Yéssica Bonnefoi: presa por mujer y por mapuche

Redacción Canal Abierto | La joven mapuche Yéssica Bonnefoy Carriqueo Antimil permanece detenida desde el 11 de agosto pasado y lleva adelante una huelga de hambre desde hace 17 días. Ella es una de las integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu que evadió la detención que sufrieron sus hermanas por cerca de ocho meses tras el desalojo a la comunidad en el territorio en litigio con Parques Nacionales en Villa Mascardi.

Madre de cinco hijos y, con 35 años, cerca de ser abuela, sostiene: “Más allá de no pertenecer ahora a ninguna comunidad, me considero una presa política mapuche porque tengo sangre mapuche”, en diálogo con Presentes desde las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) donde está detenida. Sus allegados informaron que en las últimas horas está con fiebre y malestar en su cuerpo. “Pasan los minutos, horas, días y la lamien (hermana) sigue encerrada en un calabozo, separada de sus hijos y sin ninguna prueba en su contra”, expresaron en un comunicado.

Sumando capas de marginación y postergación social, el apellido Bonnefoi está ligado en la memoria del pueblo barilochense a la muerte del joven Diego Bonnefoi, pariente lejano de Yéssica, el 17 de junio de 2010 a manos de un policía provincial que le disparó a quemarropa por la espala -igual que a Rafael Nahuel-. En la represión a la pueblada que sobrevino tras su crimen, las fuerzas de inseguridad mataron a dos vecinos del Alto de Bariloche,  Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco.

Desde el 4 de octubre de 2022, cuando el operativo del Comando Unificado avanzó sobre el territorio comunitario, Yéssica se encontraba para la justicia en calidad de prófuga. Fue detenida cuando la moto en la que circulaba como acompañante intentó eludir un control policial. Entonces, fue llevada primero a la Comisaría 28 de Bariloche y luego a instalaciones de la PSA en esa ciudad, donde permanece luego de un intento de ser trasladada a un penal federal –el de Ezeiza o el de Santa Rosa– que pudo ser frenado mediante las quejas interpuestas.

Recordemos que luego de las sucesivas reuniones de la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y representantes de la comunidad mapuche tehuelche se arribó a un acuerdo que permitió la liberación de las mujeres mapuches presas junto a sus hijos, se reconoció el territorio del rewe como un sitio sagrado y se otorgó el permiso de uso como tal a la machi Betiana Colhuan y sus colaboradores y familia.

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“El acuerdo que firmamos con el gobierno implicaba que tenía también validez para los otros integrantes de la comunidad, además de las hermanas que se encontraban con detención domiciliaria, porque de lo contrario siempre iban a ser perseguidos”, sostuvo Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro en diálogo con Canal Abierto.

“El hecho de que Yéssica esté detenida, en huelga de hambre y que no se le haya dictado la excarcelación es contrario a derecho; se trata de una decisión que refleja el carácter patriarcal y racista de esta justicia que se ensaña con las mujeres mapuches”, opinó el referente indígena. “La hermana está en las mismas condiciones de obtener la libertad que tenían las otras integrantes de la comunidad Lafken Winkul”.

La detención tanto en este caso como en el de las mujeres que juntos a sus niños permanecieron ocho meses presas es por una causa por usurpación, delito para el que –de ser probado– se preven penas menores y es excarcelable.

“Los prefectos que participaron del operativo en el que se asesinó a Rafael Nahuel, y hoy están siendo juzgados, están todos en libertad, en sus trabajos, con uso de armas. Las hermanas estuvieron ocho meses detenidas y Yéssica ya lleva casi un mes presa”, sostuvo el werken que asiste en el día de hoy a una nueva audiencia del juicio por el crimen de “Rafita”.

Juicio contra Yéssica

“La conciliación en el juicio en el marco del acuerdo (firmado con el gobierno nacional) sólo la pudieron firmar quienes estaban sujetos al proceso judicial y se presentaron y Yéssica estaba prófuga. Ella no estaba en el momento del desalojo y decide permanecer profugada porque tiene cinco hijos, trabaja en la economía informal y es el único sustento de sus hijos. Entonces, el acuerdo sólo abarcó a los que estaban en el juicio y no era su caso. Para entrar en ese acuerdo tiene que haber otra vez anuencia de Parques Nacionales”, explica en diálogo con Canal Abierto Laura Taffetani, abogada de la Gremial de Abogados y representante de la joven y de la comunidad Lafken Winkul Mapu, sobre los vericuetos judiciales que la tienen tras las rejas.

Además, Yéssica está implicada en otras dos causas con querellantes privados y el Estado: la ocupación del ex hotel Mascardi y del predio La Escondida. De ambas causas ya fueron sobreseídas las otras mujeres que fueron detenidas pero, al no estar ajustada a derecho, Bonnefoi Carriqueo debe rendir cuentas ante la justicia.

“Sobre Yéssica pesaba una orden de captura por no haberse presentado en el primer juicio y, también, la prisión preventiva que le habían impuesto en estas nuevas causas. Además de esto, tiene una imputación por haber arañado a una agente de la Policía Federal cuando fue el desalojo violento de 2017. Ella estaba con los niños y les tiraron gas pimienta a los chicos, fue tremendo. Bueno, hay una policía que sufrió un rasguño, se presentó como querellante y siguió el juicio. Ahora, en días más, vamos a tener un juicio oral por un rasguño en medio de un procedimiento de desalojo super violento”, explica Taffetani.

La defensa está solicitando que se le conceda a Yéssica la prisión domiciliaria, principalmente en atención a poder estar con sus hijos. “Yéssica continúa la huelga de hambre y está presa en condiciones de detención muy precarias, en un lugar que no está habilitado para esto, en la PSA Bariloche. Está todo el día encerrada en una habitación muy pequeña, es inhumano”.

Intervención del Ministerio de Mujeres

Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, interpuso una actuación frente al Juzgado Federal de Bariloche a cargo del juez Gustavo Villanueva.

En la misma solicitó se conceda el beneficio de la prisión domiciliaria a la joven entre otras cosas, para cumplir “y respetar los derechos humanos de niños y niñas, y de las mujeres en conflicto con la ley penal a cargo de ellos/as”, en referencia al distanciamiento de los hijos de la mujer mapuche, hoy a cargo de su hija mayor, Karen Tatiana de 18 años, embarazada y con fecha próxima de parto.

“Corresponde además señalar que la vulnerabilidad y las dificultades en el acceso a derechos de las mujeres, en general, y en el acceso a la justicia (a una investigación, proceso y juicio con perspectiva de género y diversidad), en particular, debe también tomar en consideración otros factores interseccionales de discriminación -entre ellos, la pertenencia a comunidades indígenas- que agravan la vulnerabilidad de las mujeres, y que obstaculizan el acceso a un juicio justo e imparcial, respetuoso de los derechos y garantías de las personas”, detalla el escrito.