Redacción Canal Abierto | La Cámara de Diputados retomó hoy desde las 14 la sesión especial para continuar con el debate en particular de la Ley Ómnibus aprobada en general el viernes pasado por 144 a 109 votos. Sin embargo, nada está dicho aún.
Sucede que, incluso con un dictamen modificado hasta el hartazgo, no hay acuerdo sobre puntos centrales de la Ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Entre ellos, facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y privatizaciones de empresas públicas.
La oposición “dialoguista” —entre quienes se encuentra el bloque de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y parte de la UCR— adelantó que el trámite será largo y podría extenderse hasta el miércoles, incluso el jueves.
En principio, el oficialismo no sabe si cuenta con los votos para obtener las facultades delegadas que le permitirían disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.
Y es que la actividad en redes del fin de semana del presidente Javier Milei —quien compartió un chiste del humorista Nik que trataba de vagos a los diputados— no generó simpatías entre quienes necesita seducir. Al punto que el diputado y exvicepresidente Julio Cobos le respondió enojado también por redes.
De acuerdo con los trascendidos, la intención de algunos diputados es pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche y retomar el miércoles para repetir la estrategia que siguieron durante la votación en general.
Acuerdos y desacuerdos
Tanto la UCR como Hacemos buscan reformular un conjunto de artículos para votar la Ley. Este lunes, según informó la Agencia Télam, la UCR mantuvo una reunión de bloque por Zoom donde quedaron en aguardar algunos respuestas del Gobierno y también se reunieron los diputados de Hacemos, que esta mañana tuvieron un nuevo encuentro para analizar la marcha de las conversaciones con el oficialismo.
La oposición “dialoguista” —entre quienes se encuentra el bloque de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y parte de la UCR— adelantó que el trámite será largo y podría extenderse hasta el miércoles, incluso el jueves.
Luego de las reuniones, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, convocó a su despacho a los diputados Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR). También participaron del encuentro el ministro del Interior, Guillermo Francos, y legisladores del oficialismo.
El nuevo proyecto consta de 383 (casi la mitad del que tenía el original).
En principio, el oficialismo no sabe si cuenta con los votos para obtener las facultades delegadas que le permitirían disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.
Quienes se oponen son cuatro legisladores de Córdoba y los seis de la Coalición Cívica. Hoy, el diputado de Corrientes por la UCR Manuel Aguirre afirmó que su espacio tiene reparos con los artículos que “pueden causar un daño muy grande a la sociedad”, y mencionó que los puntos que más le preocupan son “las delegaciones de facultades y la venta desordenada de empresas públicas”. También indicó: “Tenemos un gran problema con el Código Penal”, en relación a la modificación que pretende el oficialismo. En cambio, anticipó que la UCR propondrá “presentar un proyecto relacionado a la reforma total” del Código.
Tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoelectrica y Arsat donde se proponen ventas parciales, y piden que un organismo independiente haga su tasación y tenga un rol importante la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.
El reclamo es que se coparticipe el Impuesto PAIS, que recauda unos $ 500 mil millones, pero la idea fue rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año. El Gobierno no quiso discutir nada sobre materia tributaria y los gobernadores aceptarían diferir la discusión siempre y cuando se les asegure el flujo de fondos para las cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba.
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A, Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En tanto, otras 27 empresas —entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA)— podrían privatizarse.
Otro de los puntos en los que no hay acuerdo es en la propuesta del Gobierno sobre endeudamiento, que le permitiría endeudarse sin pasar por el Congreso.
Provincias
Los gobernadores, por su parte, tampoco están en los mejores términos con el gobierno libertario.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) sostuvo esta mañana que no se ha logrado “un diálogo sano y maduro” entre el presidente, Javier Milei y los gobernadores, y aseguró que se produjo un “desgaste muy complejo” en las negociaciones sobre la Ley “Bases”. El reclamo es que se coparticipe el Impuesto PAIS, que recauda unos $ 500 mil millones, pero la idea fue rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año. El Gobierno no quiso discutir nada sobre materia tributaria y los gobernadores aceptarían diferir la discusión siempre y cuando se les asegure el flujo de fondos para las cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba.
Al cierre de esta nota, con 134 votos afirmativos y 121 negativos, Diputados había aprobado las emergencias en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Pero se quitaron la emergencia fiscal, previsional y de salud (aunque éstas se mantienen en el DNU 70/2023).
Por su parte, De Loredo —quien adelantó en declaraciones a los medios que su no había alcanzado “consensos” con el oficialismo sobre delegación de facultades, privatizaciones de empresas públicas, coparticipación del Impuesto PAIS y seguridad—, pidió que los artículos 4 y 5 del capítulo II de la Ley Ómnibus, que regulan los superpoderes que quiere obtener Milei se traten uno por uno por ser “contenidos relevantes”.