Redacción Canal Abierto | En Argentina casi 8 millones de personas acceden a una vivienda a través del alquiler. El dato, relevado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) da cuenta de un fenómeno creciente que afecta a cada vez más argentinos, incluso por fuera de las grandes ciudades: la imposibilidad de acceder a una vivienda propia.
Este fenómeno se da, desde diciembre, en un marco que lo agrava: “Las desregulaciones que propone el gobierno de Milei en el mercado de alquileres promueven una profundización de la crisis de acceso a la vivienda con implicancias difíciles de dimensionar, pero todas generando mayor exclusión y mayores asimetrías en los sectores populares”, sostiene el informe.
De acuerdo con el análisis histórico del IEF, basado en los censos nacionales, en 1940 la población inquilina era del 62%. Población que descendió meteóricamente a un 27% en 1960, luego de las políticas habitacionales de las presidencias de Juan Domingo Perón que permitieron a millones cumplir el sueño de la casa propia.
Para el IEF, la mirada actual que lidera el abordaje de políticas públicas para la cuestión de la vivienda es la que impone el sector inmobiliario, que restringe este derecho a “un problema entre particulares, desestimando o naturalizando las prácticas abusivas”.
Consecuencias de la desregulación
En los hechos, con la derogación de la Ley de Alquileres que implicó el DNU 70/2023, el mercado quedó sin políticas de intervención o control estatal, lo que significó un acortamiento en los plazos de los contratos, incrementos atados a la inflación y un alza en los precios que no tiene techo.
A un mes de la derogación, la organización Inquilinos Agrupados realizó la Encuesta Nacional Inquilina en todo el país, que arrojó datos esclarecedores: el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos menores a 6 meses, de los cuales el 25% es cada 3 meses. Antes del DNU, el 69% de los contratos contemplaba actualización anual. A esto se suma que el 51% de los contratos firmados en el último mes tienen menos de un año de duración.
“Las desregulaciones que propone el gobierno de Milei en el mercado de alquileres promueven una profundización de la crisis de acceso a la vivienda con implicancias difíciles de dimensionar, pero todas generando mayor exclusión y mayores asimetrías en los sectores populares”.
Por su parte, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), que releva mensualmente los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, estableció que en febrero, alquilar un monoambiente en territorio porteño cuesta, en promedio, $280.000 (259% interanual). Por su parte, el alquiler de un dos ambientes ronda los $350.000 (311,8% interanual), y un tres ambientes, $500.000 (284,6% interanual). El 41% de las ofertas son en dólares.
La agrupación, junto a Por un Hogar en Argentina, presentó el mismo 29 de diciembre, día de entrada en vigencia del decreto, un pedido de nulidad en el fuero Contencioso Administrativo, que luego el juez Enrique Lavié Pico envió a la justicia Civil. Ésta lo rechazó la semana pasada.
Evolución histórica y actualidad
De acuerdo con el análisis histórico del IEF, basado en los censos nacionales, en 1940 la población inquilina era del 62%. Población que descendió meteóricamente a un 27% en 1960, luego de las políticas habitacionales de las presidencias de Juan Domingo Perón que permitieron a millones cumplir el sueño de la casa propia.
El descenso, explicado por la mejora inercial en la distribución del ingreso que mejoró las condiciones de vida de los sectores trabajadores, se mantuvo hasta 1991 (12%), momento en que comenzó a estancarse y, en 2001, a revertirse. Desde entonces la población inquilina comenzó a crecer y en 2022 llegó al 21%, niveles similares a los hace sesenta años. Para el IEF, hay que entender este hecho “como parte del proceso neoliberal de acumulación del capital sobre la tierra y la vivienda”.
El alquiler posee una fuerte incidencia en las grandes urbes, pero en un análisis más pormenorizado se encuentran “ejemplos de pequeñas urbes que poseen niveles muy altos de hogares inquilinos, principalmente en la región patagónica. Esto se debe a que ciertos enclaves productivos, principalmente vinculados a la explotación minera, de hidrocarburos, el turismo o el cultivo de soja, se han vuelto atractivos para la inversión inmobiliaria”, destaca el IEF.
Es el caso de Ushuaia, ciudad donde el 36% de los hogares son alquilados, y posee un importante déficit habitacional, con un gran número de viviendas precarias. Otros ejemplos son El Calafate y El Chaltén, donde en una población de 25.500 personas, casi 10.000 alquilan (un 38% de la población). O el Departamento de Juárez Celman, al sur de Córdoba, donde el 23% de los hogares son rentados.