Redacción Canal Abierto | El shock ortodoxo, como se conoce en el mundo económico al paquete de medidas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei para combatir la inflación, es, según el manual libertario, una estrategia infalible.
Incluso desde la heterodoxia, muchos consideran que es posible que el Gobierno tenga éxito a la hora de controlar la escalada de precios, aunque le critiquen que en el camino pulverizará los salarios y las condiciones de vida de la amplia mayoría de la población.
Sin embargo, hay quienes creen que incluso haciendo lo segundo, no logrará lo primero. En otras palabras, que un shock ortodoxo aplicado a la economía argentina actual conducirá a una tragedia social: consumo en picada, economía estancada y una inflación fuera de control. En esa línea se encuentra el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO), que acaba de publicar un informe titulado Shock ortodoxo: ¿alcanza para estabilizar?, donde se cuestionan si el desenlace de este plan será el paraíso que Milei promete.
Según explica el estudio, el Gobierno entiende la inflación como un fenómeno “puramente monetario”. De esta manera, considera que sin emisión monetaria, ajustando el gasto y “enfriando” la demanda la inflación comenzará a ceder.
Ligado a lo anterior, el programa económico parece basarse en cuatro anclas: la fiscal (recorte del gasto, sobre todo a las provincias, los subsidios al transporte y la energía, y los ingresos de jubilados y estatales); la salarial; la cambiaria (microdevaluaciones diarias para alcanzar el 2% mensual); y la monetaria-financiera (a partir de la implementación de una tasa de interés que se encuentra sustancialmente por debajo de la inflación y la licuación del stock de pesos de la economía).
Sin embargo, desde el CESO señalan que “en un escenario como el actual, el factor inercial resulta un componente clave y si no se lo combate difícilmente la inflación pueda ceder sostenidamente”, y añaden que “ninguna de las anclas mencionadas parece atender este problema”.
El éxito de la dolarización precaria dependerá mucho de la confianza que se genere en el comienzo del nuevo régimen —detallan en el CESO—. Bajo esta dolarización sólo se convertirían los billetes y monedas en circulación, por lo que resulta indispensable que el programa sea lo suficientemente creíble para que al momento de implementarse no haya un retiro masivo de depósitos en dólares; caso contrario la dolarización moriría durante el parto”.
En esa línea explican que, en un régimen de alta inflación, cualquier suba brusca de precios en variables clave para la economía (como el dólar o las tarifas) “acelera la inflación no sólo en el presente, sino también hacia adelante”.
Siguiendo esta línea, el próximo aumento relevante es el de tarifas de los servicios públicos (energía eléctrica y gas natural), que impactará fuertemente en la inflación de los próximos meses ya que se calculan aumentos con porcentajes de tres dígitos. También existen cuestiones estacionales, como el comienzo del ciclo lectivo o del invierno, y muchos precios que ya se encuentran plenamente indexados, como los alquileres o los combustibles. Todo esto provocará “una nueva ronda” inflacionaria, anticipan desde el CESO.
Además, desde el CESO alertan sobre que “el ancla cambiaria parece no ser sostenible”.“En la medida que se acerquen los meses donde se liquida la cosecha gruesa, y el tipo de cambio actual vaya perdiendo frente a la inflación, aparecerán las presiones de los distintos grupos exportadores para una nueva devaluación —detalla el estudio—. Cuando esto suceda, nuevamente tendremos otra ronda de aumentos de precios que acelerará o mantendrá (según el futuro ritmo de la política cambiaria) la inflación a niveles elevados, aún en un contexto de fuerte programa de ajuste con una economía en franca recesión”.
Las opciones del Gobierno
¿Qué podría hacer el Gobierno frente a este escenario que, según este análisis, suena inevitable?
Desde el CESO consideran que una alternativa que podría tomar es “continuar con el ajuste sumando una nueva devaluación que les permita seguir acumulando reservas” pero “sosteniendo una inflación muy elevada”. “Posiblemente, un camino de derrota, que signifique el fin del período de tolerancia que parte de la sociedad le dio a este gobierno y lo deje prematuramente sin chances electorales para el 2025”, plantean.
“Otro camino posible, y quizá el único en mente del actual gobierno, es encarar una dolarización”, especulan. Pero para realizar una dolarización plena “debería contar con una cantidad de reservas disponibles que hoy decididamente no cuenta; o bien aplicar un fuerte salto cambiario previo”.
Para encarar una dolarización precaria (de “competencia de monedas”), desde el Centro analizan que requeriría utilizar “parte de las reservas que corresponden a depósitos del sector privado en los bancos” o hacerlo “bajo una hipótesis de insolvencia en caso que China solicite la no renovación del swap, hecho probable dada la política exterior de choque con el país oriental”.
Sin embargo, ambas alternativas presentan riesgos inmediatos, de corto y mediano plazo y no garantizan resolver el problema inflacionario.
En un régimen de alta inflación, cualquier suba brusca de precios en variables clave para la economía (como el dólar o las tarifas) “acelera la inflación no sólo en el presente, sino también hacia adelante”.
La libre “competencia de monedas” seguramente implique una nueva devaluación que daría lugar a un nuevo salto de precios. “El éxito de la dolarización precaria dependerá mucho de la confianza que se genere en el comienzo del nuevo régimen —detallan en el CESO—. Bajo esta dolarización sólo se convertirían los billetes y monedas en circulación, por lo que resulta indispensable que el programa sea lo suficientemente creíble para que al momento de implementarse no haya un retiro masivo de depósitos en dólares; caso contrario la dolarización moriría durante el parto”.
En el corto plazo, el Gobierno debería poder continuar con la acumulación de reservas sin generar ningún ruido de mercado adicional que provoque un incentivo a retirar depósitos bancarios, “algo para nada sencillo en nuestra economía”, aseguran.
En lo que respecta a los problemas de mediano plazo, desde el CESO recuerdan que, a partir de 2025, Argentina deberá enfrentar vencimientos de deuda con privados y FMI de entre US$ 12.000 millones y US$ 20.000 millones por año, algo que de no mediar renegociación de los acuerdos, no se podrá pagar. A los que hay que sumarles los vencimientos de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), la nueva deuda que contrajo el Banco Central para resolver la deuda de los importadores: US$ 2.000 en 2025, US$ 3.000 en 2026 y US$ 5.000 en 2027.
“La posible devaluación previa a su implementación y las pujas intersectoriales que puede desatar acomodar los precios e ingresos a la nueva moneda, podrían generar una elevada inflación en los primeros meses de implementado el nuevo orden monetario”, concluyen.
Ilustración: Marcelo Spotti