Redacción Canal Abierto | En su primer 24 de Marzo, el Gobierno sentó su posición respecto del genocidio que padeció nuestro país entre 1976 y 1983. Lo hizo a través de un video sin firma, pero que fue difundido por la cuenta oficial de YouTube de la Casa Rosada, sitio que también sirvió como locación de rodaje para los testimonios de Juan Bautista «Tata» Yofre y Luis Labraña, y replicado por las principales figuras del gobierno.
Responsable de SIDE (hoy AFI) durante el gobierno de Carlos Menem, y con una trayectoria en el periodismo a través de libros hechos en base a archivos de inteligencia de dudosa procedencia, Yofre es quien hace un relato en el que busca hilar la previa del golpe del 76, con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia implementadas desde el gobierno de Néstor Kirchner. Lo curioso es que el período 1976-1983 es omitido.
Lejos de ayudar a “completar” la historia, el relato de Yofre genera confusión y mezcla fechas y personajes con el fin de poner un manto de sospecha sobre las políticas de derechos humanos implementadas en las últimas décadas.
Quizá el intento más burdo sea la mención de Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, a quienes Yofre sindica como “abogados del ERP”, en el contexto del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de estado, instancia en la que al haber plata de por medio se sugieren intereses espurios.
Si bien ambos defendieron a los militantes del ala armada del PRT en la causa por el secuetro y asesinato del generte de FIAT Oberdán Sallustro y a los detenidos en Trelew, la sindicación política partidaria de Duhalde y Ortega Peña era el peronismo.
Tampoco queda claro cómo Ortega Peña estuvo vinculado al proceso de las indemnizaciones, siendo que fue asesinado por la Triple A en 1974, dos años antes del inicio de la dictadura responsable de las desapariciones por las que se pagaron dichas indemnizaciones.
Por otra parte, Yofre omite que el resarcimiento económico fue determinado por la CIDH e implementado en 1998, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, del que él mismo había formado parte.
Del total de indemnizaciones pagadas, sólo 13 fueron judicializadas. Fue a partir de una denuncia del militar retirado José D´Angelo, quien es autor del panfleto La estafa de los desaparecidos. Mentiras y millones, libro que fue recomendado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
“Los organismos de derechos humanos de la Nación cobraron el diezmo”, provoca Yofre luego. Aquí aparece una nueva confusión. ¿A qué se refiere con Organismos de Derechos Humanos de la Nación? Por un lado están los organismos de derechos humanos -Abuelas, Madres, HIJOS; Serpaj, CELS- y por otro la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, un ente estatal. Las pruebas, nuevamente, “te las debo”.
¿Qué implica cobrar un diezmo? ¿A que algún hijo o madre de desaparecidos tras cobrar la indemnización decidió donarla -total o parcialmente- al organismo en el que milita?¿ O a que fueran presionados para hacerlo? Yofre puede insinuar lo que quiera, hace años que vive de ese número artístico. Pero es más grave cuando quien presta la plataforma para que ese mensaje se difunda es el Estado. Si hay alguna prueba o indicio de delito, el funcionario que la tenga está obligado a hacer la denuncia ante la Justicia.
En el mismo sentido va al testimonio de Luis Labraña, quien se adjudica haber inventado el número de 30.000. Según el montonero arrepentido, ese fue el número de indemnizaciones que se pagó, aunque no se presente ninguna documentación que respalde esa información.
El video se completa con la historia de María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola y hermana de María Cristina Viola, de 3 años, asesinados en un atentado adjudicado por el ERP en 1974. El testimonio busca reflotar la teoría de los dos demonios y equiparar a las víctimas de las organizaciones armadas con las del terrorismo de Estado.
Lo que el video no cuenta es que el caso fue juzgado y hubo condenas. El proceso judicial se desarrolló en 1979 y culminó con las condenas de Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Núñez y Miguel Norberto Vivanco. Los cuatro primeros pasaron más de una década presos, hasta que a finales de los 80 accedieron a libertad condicional por haber cumplido parte de la pena. Vivanco falleció en 1980, mientras cumplía la condena.