Redacción Canal Abierto | La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, compuesta por más de 90 organismos, personalidades destacadas, organizaciones sociales y sindicatos, denunció judicialmente el uso de químicos durante la represión a las protestas que se dieron en las inmediaciones del Congreso en el marco del debate por la ya caída Ley Ómnibus.
La presentación penal adjunta la información recabada por las organizaciones en el lugar y al momento de los hechos.
Así, denuncian el uso por parte de las fuerzas de seguridad de “un compuesto químico, altamente tóxico e irritante que por sus consecuencias y efectos califica como instrumento de tortura, que viene siendo usado de manera indiscriminada contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a peticionar ante las autoridades o se solidarizan con esas personas”.
“Resulta imprescindible determinar qué autoridades –continúa el texto-, del Ministerio de Seguridad de la Nación u otras áreas, han autorizado su uso, lo que implica su previa adquisición por parte del Estado Nacional y /o de la Ciudad, así como los protocolos de su uso comunicados a las fuerzas que los vienen empleando en perjuicio de la población”
“Nos encontramos ante una grave situación de violencia institucional que amerita que lo aquí denunciado sea investigado, ya que arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva a las personas es altamente peligroso y dañino para la salud, y ello se potencia cuando quienes lo hacen son los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales, que responden a una cadena de mandos jerárquica que confluye, a nivel nacional, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy a cargo de Patricia Bullrich, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, hoy a cargo de Waldo Wolff”, agregan.
“Debe determinarse no sólo quiénes son los funcionarios del aparato de seguridad que estuvieron en la primera línea de fila de la represión, sino quiénes son las autoridades que ordenaron el uso de estas sustancias”, reclaman.
El elemento apuntado es un gas amarillo altamente tóxico rociado por las fuerzas de seguridad federales sobre quienes se manifestaban en las calles en los últimos días.
Los que lo experimentaron en carne propia, entre ellos algunos legisladores y periodistas, lo describieron como una sustancia oleosa que genera un dolor similar a “una quemadura”.
Canal Abierto publicó una nota con detalles de la sustancia y recomendaciones para las personas afectadas.
Esta semana, integrantes de la Red por los DDHH y la Democracia presentaron ante las más altas autoridades de la ONU una denuncia sobre las violaciones del gobierno de Javier Milei al sistema democrático, los derechos humanos y el derecho al desarrollo.
A principio de enero, el espacio también había presentado ante la justicia un pedido para que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70/23.
La actual presentación judicial está firmada por: CTA Autónoma; Asociación Civil Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias (En Foco); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos; Asociación Civil Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos; Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Servicio Paz y Justicia; Instituto Espacio para la Memoria; Asociación de Trabajadores del Estado; Asociación Civil Grupo de Litigio Estratégico; Asociación Civil Moreno por la Memoria; Asociación Argentina de Juristas y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos con el patrocinio de CORREPI, CADEP, Gremial de Abogadxs, y el Equipo de la Multisectorial de Jujuy.
Te puede interesar: Gas amarillo: la nueva estrella del protocolo Bullrich