos, que pasó del 97% al 118%.
El objetivo de estas medidas era adecuarse a los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que finalmente el 23 de agosto, con el ministro candidato Sergio Massa en Washington, aprobó la quinta y sexta revisión del acuerdo firmado con nuestro país. Ese día se reunió el directorio del organismo y dio el visto bueno para el desembolso de US$7500 millones.
“Para poder entender y conceptualizar un poco necesitamos hacer un pequeño resumen”, sostiene el economista Alejandro López Mieres, en diálogo con Canal Abierto Radio. “Argentina a partir del segundo trimestre incumple pautas cuantitativas pactadas con el Fondo: acumulación de reservas netas, déficit fiscal, asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro y el pago de 4 mil millones de dólares, que tenía que hacerse a fin de junio, que no se hizo. En el mes de julio, el gobierno pateó todos los vencimientos a fin de mes. A fin de julio, el Fondo respondió con un comunicado que señalaba: reducción directa de la masa salarial, tarifazo, cortar de cuajo la asistencia a las provincias y otras delicias de las políticas económicas que al Fondo le gusta llevar adelante”.
“Argentina pagó al FMI a fin de julio y principios de agosto con un préstamo puente de China –no como Massa dijo que se había activado la segunda parte del swap, los otros 5 mil millones–, un crédito de la CAF (Corporación Andina de Fomento – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y un crédito de Qatar. Cuando el FMI gatilla los US$ 7500 millones, le queda muy poco a la Argentina porque debió devolver los 4 mil y pico que pagó a estos tres acreedores. Le quedaron 3300 millones que coinciden con lo que tenemos que pagar el Fondo en septiembre, octubre y noviembre. Entonces el Central sigue acotado por la poca disponibilidad de dólares para intervenir en el mercado cambiario y controlar la brecha”, resume López Mieres.
En el Staff Report, un documento de más de cien páginas elaborado por los equipos técnicos del FMI, que acompaña la firma del reciente acuerdo, se proyecta una inflación del 120% en 2023. “Para poder cumplir eso la Argentina tendría que tener una inflación del 5% mensual de aquí a fin de año. Mantienen la meta del 1,9% de déficit fiscal que es de muy difícil cumplimiento”.
Antes del comunicado del FMI de fin de julio se llevaron adelante algunas medidas que se denominaron de “devaluación fiscal”: se incrementaron los impuestos a la importación de bienes y servicios; se instrumentó el dólar soja 3 a $300. “Estas medidas iban a redundar en un beneficio fiscal del 0,40 del PBI. Oh, casualidad, ese 0,40% es lo que el FMI calcula que van a costar las medidas anunciadas por el ministro Massa el domingo”, sostiene López Mieres.
“Esta señal que significó la devaluación fiscal, no pactada con el FMI, fue la que indujo la escalada inflacionaria de agosto antes de la devaluación pos-paso. Ni hablar de la devaluación que se gatilla a partir de agosto, el efecto combinado de ambas devaluaciones nos explica lo que está pasando con los precios. Luego de que el Fondo aprueba el desembolso, las medidas sociales del domingo intentan revertir lo hecho”, refiere el economista. La pregunta que cabe hacerse es si no es tarde y si las medidas no son insuficientes.
Las medidas, los deberes, los dólares
El costo fiscal de las medidas lanzadas por el gobierno es de aproximadamente $750 mil millones, equivalentes a ese 0,40% del PBI mencionado previamente, compensando lo que se recauda con la devaluación fiscal.
“Creo que estas medidas fueron consensuadas con el FMI, el Staff Report las menciona y menciona su costo. La devaluación fiscal fue una señal de que el gobierno iba a hacer los deberes con el Fondo. Massa dice que la devaluación exigida era del 100% y quedamos en un 20% que terminó siendo un 30, debido al impacto en precios de ambas devaluaciones”.
Debido a la dinámica inflacionaria instalada, López Mieres se pregunta: “¿Compensan estas medidas este impacto inflacionario? Soy muy escéptico en ese sentido. Hay un universo de 1 millón 500 mil desempleados, 5 millones de trabajadores no registrados y más de 4 millones de cuentapropistas; entonces, hay 11 millones de argentinos a los que no llega esta política de ingresos de manera directa”.
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Imagen generada por inteligencia artificial publicada en el perfil de Instagram @agstmassa