Redacción Canal Abierto | La Cámara Nacional Electoral aprovechó la fecha en la que se cumplen 40 años de la elección que inauguró la etapa democrática tras la dictadura cívico militar para emitir un comunicado en el que recordó que “tuvieron lugar 33 procesos electorales nacionales íntegros, de diversas características; todos con resultados aceptados y reconocida e indiscutida legitimidad”.
“Las elecciones no son un servicio público a cargo de una autoridad estatal, sino un acto de soberanía, de amplia participación y con controles recíprocos, en el que intervienen ciudadanas y ciudadanos sorteados como autoridades de mesa y fiscales designados por las agrupaciones políticas”, prosigue el escrito.
Y destaca “el alto nivel de garantías que aseguran el respeto de la genuina expresión de la voluntad popular en la República Argentina, con mecanismos imparciales para resolver reclamos e incidencias, es un elemento reconocido no solo en el ámbito nacional sino también por la comunidad internacional”.
Y alerta que “frente a invocaciones de fraude sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas -en tanto desconocen que el único escrutinio válido es el definitivo a cargo de la Justicia Nacional Electoral- se vuelve necesario recordar tan trascendente hecho institucional, como un modo de poner de relieve el valor que revisten para la historia de la democracia argentina las elecciones periódicas, libres, transparentes y auténticas”.
El pronunciamiento se da a una semana de los últimos comicios, cuyo resultado es la realización de una segunda vuelta en la que el pueblo argentino definirá si a partir del próximo 10 de diciembre el nuevo Presidente será Sergio Massa o Javier Milei y por el cual desde terminales contrarias al gobierno se busca poner en duda su legitimidad.
Así fue como durante el fin de semana se viralizaron capturas de actas de mesas de votación en las que La Libertad Avanza contaba cero votos. A pesar de esto, no se han radicado denuncias en sede judicial, las únicas válidas.
Las actas difundidas corresponden a las que se envían al correo donde se realiza el cómputo de votos para el escrutinio provisorio. Este recuento es el que se difunde a horas de cerrados los comicios, pero carece de validez legal.
Las actas válidas para el escrutinio definitivo son las que en la jornada electoral se remiten a la Junta Electoral. En este caso, cuando se hace el recuento que es el que define la asignación de cargos, en caso que una fuerza tuviera una cantidad significativamente distinta a la que tiene en el resto del circuito, se habilita la apertura de la urna para constatar las boletas que se encuentran dentro.
De ese mismo recuento participan apoderados y fiscales de todas las fuerzas políticas, lo que le da la posibilidad de reclamo a aquellos espacios que no hubieran podido garantizar los fiscales en la totalidad de las mesas el día de la elección. En caso de tener reclamos también están habilitados a pedir apertura de urnas, decisión que depende del Juez Federal Electoral.
Al participar representantes de los partidos políticos, es difícil que se pueda alterar el resultado final. En el caso de los cargos ejecutivos, que son unipersonales, las agrupaciones que no llegan a tener peso en esa contienda también están interesadas en los números finos ya que si bien no modificará su lugar de cara a la presidencia de la nación o a una gobernación provincial, un cambio de número puede afectar la cantidad de legisladores que ingresan en los poderes legislativos.
En los últimos procesos electorales, quizá gracias a la posibilidad de poder acceder a las actas del recuento provisorio por mesa, se empiezan a ver inconsistencias que existen entre éstas y las que se remiten a la Junta Electoral. Si a esto se le suma el impacto de las redes sociales, es fácil generar una operación que ponga en duda la transparencia del proceso.
Ilustración: Marcelo Spotti