Redacción Canal Abierto | Adriana Arce es una reconocida militante del ámbito de los derechos humanos. Fue secuestrada y estuvo desaparecida durante la dictadura, vivió en el exilio y desde hace tiempo trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el predio de la ex ESMA, encabezando una investigación de la cual es la única testigo. La despidieron en estos días.
En realidad, es parte de un grupo de 26 contratos que el gobierno no renovó tanto en la Secretaría como en el Archivo Nacional de la Memoria y en algunos ex Centros Clandestinos que funcionan como Sitios de Memoria, sin motivo, y que parecería ser el adelanto de un recorte mayor.
Por ejemplo, en el Regimiento Nº 9 de Corrientes echaron a las tres personas que sostenían el espacio.
“Evidentemente el objetivo es desmantelar las políticas de memoria, verdad y justicia, porque ellos pertenecen al negacionismo más duro, y nosotros tenemos que defender nuestra historia, porque si la memoria se deja de construir permanentemente empieza a instalarse el olvido y perdemos la única garantía de no repetición”, comienza señalando Adriana a Canal Abierto.
“Para instalar esa otra historia que lidera la vicepresidenta –continúa-, es necesario deshacerse del personal que viene trabajando en el predio de la ESMA, es el punto neurálgico, ahí desaparecieron 5 mil compañeros, ahí está el avión del cual los tiraron al mar”.
Pero además, denuncia el carácter arbitrario e injustificado de la decisión del secretario Alberto Baños: “En el Espacio de la Memoria hemos puesto la huella siempre para entrar y para salir, allí no hay casta, no hay ñoquis, hay trabajadores comprometidos con las políticas de memoria, verdad y justicia”.
“Tenemos que lograr que el 31 de marzo, que se vencen los contratos de esta modalidad siniestra que es el Artículo 9, se renueven, porque sino todos los sitios de memoria se quedan casi sin personal, la mayoría está allí, son casi 100 compañeros”, agrega.
El sueldo de febrero Adriana lo cobró con diez días de demora, sin ningún motivo explicitado. Solicitó una reunión con el secretario que nunca logró. En un acto, lo encontró y se presentó, le contó cual era su trabajo y su investigación. El funcionario le dijo que arregle una reunión con su secretaría, algo que tampoco pudo concretar. Luego Baños se fue de viaje a Costa Rica y dejó los telegramas de despido. ATE se manifestó en el Ministerio de Justicia, pero el ministro dijo que ese era un tema que debía atender el secretario.
“Me preocupan mis compañeros, muchos son jóvenes, tienen familia y lo que está pasando es una barbaridad. El cuerpo de delegados de ATE está trabajando sin descanso en esto”, sintetiza.
Única testigo
En mayo de 1978 Adriana tenía 30 años, tenía tres hijos y estaba embarazada, era maestra y activista sindical. Fue secuestrada y sobrevivió al centro clandestino de detención que funcionó en la caballeriza de la Fábrica de Armas Domingo Matheu. Luego fue trasladada al batallón de Comunicaciones 121 de Rosario. Más tarde la legalizaron y terminó en Devoto. Al salir se tuvo que exiliar en España hasta 2004. Adriana fue una testigo de un golpe comando que dio el ejercito en el Palacio de Tribunales de Rosario en la madrugada del 8 de octubre de 1984, en plena democracia, para robar documentación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, incluida la declaración que ella misma había dado horas antes. Ya hubo una sentencia con condenados por esos hechos, pero todavía quedan cosas por investigar. Y para eso ella volvió a vivir al país.
Así lo cuenta: “Después de estar desaparecida, cuando salí en libertad de la Fábrica Militar de Armas donde caí embarazada y me hicieron un aborto sin anestesia, estaba muy mal, toda la ropa sucia de sangre, me llevaron a un departamento en el centro de Rosario para que viniera un médico militar a verme, me hicieron bañarme y vi por la ventana un edificio con una propaganda, ubiqué el lugar porque mi mamá vivía a tres calles de allí. Cuando salí en libertad, fui a buscar especialmente ese departamento. Cuando lo tuvimos identificado lo denunciamos en CONADEP, fuimos al juzgado y se hizo un allanamiento y ahí cayó el fichero de las casas operativas del Segundo Cuerpo del Ejército, se hicieron 16 allanamientos, se llenó un camión de la policía con documentación y cuando llegamos yo empecé a declarar y fui la única que llegó a ver parte de esa documentación en esta declaración”.
“Me mandan a mi casa con custodia –prosigue el relato-, a las 3 de la mañana el policía me dice que no se puede quedar, que le ordenaron que se marche porque un comando había tomado por asalto el Palacio de Tribunales y se había llevado todo. Entonces salí inmediatamente del país, pero siempre seguí denunciando este robo de Tribunales. Lamentablemente como pasó tanto tiempo la gente de CONADEP se fue muriendo, el juez también, quedé solamente yo denunciando esto. Con gran sorpresa un día recibí un llamado del TOF 2 diciéndome que se había logrado abrir la causa, a partir de otra causa en la cual estaba imputado un militar en cuyo legajo había un pedido de ascenso por haber participado del asalto a los tribunales de Rosario en el marco de una operación especial de inteligencia”.
Adriana es la única persona viva que queda de aquel momento, la única que llegó a ver la documentación. No hay nadie más que pueda reconocer esos papeles, en caso de que alguna vez aparezcan.
“En todos los medios del mundo salió esto, acá no se le dio importancia, es la primera vez que toman un Palacio de Tribunales y se llevan todas las pruebas, pero no hubo cobertura a pesar de las denuncias de los organismos. Es tremendamente importante porque sucede en democracia, durante el gobierno de Alfonsín, el ejército no tuvo en cuenta para nada a su Comandante en Jefe, el Presidente de la Nación, y actuó de forma ilegal”, explica.
La documentación sustraída era prueba de crímenes contra la humanidad. Había un archivo de todos los desaparecidos del Segundo Cuerpo, agendas, registro de operativos, etc.
“La medida que tomó el gobierno fue pasar a retiro al Comandante en Jefe del Segundo Cuerpo, Vítor Pino Cano, pero esto requiere que se pida la desclasificación, porque la información debe estar en los archivos de Inteligencia y eso es lo que estamos tratando de investigar. Yo supe que el actual Secretario no quería seguir con esta investigación, porque siempre la historia que se vendió era que se trató de mano de obra desocupada, pero fue la mano de obra ocupada, el Ejército. La realidad es que esto no se puede seguir por las ideas que tiene Villarruel”.
Memoria, a pesar de todo
“Ante esta situación nosotros tenemos que estar todos juntos el 24 en la calle, como todos los años pero esta vez más que nunca porque tenemos que defender lo que hemos logrado construir. Es tan difícil reconstruir las historias cuando han pasado tantos años, tan difícil encontrar los documentos, tanto sufrimiento de las madres, las abuelas, los hijos, los nietos recuperados”, dice Adriana Arce.
“Gracias al trabajo que hicieron los organismos de derechos humanos y los sindicatos pudimos recuperar la verdadera imagen de nuestros compañeros y es altamente positivo que las dos CTA, la CGT, los sindicatos, especialmente de los estatales, principalmente ATE, estén convocando conjuntamente a esta marcha que tiene que ser multitudinaria para que le haga entender que aquí hay una población que tiene memoria, porque esta gente ha venido a implementar el mismo plan económico de la dictadura”, concluye.
Fotos internas: Seniales.blogspot