Redacción Canal Abierto | La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), a cargo del abogado Mariano Przybylski, pidió hoy una pena de prisión perpetua para los cinco prefectos involucrados en el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en el marco del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de General Roca, Río Negro, que llega a sus instancias finales.
“No fue un enfrentamiento armado, fue una persecución en la que los prefectos imputados tenían armas de fuego y los miembros de la comunidad perseguidos no las tenían. Todas estas cuestiones las pudimos comprobar en el debate oral mediante la prueba producida”, sostuvo el letrado en un alegato que duró 2 horas 45 minutos.
La querella aseguró que la prueba producida a lo largo de estos meses de debate derriba la tesis del enfrentamiento que sostiene la defensa de los Albatros y sostuvo que fue una persecución por parte de los efectivos que dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.
“A lo largo del debate oral pudimos acreditar lo planteado en el requerimiento de elevación a juicio tras la instrucción. Los cinco imputados estaban haciendo un reconocimiento en Villa Mascardi, una inspección del terreno, se encontraron con un grupo de personas de la comunidad mapuche y, cuando estos se escaparon montaña arriba, comenzaron una persecución a los tiros con sus armas letales. Esa persecución tuvo como consecuencia el asesinato de Rafael Nahuel y las heridas de Johana Colhuan y Gonzalo Coña, lo que para nosotros constituye una tentativa de homicidio de ellos y del resto de las personas que estaban con ellos, por la intención y la forma en la cual dispararon al grueso de la comunidad”, explicó el abogado en su exposición.
Przybylski responsabilizó a los cinco procesados, Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García por los delitos de “homicidio agravado en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado”, y pidió que los imputados sean condenados como coautores, a pesar de que el autor del disparo mortal haya sido el efectivo Cavia. Los cinco prefectos, explicó, desobedecieron las órdenes de no perseguir ni disparar a los integrantes de la comunidad mapuche, y, a sabiendas, lo hicieron.
Durante hoy y mañana se conocerán los alegatos de las tres querellas –abogados de la familia de Nahuel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– y el de la fiscalía. En la audiencia de esta mañana, junto al abogado de la querella estuvo presente Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
El testimonio de los testigos víctimas
El querellante de la SDH incluyó en su alegato los testimonios de las víctimas. Sostiene que los jóvenes bajaron de la montaña y a poco de andar se cruzaron con la patrulla de Albatros que recorría el terreno en sentido contrario. “Cuando se encuentran con los miembros de Prefectura, estos dan la voz de alto e inmediatamente empezaron a disparar con munición letal, ni siquiera esperaron a ver la reacción de estas 8 o 9 personas”. Según el abogado, los testigos –Colhuan, Coña, Lautaro González y Fausto Jones Huala– coincidieron en este dato, y contaron que comenzaron a subir en huida mientras los prefectos disparaban incesantemente en su persecución.
“González y Jones Huala llegaron primeros a la cima y, una vez allí, declararon que comenzaron a tirar unas piedras para defenderse de los tiros y, luego, llegó herido Gonzalo Coña diciendo que estaban tirando con plomo. En fracción de segundos llegaron Johana y Rafael que cayó herido a la vez que ella recibe un disparo. En ese momento los testigos comienzan a gritar que hay heridos, que dejen de disparar y escuchan el ruido de una bomba de estruendo, no oyen más disparos y entienden que los prefectos se habían retirado”, narra el abogado.
Rafael estaba muy mal herido, sus compañeros le lavaron las heridas, armaron una camilla con unos troncos y bajaron entre todos al joven. Estos hechos, sostenidos por todos los jóvenes testigos, desmienten la versión de los prefectos que apuntan a que la patrulla bajó de la montaña asediada por el ataque de los miembros de la comunidad: ellos estaban cuidando a su compañero y descendiendo la montaña con el joven moribundo en la parihuela improvisada.
Violencia institucional y política
“Cada vez que hay un discurso político que habilita la violencia institucional surgen más casos” de ese tipo, señaló a la Agencia Télam el secretario Pietragalla. “Lamentablemente –sostuvo– quien paga los platos rotos son los miembros de las fuerzas de seguridad y no los responsables políticos, que siguen su carrera y tienen que rendir cuentas en la Justicia. Los miembros de las fuerzas de seguridad no se pueden sentir habilitados nunca porque la política pasa y los que tienen problemas judiciales son ellos”, destacó.
“Es nuestra obligación trabajar para que estos crímenes no queden impunes. Clarificar lo que pasó, desmantelar complicidades y que el Estado cargue con su responsabilidad en sus propias fuerzas y agentes cuando se violan derechos, no solo es un derecho de la víctimas y familiares, es también un paso adelante para la no repetición”, destacó el funcionario.
Foto: Prensa Secretaría de Derechos Humanos de la Nación