Canal Abierto Radio | El Prefecto Mayor de Prefectura Naval Julio César Mostafá declaró como testigo en el juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Bariloche, y en su declaración reconoció que actuó en base a informaciones de medios de comunicación, entre los que señaló al diario Clarín.
Se trata de la quinta jornada del juicio oral y público en la causa en la que están acusados cinco integrantes de los Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
El día del asesinato, el joven Rafael Nahuel recibió un disparo de un subfusil MP5 de Prefectura.
Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, y representante de los padres de Rafael en el juicio, explicó a Canal Abierto Radio:
“Lo importante de Mostafa, como quedó demostrado con algunas declaraciones de otros prefectos, es que hay una clara formación en la fuerza de discriminación hacia el pueblo mapuche, cuando se le pregunto cómo se había organizado este aparato represivo, dado que vinieron con 120 prefectos para hacer un desalojo en apoyo a la PFA que ya tenía un número similar de hombres, él lo que dijo fue que estaba bastante influenciando por lo que estaba pasando en Chile con la RAM, y que había tomado conocimiento a través de los medios de comunicación y mencionó al diario Clarín”
Sergio Cavia, uno de los prefectos imputados, se encuentra procesado por “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”, mientras que los otros cuatro -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- están señalados como “partícipes necesarios” de ese delito.
Mostafá es quien tuvo a su cargo el grupo de algo más de 40 miembros de la Agrupación Albatros que viajaron desde la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, hasta Bariloche, con la orden de apoyar a la Policía Federal en el desalojo del predio ubicado en Villa Mascardi.
Una vez terminada esa diligencia, el 23 de noviembre de 2017, el grupo estaba dispuesto para regresar a Buenos Aires, pero una contraorden obligó a Mostafá a designar un equipo de 20 personas para que permanezca en el sur para “custodiar” el territorio reclamado por la comunidad Lafken Winkul Mapu.
“La Policía Federal participó en el procedimiento del 23 de noviembre cuando se desaloja la Municipalidad, pero el cuerpo que vino de PFA, pese a la resistencia con piedras, en ningún momento utilizó armas de fuego”, explicó Marigo.
“Marcó una clara diferencia en la forma que actuaron los prefectos de este grupo Albatros, especializado en operativos de represión, que no dudó en asesinar por la espalda a Rafael Nahuel mientras huía por la montaña”, completó.
Además de este juicio penal existe una acción contra el Estado nacional, por daños y perjuicios a favor de los padres de Nahuel.
“Hay un sesgo claramente discriminatorio, lo que agrava el homicidio, y que tiene como pena la prisión perpetua”, analizó el reconocido abogado de la APDH local y nacional.
“En el lugar se encontraron 130 proyectiles todos los cuales pertenecen al grupo Albatros de la Prefectura, y no hay una sola bala o algo del grupo mapuche (…) lo cual demuestra la ausencia de un enfrentamiento”, sintetizó.
“Es un juicio claramente político, típico de violencia institucional, donde vamos a demostrar que fue un asesinato por la espalda liso y llano”
Además, Marigo habló del rol de Pablo Nocetti (abogado defensor de genocidas y ex Secretario de Seguridad de la Nación) y de Patricia Bullrich (candidata presidencial y ex ministra de Seguridad de la Nación) en el suceso represivo, y volvió a remarcar las dificultades que se le presentan a los familiares de Rafael Nahuel de participar en el juicio por la distancia que existe Bariloche y General Roca.
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Foto: Telam