Redacción Canal Abierto | Este miércoles el proyecto que reforma la Ley 27.551 obtuvo dictamen de mayoría del plenario de Comisiones de la Cámara Alta, con las firmas del oficialismo del Frente de Todos y el apoyo del Peronismo Federal. El texto mejora para los inquilinos la propuesta emanada de Diputados y está listo para ser debatido en una sesión que podría llevarse a cabo la semana entrante.
Por su parte, la oposición de Juntos por el Cambio, emitió un dictamen de minoría que propone dejar intacto el texto aprobado en la cámara baja.
“Hay dos evaluaciones posibles de lo que pasó en el Senado. En relación a lo que vino de la Cámara de Diputados es realmente un dictamen para festejar. En una evaluación de más larga data es bastante defensivo, estamos discutiendo siempre a la baja”, sostuvo en diálogo con Canal Abierto Radio la socióloga e investigadora Luci Cavallero, quien participó de las audiencias realizadas en la cámara baja para debatir la modificación de una ley que apenas tiene tres años.
“Se está modificando una ley por la que no se hizo nada para que se cumpla. Se culpabiliza a una norma que no tuvo ninguna instancia estatal encargada de monitorear su implementación ni de control, y se construye un escenario, durante meses, de que los derechos de los inquilinos ahuyentan a los inversores, a los que tienen que poner sus viviendas en alquiler. En el fondo dicen que cualquier derecho que puedan tener los inquilinos e inquilinas genera un problema de oferta. Por eso llegamos a este momento donde estamos festejando que la ley totalmente regresiva que vino de Diputados se pudo modificar en los aspectos más regresivos. Pero siempre a la baja”, sostuvo Cavallero.
Recordemos que la reforma aprobada daba marcha atrás con derechos conquistados tras años de lucha de las organizaciones de inquilinos. Redujo a 2 años la duración mínima de los contratos –establecida en 3 en la ley– y estableció que la actualización del precio del alquiler fuera por períodos no inferiores a los 4 meses sin un índice de actualización predeterminado, como es el actual ICL (Índice de Contratos de Locación).
“Si llegamos a esto fue gracias a la resistencia que demostraron las organizaciones de inquilinas e inquilinos. Nosotros, en la exposición en la Cámara de Senadores lo sentimos mucho, ellos notaron que tenía un costo político importante avanzar con una reforma tan regresiva como la de Diputados”, afirma Cavallero.
Mujeres, alquiler y deuda
Sobradas pruebas hay de que son las mujeres las que más dificultades tienen para sostener el pago del alquiler. De las últimas 600 consultas formuladas en el asesoramiento legal de la Defensoría del Inquilino, el 66% fueron iniciadas por mujeres y solo el 34% por hombres. A su vez, el 68% de los trámites vinculados con dificultades para sostener el pago fueron iniciados por mujeres.
“En el colectivo Ni Una Menos notamos hace ya un tiempo que el alquiler se transformó en una fuente de endeudamiento en los hogares. Muchas personas empezaron a tomar deudas, con financieras, con familiares, con los bancos, para solventar los gastos cotidianos y para no dejar de pagar el alquiler. Desde 2018 empieza a caer en forma pronunciada el poder adquisitivo de los salarios y una parte muy grande de la población lo empieza a completar con deuda”, señala Cavallero a la vez que destaca que al detectar la importancia de esta temática comenzaron a trabajarla en conjunto con la organización Inquilinos Agrupados.
“Hay una afectación específica en los hogares monoparentales, que son mujeres que tienen altas cargas de trabajo de cuidado, hijas e hijos a cargo y son los hogares donde más se concentra el sobreendeudamiento, los índices más altos de pobreza e informalidad laboral”, explica la socióloga.
“La demanda sobre el acceso a la vivienda nos aparece como el punto número 1 para poder salir de la violencia, poder mudarse, pensar en formar un hogar con un hijo o hija a cargo”. La vivienda es un eje central de la feminización de la pobreza.
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