Redacción Canal Abierto | La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación tratará hoy distintos proyectos que buscan penalizar el negacionismo respecto de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar.
En la actualidad, son tres los proyecto presentados por el oficialismo. El primero lo presentó la diputada Estela Hernández en marzo del 2022. Allí se propone incorporar al código penal la negación de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, con condena de entre dos meses a dos años de prisión a quienes incurran en el dicho delito.
En septiembre del mismo año el diputado Eduardo Fernández presentó una propuesta que establece la sanción de toda conducta pública de negación, apología o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este caso, además de la condena de prisión, que asciende a tres meses la mínima, se plantea la «destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años» cuando quienes incurrieran en el delito fueran funcionarios públicos.
Por último, está la propuesta de la diputada Carolina Moisés, que establece sanciones contra «el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad», prevé «inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena» y la obligatoriedad de una formación en derechos humanos para que un funcionario sancionado pueda volver a ocupar un cargo público.
Los proyectos presentados por diferentes fuerzas políticas y analizados por la Comisión tienen como objetivo “incorporar como causal -en la ley antidiscriminatoria- el antisemitismo; crear el Observatorio para la Convivencia Democrática, modificación del artículo 213 del Código Penal de la Nación, sobre sanción para actitudes negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad; y regular el Empleo público y la función Pública con modificaciones sobre erradicación de discursos de odio”.
Voces por los derechos humanos en el Congreso
En la mañana de hoy, integrantes de la comisión mantuvieron una reunión informativa con referentes y referentas de organismos de derechos humanos. En ese ámbito Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora pidió “el rápido tratamiento de los proyectos que buscan castigar legalmente -no con cárcel, con inhabilitación- a todos aquellos negacionistas y a los que reivindican el genocidio”.
Carlos Pisoni de H.I.J.O.S. planteó que “la mejor forma de combatir el negacionismo es a través de la educación”. Y propuso “la tipificación del negacionismo para los funcionarios públicos que nieguen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado Nacional”.
En tanto, Mabel Careaga, integrante del grupo de «Los 12 de la Santa Cruz» e hija de Esther Ballestrino, una de las tres Madres desaparecidas por la dictadura, expuso la necesidad de “sancionar el negacionismo ya que esto protege a las víctimas del terrorismo de Estado y a todas las argentinas y argentinos”.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, su presidente Eduardo Tavani explicó que, “bajo la bandera de Memoria, Verdad y Justicia venimos a defender un proyecto de capacitación y formación en Derechos Humanos”.
Luis María Alman Bornes, titular del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos e integrante de ATE Nacional, respaldó la norma al considerar que “el negacionismo es también discurso de odio”.
Por parte de Abuelas de Plaza de Mayo expuso Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los nietos recuperados, que se subrayó la postura del organismo de reivindicación de los derechos humanos. “Son 137 nietas y nietos recuperados en nuestro país”, destacó.
La legisladora porteña de Unión por la Patria Victoria Montenegro, otra de las nietas recuperadas, avaló la sanción de una ley anti negacionismo y analizó que “hay que construir un marco y un límite”.
La representante del CELS Verónica Torras señaló que “este debate necesita de la mayor pluralidad de voces para poder proteger el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Por su parte, Federico Efrón, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, respaldó la iniciativa que establece “la formación y capacitación en Derechos Humanos”.
La última exposición estuvo a cargo del director ejecutivo del Instituto de DD. HH del Mercosur, Remo Carlotto, quien afirmó que “la libertad de expresión no protege los discursos de odio”.