Redacción Canal Abierto | En el marco de una inflación deliberadamente descontrolada y en un contexto en el que el Presidente Javier Milei celebra pronosticar un incremente de Índice de Precios al Consumidor del 30%, distintos ámbitos del sector salud salieron a advertir que la política del Gobierno está generando aumentos injustificados en los medicamentos.
Un informe del área Salud del Instituto de Estado y Participación de ATE Nacional, comienza denunciando: “Milei no quiere que el Estado se ocupe y defienda a las poblaciones vulneradas, ni garantice servicios públicos, ni educación, ni salud y aún así fue avalado por jóvenes precarizados y sectores de bajos ingresos con la ilusión de una libertad que lejos de beneficiar a los pobres los somete aún más porque la libertad es para los que se han apropiado históricamente del derecho a los derechos”.
Sin remedio
IDEP Salud aclara que con el Decreto de Milei “se desfinancia la producción pública de medicamentos y vacunas. Se termina con la obligatoriedad de que haya un farmacéutico presente en la farmacia y se permite la comercialización de fármacos en cualquier establecimiento”.
A través del artículo 313 del DNU, se sustituye el primer y segundo párrafo del artículo 1° de la Ley 17.565, que reglamenta el ejercicio de las farmacias, donde se elimina la exigencia de que os medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas. También deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia.
“Que las farmacias pierdan la exclusividad de vender medicamentos –dice el análisis- es para Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), algo negativo que ya se probó en los 90, con la desregulación planteada por Domingo Cavallo. En esa época, los medicamentos empezaron a aparecer en kioscos, supermercados, estaciones de servicio y en la vía pública, a valores mucho más altos de los que tenían en las farmacias y sin ningún tipo de control”.
“Aparece como un beneficio que se otorga a las cámaras elaboradoras de medicamentos de venta libre (que lo reclaman hace mucho) y tiene como único objetivo aumentar sus ventas, pero de ningún modo beneficia la disminución de precios, ni apunta a mejorar la calidad de los medicamentos”, subraya IDEP.
“Esto mismo ya se había revertido en el año 2009, con la ley 26.657 (ley de salud mental), que fue sancionada por unanimidad, para que los medicamentos de venta libre no se vendan más fuera de las farmacias, e incluso para que dentro de las farmacias se dispensen en el mostrador y por un profesional farmacéutico, y no en góndolas. Uno de los objetivos era evitar la compra por impulso y la automedicación”, concluye el texto del instituto sindical.
Por su parte, el propio Rubén Sajem, consultado hoy en Radio Provincia, aseguró que “en ningún país del mundo se aumentaron los medicamentos como ahora en Argentina”.
El director del Ceprofar habló de “aumentos desproporcionados” al analizar la suba del 319,1% registrada entre enero y diciembre de 2023.
“Los medicamentos son lo único que la gente privilegia para comprar, además de los alimentos, pero en el mes de diciembre las mediciones indican que dos de cada 10 personas -el 19%- no estarían pudiendo acceder a sus tratamientos”, lamentó el especialista, y explicó que esto se debe a “los aumentos desproporcionados que se provocaron en noviembre y diciembre de un 90% promedio con picos que llegan al 140%”.
“Un tratamiento para la hipertensión pasó de $35.000 a $70.000”, alertó Sajem.
“No puede haber una libertad para poner precios por parte de los laboratorios porque del lado del paciente no existe tal cosa como la libertad para enfermarse o morirse. Nadie lo quiere, no funciona así”, concluyó.
Los beneficiados de siempre
En DNU elimina también el Programa de Producción Pública de Medicamentos y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Una medida perjudicial porque es lo que permite intervenir en los mercados para abaratar los precios. Permitía también el desarrollo de industrias nacionales que puedan proveer medicamentos de alto precio por ejemplo para oncología, VIH, enfermedades de origen genético, vacunas.
“No se entiende por qué –se cuestiona el estudio de IDEP Salud-, si el sentido de este DNU es bajar los precios de los medicamentos, se elimina la producción pública, la única herramienta que hoy garantiza soberanía sanitaria.
“La producción pública también está orientada a la elaboración de varios medicamentos que algunos laboratorios ya dejan directamente de producir porque no son rentables, sobre todo en aquellas enfermedades mal denominadas desatendidas. Si se dejan de producir en la esfera pública no habrá cómo reemplazarlas”, aseguran.
“En definitiva, el DNU avanza en el beneficio de los sectores privados que lucran con la enfermedad en detrimento del Sistema solidario y el acceso social a los medicamentos”, concluye.
El informe de IDEP Salud, que también alerta sobre la pérdida de derechos y suma de dificultades económicas que genera la desregulación de una parte del funcionamiento de las obras sociales y las prepagas, se puede leer completo en la web del instituto.
Más voces
El Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires manifestó hoy su “profunda preocupación” ante la suba en los precios de los medicamentos y pidieron al Gobierno nacional “medidas urgentes” para “regular” la comercialización de estos productos que resultan “de carácter imprescindible para todos los argentinos”.
En un comunicado advirtieron que “los incrementos significativos de los medicamentos se producen en medio de un enorme deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de las familias y un funcionamiento absolutamente diezmado de las obras sociales”.
Los jefes comunales radicales remarcaron que esto se da “en un contexto absolutamente crítico respecto al financiamiento del sistema de salud en general y del funcionamiento de las obras sociales en particular”.
“No vislumbramos la posibilidad de que las medidas dispuestas en el DNU recientemente dictado por el Ejecutivo Nacional en relación al funcionamiento de las obras sociales y a la comercialización de medicamentos puedan dar respuestas a la situación planteada o contribuir a resolver la imposibilidad de muchas familias de adquirir un bien esencialísimo como lo son los medicamentos; al menos en la coyuntura acuciante que se presenta en el corto plazo”, completaron los intendentes de la UCR.