Volvió el enemigo interno: Patricia Bullrich y su obsesión con los mapuches

Por Néstor Espósito | El mismo día que efectivos de la Prefectura Naval asesinaron a Rafael Nahuel en cercanías del Lago Mascardi, Gonzalo Coña y Joana Colhuan resultaron heridos cuando escapaban junto a él de los balazos que enmarcaron el operativo de “recuperación” de un territorio que la comunidad mapuche reivindica como propia por razones ancestrales: ellos ya estaban allí cuando llegaron los “conquistadores”.

Rafael Nahuel fue asesinado el 25 de noviembre de 2017. Ese mismo día eran velados los restos de Santiago Maldonado. Nahuel pertenecía a la comunidad Lafken Winkul Mapu pero no era uno de los principales activistas de las reivindicaciones mapuches. Tenía apenas 22 años. Por su muerte fueron condenados prefectos a penas de entre cuatro y cinco años de cárcel.

Los efectivos del grupo Albatros de la Prefectura que dispararon balas de plomo también hirieron a Gonzalo Coña. Casi seis años después de aquel episodio, Coña fue detenido en un control de tránsito en Pico Truncado y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, lo festejó en las redes sociales. Más aún: afirmó que se trata de la “mano derecha de Facundo Jones Huala y segundo al mando de la organización por éste liderada”.

“El 10 de diciembre de 2023, junto al presidente Javier Milei, hemos asumido un compromiso con la sociedad, que implica hacer cumplir la ley y respetar las normas sin temor a intimidaciones ni posteriores represalias. No vamos a dar un paso atrás ni nos vamos a dejar amedrentar por aquellos que a través de la fuerza y la extorsión pretenden corromper el sistema. El que las hace, las paga, esa es nuestra máxima premisa y sobre ella seguiremos trabajando firmemente para cuidar a la ciudadanía y a quienes nos cuidan”, dijo Bullrich en la red social X.

La Gremial de Abogadas y Abogados, que asumió la defensa de Coña, contrastó la versión oficial. Coña está acusado por el delito de “usurpación” por aquella ocupación de tierras que reclaman como propias en cercanías del Lago Mascardi y sobre él pesaba una orden de captura porque estaba “en rebeldía”.

“Gonzalo Coña siempre estuvo a derecho, en un proceso que duró más de cuatro años. En el 2022 Gonzalo se va al Sur a la Provincia de Chubut por trabajo como peón rural y pierde contacto. No se notifica del inicio del juicio, así como tampoco del juicio de Rafita donde estaba citado como testigo y así queda rebelde”, explicó la Gremial.

Se dijo que la detención se produjo en un operativo carretero. El Ministerio de Seguridad dijo en las redes sociales que “en cumplimento de sus funciones, Gendarmería realizó una requisa a la camioneta, encontrando en el asiento trasero de la misma, un fusil a repetición marca Remington dentro de un estuche, 9 municiones Remington en una caja, una vaina servida, una funda con tramado mimético de hojas, conteniendo en su interior una carabina marca Ruger calibre 22, un cargador con capacidad de 10 municiones y una caja de municiones marca 22 Match, conteniendo 26 municiones calibre 22, sin poseer ninguno de los sujetos mencionados credencial de legítimo usuario ni legitimación para su tenencia”.

Según la Gremial, cuando Coña fue detenido “iba con su jefe en la camioneta de la empresa y en un control vehicular salta la orden de captura. En la camioneta había armas que pertenecían a la empresa y que estaban registradas legalmente, cuestión que fueron devueltas a su dueño y se inició el expediente respectivo a la infracción. De hecho el jefe de Coña no quedó retenido”.

“La ministra Bullrich miente”, aseguró la defensa.

El posteo del Ministerio de Seguridad indica que Coña es “el segundo de Jones Huala, sin que exista ningún elemento de prueba y plantear que llevaba armas cuando fue detenido”.

“La única causa que pesa sobre Gonzalo es la de usurpación del territorio sagrado de Winkul”. El fiscal que interviene en el caso, Rafael Vehils Ruiz, rechazó en otro caso las excarcelaciones de ocho mujeres detenidas a fines de 2022 en los mismos territorios reclamados por la comunidad mapuche. Además, según la Gremial, “sostuvo la tesis del exceso de legítima defensa en lo que fue un homicidio a todas luces en el juicio de Rafita pidiendo la generosa condena de cinco años a los albatros que la consumaron”.

“La persecución que viene sufriendo el pueblo mapuche en los distintos gobiernos continúa y se profundizará aún más en un país donde sus bienes comunes están al servicio de las corporaciones multinacionales, tal como lo han demostrado los distintos emprendimientos turísticos en los que Parques Nacionales que no tuvo objeción alguna de entregar tierras y la incesante concesión de territorios en manos extranjeras, así como también de las empresas extractivistas”, resumió la gremial.

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Néstor Espósito: @nestoresposito