Por Gladys Stagno | “El Ministerio de las Mujeres que se creó hace cuatro años logró bajar el 15% la tasa de femicidios por dos años consecutivos. ¿Cómo se hizo? Con inversión, con políticas públicas. Sabemos que no alcanza, pero que ese era el camino”.
Así se expresó en sus redes sociales Elizabeth Gómez Alcorta, ex titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que está en la lista de las dependencias que serán eliminadas por el gobierno de Javier Milei que asumirá el 10 de diciembre.
El recorte que amenaza con barrer cualquier política que aborde esta temática tiene sustento ideológico: la dirigencia de La Libertad Avanza descree de la existencia de la desigualdad de género, de la brecha salarial por motivos de género, y de que los femicidios sean un problema estructural, como varios de sus referentes han manifestado públicamente.
Más allá de las creencias, están los números. Si bien la creación del Ministerio significó un reconocimiento estatal del problema y presupuesto para abordarlo éste está lejos de solucionarse. Según un informe presentado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación en las vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el sábado pasado, hasta el 15 de noviembre se registraron 282 femicidios en 2023, uno cada 27 horas.
Bajo amenaza
Una de las políticas públicas más antiguas para abordar esta problemática es la Línea 144, creada hace diez años, que funciona los 365 días del año, 24 horas al día y que en 2019 pasó a depender del nuevo Ministerio. Allí, se brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. En promedio, la Línea recibe 340 llamadas diarias de todo el país, lo que significa 2.380 semanales, unas 10.200 al mes, y 122.400 al año.
El 24 de noviembre, sus trabajadoras –en su mayoría mujeres– emitieron un comunicado donde alertan sobre los “diferentes agravios” que vienen sufriendo a partir del resultado electoral del ballotage y sobre las dos amenazas de bomba que recibieron ese viernes por lo que debieron evacuar el edificio y “dejar los teléfonos sin atender”. “Esto no es justo para nosotras como trabajadoras y trabajadores, pero tampoco es justo para quienes se encuentran en situación de violencia aguardando asistencia”, dicen.
La actual ministra, Ayelén Mazzina, alertó sobre esto en su cuenta de la red social X (ex Twitter): “Sabemos que no son hechos aislados. Son parte de una escalada de violencia contra los feminismos y la institucionalidad que hemos conseguido. No pasarán”.
Hoy recibimos dos amenazas de bomba en uno de los edificios del @MinGenerosAR. Quiero contarles que la situación fue controlada, transmitir tranquilidad a las y los trabajadores y seguridad en nuestro lugar de trabajo.
— Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) November 24, 2023
De acuerdo con Mazzina, el Ministerio “acompañó a más de 1.800.000 personas en estos cuatro años”. En la inauguración que se realizó ayer en la ciudad de Mar del Plata, “La Casa de Lucía”, en homenaje a Lucía Pérez –la adolescente abusada y asesinada en octubre de 2016 en esa ciudad–, insistió al decir que “la violencia por razones de género es una cuestión de Estado”.
En cuanto a la nueva gestión, advirtió que el Ministerio a su cargo “hasta el día de hoy no tiene transición y no sabemos lo que va a suceder”, y pidió al futuro presidente y a quienes lo acompañarán “que se tome conciencia y que no se olvide a todas las personas en situación de violencia de género, a todos los programas de prevención que tenemos y las grandes políticas que se hicieron estos cuatro años de gobierno”.
Las políticas a las que hace referencia son, por ejemplo, el Programa Acompañar, de asistencia y apoyo económico, que ayudó a 350.000 mujeres en todo el país para que pudieran salir de las casas donde padecían violencias. El Programa Acercar Derechos, que propicia el acceso al sistema de justicia a las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia de género (y que atendió a 30.300 personas). Los hogares y refugios para víctimas de violencia (como La Casa de Lucía), los cuatro centros territoriales y los catorce que se encuentran en obra. Y, por supuesto, la Línea 144.
Más solas
“Los llamados que recibimos tienen que ver con mujeres y diversidades que se encuentran atravesando situaciones complejas y graves de violencia en sus vidas. En muy difícil a veces para ellas hasta nombrarlas o ubicarlas como situaciones de violencia. Por eso el trabajo que nosotras hacemos es poder ir trabajando en conjunto y haciendo ese acompañamiento para que pueda encontrar su voz, ponerle palabras, porque la única palabra que generalmente tiene peso es la del violento”, explicó Fernanda Fuentealba, trabajadora de la Línea 144 y secretaria general por ATE en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
En función de la situación y del lugar en el que está la persona que llama, las operadoras hacen una evaluación de riesgo y desde la Línea articulan con otras políticas públicas, provinciales, municipales o nacionales y, si es una emergencia, con el 911.
“Dentro del propio Ministerio también se crearon distintas áreas que lo que hacen es abordar con mayor complejidad e integralidad todas las situaciones de violencia por motivos de género”, detalla Fuentealba en diálogo con Canal Abierto.
Actualmente, las operadoras –mayormente mujeres– son 140 profesionales, especializadas en la temática y preparadas para trabajar con estas situaciones, que a menudo son críticas. Pero sólo 18 personas son planta permanente. La mayor cantidad de contrataciones son “048”, el nombre con el que se conocen los contratos que se renuevan cada año y suelen terminar el 31 de diciembre. También las hay monotributistas (que facturan cada mes por su trabajo), y algunas que dependen de algún convenio internacional.
“No llegamos a que se pudieran abrir los concursos completos para profesionales, para que pudieran ingresar algunos compañeros y compañeras a planta. Es una gran deuda en todo el Estado y sobre todo en nuestro Ministerio que no hayamos podido concursar”, reflexiona Fuentealba.
Ante la amenaza directa sobre sus trabajos, y la situación de hostigamiento y amenazas que están viviendo, las trabajadoras están “armando redes”. “Estamos construyendo la unidad para pensar qué estrategia podemos llevar desde lo sindical y desde lo colectivo –cuenta la dirigente–. Porque a nuestro Ministerio se le da entidad institucional dentro del Estado gracias a los pedidos y reclamos que venimos llevando adelante los movimientos feministas. Quienes trabajamos en el Ministerio somos trabajadoras estatales, pero también somos trabajadoras con perspectiva de género en red con el movimiento feminista, y desde los feminismos también estamos construyendo estos lazos”.
Si el gobierno de Milei arrasa con el Ministerio y la Línea 144, como viene anunciando, ¿qué significará para las personas que acuden a ese número en busca de ayuda?
–En las situaciones de violencia por motivos de género, que exista una institución dentro del Estado hace que quien está en esa situación sepa que hay alguien que la puede acompañar. Que hay espacios, instituciones, otras personas a las que les interesa que esté bien. Contar con el recurso que las hace sentirse acompañadas es lo que las ayuda a salir de la situación de violencia. Desmantelar estas políticas es revictimizarlas, es volver a dejarlas solas.
