Redacción Canal Abierto | A muy poco de asumido, la primera medida del gobierno de Javier Milei fue el ya famoso DNU 70/2023, anunciado el 20 de diciembre último por cadena nacional.
Compuesto por 366 artículos, que implicaron modificaciones —como el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales— y derogaciones de leyes —como la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Promoción Industrial o la Ley de Abastecimiento—, el megadecreto significó una inmediata reacción popular y distintas presentaciones judiciales para ponerle un freno. Pero no había encontrado un obstáculo en el Poder Legislativo. Hasta ahora.
Otro hito que puso el DNU de vuelta en el candelero fue la publicación de la carta de la expresidenta y vice Cristina Fernández, quien le dedicó un párrafo donde lo llamó, junto con la Ley Ómnibus, dos instrumentos que constituyen “un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y lo que es más grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional”.
Y es que con la caída de la Ley Ómnibus y el frente abierto por el propio Milei con los gobernadores de todo el arco político, la oposición en las Cámaras, compuesta mayoritariamente por legisladores de Unión por la Patria, se envalentonó y planea pedir una sesión especial para tratar el DNU.
La idea es pedir esta sesión el viernes 23 de febrero, día en que se realizará la sesión preparatoria del Senado para designar las autoridades de la Cámara Alta, según detalló Tiempo.
Otro hito que puso el DNU de vuelta en el candelero fue la publicación de la carta de la expresidenta y vice Cristina Fernández, quien le dedicó un párrafo donde lo llamó, junto con la Ley Ómnibus, dos instrumentos que constituyen “un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y lo que es más grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional”.
La vía judicial
A fines de enero, la Cámara Nacional del Trabajo admitió el amparo presentado por la CGT contra el DNU 70/2023 y anuló todo el capítulo laboral, que representaba una reforma de corte liberal más dura que la flexibilización de los 90.
Se acaba de presentar un recurso extraordinario para que la Corte Suprema trate el DNU, con la firma de Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, María Eva Koutsovitis, del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y Fernando Cabaleiro, abogado de la Asociación Naturaleza de Derechos.
El tribunal declaró la “invalidez constitucional del Título IV” del DNU y fue tajante al señalar que aquello que el Gobierno buscó hacer a través de un decreto, al menos en términos de reforma de las leyes laborales, debió haberse realizado por la vía legislativa.
En respuesta, el Gobierno acaba de presentarse ante la Corte Suprema a través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), a cargo de Rodolfo Barra, para que revierta el fallo.
Mientras tanto, se acaba de presentar un recurso extraordinario para que la Corte Suprema trate el DNU, con la firma de Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, María Eva Koutsovitis, del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y Fernando Cabaleiro, abogado de la Asociación Naturaleza de Derechos.
El pedido fue recibido por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que preside Marcelo Duffy.
Éste no es el primer recurso presentado ante la Justicia. Otro amparo llevado adelante también por Lozano y Baldivieso, esta vez con el acompañamiento de Hugo “Cachorro” Godoy (titular de la CTA Autónoma) y Rodolfo Aguiar (secretario General de ATE), avanzó en los Tribunales hasta que el juez Enrique Lavié Pico decidió que el proceso no era “colectivo” sino “individual”, lo que permitió que la Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en un fallo firmado por los jueces Carlos Grecco y Sergio Fernández, lo rechazara.
Por su parte, la Federación Interactiva para Promover la Cultura del Agua presentó otro amparo ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo en contra del decreto, pero particularmente oponiéndose al artículo 154 que deroga la Ley 26.737, conocida popularmente como Ley de Tierras.