Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata condenó a los 12 imputados en el Juicio Brigadas por los delitos de lesa humanidad cometidos en el los Pozos de Banfield, de Quilmes y de San Justo, y “El Infierno” de Lanús (ubicado en Avellaneda), que no fueron otra cosa que centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio que funcionaron entre 1974 y 1979 en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense en las localidades de Banfield, Quilmes, Lanús y La Matanza. Fueron más de cuatro años de debates orales y públicos y se revisaron 605 casos.
Las condenas
Federico Antonio Minicucci, perpetua.
Guillermo Alberto Domínguez Matheu, perpetua.
Carlos Gustavo Fontana, perpetua.
Alberto Julio Candioti, 25 años.
Jorge Héctor Di Pasquale, perpetua.
Carlos María Romero Pavón, perpetua.
Roberto Armando Balmaceda, perpetua.
Jaime Lamont Smart, perpetua.
Juan Miguel Wolk, perpetua.
Enrique Augusto Barre, absuelto. Se ordenó su inmediata libertad.
Jorge Antonio Bergés, perpetua.
Luis Horacio Castillo, perpetua.
En una sala colmada, brillaron por su ausencia dos de los jueces, que solo estuvieron presentes a través de la plataforma virtual. El presidente del tribunal encargado de comunicar las sentencias insistió vehementemente en exigir a los imputados que encendieran las cámaras del zoom desde el que siguieron la audiencia por videoconferencia, y se plantó ante los represores que pretendieron hablar durante la lectura para intentar excusas por no estar escuchando el fallo o estar hablando por teléfono celular.
Castillo, Barre y Candioti enfrentaban un juicio por primera vez en su vida. El resto ya tiene otras condenas. La abogada querellante Guadalupe Godoy señaló sobre la única absolución: “Absuelven a Barré, el que representaba Cúneo Libarona”.
Los siete militares, cuatro policías bonaerenses y un civil fueron acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, sustracción, ocultación y retención de menor de 10 años, homicidio calificado con alevosía, desaparición forzada agravada por muerte. En algunos casos agregaron el delito de aborto forzado y trabajo esclavo.
Salvo Di Pasquale, que se encuentra detenido en Campo de Mayo, todos llegaron a la sentencia en sus hogares gozando del beneficio de la domiciliaria.
Lamont Smart, el único civil de la causa, dio órdenes y fue parte del Ejecutivo de la provincia como Ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean.
Candioti, exmilitar argentino, fue extraditado desde Uruguay para este juicio. Fue agente del Batallón 601 con destino en Santa Fe durante la dictadura. Es abogado, fue vicepresidente del Club Colón y asesor del presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona durante más de 10 años.
En 2022 juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la Instrucción de las causas de lesa en La Plata, procesó a varios de los imputados por perseguir, detener y torturar a ocho mujeres travestis en el Pozo de Banfield entre 1976 y 1983. Fue por pedido e investigación de la fiscalía. A partir de allí se sumó la Brigada de San Justo como otro centro de detención en el juicio.
Todo está guardado en la memoria
La investigación fue impulsada hace más de una década por, entre muchas otras y otros, Adriana Calvo y Nilda Eloy, ambas ex desaparecidas y referentes del movimiento de derechos humanos, y de María Isabel Chorobik “Chica” de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, las tres ya fallecidas.
Nilda Eloy reconoció en el Juicio por la Verdad en 1998 la voz de su violador Miguel Ángel Ferreyro, imputado en este juicio pero que murió impune en octubre de 2021.
Roque Carlos Presti, padre de Alberto Presti, actual jefe del Ejército nombrado recientemente por Javier Milei, fue uno de los que interrogó a Adriana Calvo en cautiverio.
El testimonio de Adriana incorporado a este juicio fue el de su declaración en el proceso contra el genocida Miguel Etchecolatz, en 2006.
En el Pozo de Banfield nació y fue apropiado Daniel Santucho, el último nieto recuperado por Abuelas en 2023. También fue apropiada allí María Victoria Moyano Artigas, quien recuperó su identidad en 1988.
En el juicio se analizaron también delitos sexuales y persecución al colectivo de la diversidad. Tanto las querellas como la Fiscalía acusaron por los delitos sufridos por Valeria del Mar Ramírez, sobreviviente perteneciente a la comunidad travesti trans.
Participaron del proceso Elsa Pavón, una de las primeras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo, Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices, y Nora y Marta Ungaro, hermanas de Horacio, uno de los estudiantes secundarios secuestrados el 16 de septiembre de 1976 que junto a Claudio de Acha, Daniel Racero, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone estuvieron en cautiverio en el Pozo de Quilmes y el Banfield que comandaba Juan Miguel “El Nazi” Wolk, y su segundo Enrique Barre. Los siete estudiantes permanecen desaparecidos.
También se juzgó el caso de Raúl Bonafini, militante del PCML, desaparecido en diciembre de 1977 e hijo de Hebe Pastor de Bonaifni, histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo, y el de los padres y los tíos de la diputada del FIT Alejandrina Barry.
El veredicto fue transmitido en vivo
Impunidad biológica
Desde el inicio del debate, el 27 de octubre de 2020, fallecieron impunes seis imputados. Cerca de 500 testigos prestaron declaración ante el Tribunal integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
El juicio arrancó con 18 imputados vivos. Murieron seis en el camino: Miguel Ángel Ferreyro (21-10-2021), Ricardo Armando Fernández, Miguel Osvaldo Etchecolatz (2-7-2022), Carlos del Señor Hidalgo Garzón (01-12-2022), Emilio Herrero Anzorena (11-6-2022) y Eduardo Samuel De Lio (2023). Solo uno de ellos estaba en la cárcel. Los otros en sus casas.
La querella del colectivo Justicia Ya había pedido durante su alegato prisión perpetua en cárcel común para todos los imputados por el crimen de “genocidio”, que fue incorporado en 1956 en el artículo 118 de la Constitución Nacional y en artículo 75 inciso 22 de la reforma constitucional del 94. De hecho, desde la reapertura de los juicios en 2006, varios tribunales argentinos emitieron condenas por genocidio en más de 26 causas.
El portal La Retaguardia hizo un seguimiento completo del juicio con transmisiones de audiencias en vivo incluidas.
Todos los imputados
El ex ministro de Gobierno, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones Zona Metropolitana, Juan Miguel Wolk; el segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones, Enrique Augusto Barre; el entonces médico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Antonio Bergés; el ex cabo de la Brigada de Investigaciones de Lanús, Miguel Ángel Ferreyro (f.2021); el ex jefe del Batallón de Depósitos de Arsenales 601, Eduardo Samuel De Lío (f.2023); y el ex jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci. También fueron juzgados los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, que era la unidad de inteligencia que articulaba con las subzonas militares con sede en La Plata y en La Tablada, jurisdicciones castrenses de las cuales dependían los centros clandestinos: el jefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; el jefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda; los jefes del Grupo de Actividades Especiales en diferentes momentos, Emilio Alberto Herrero Anzorena (f.2022) y Ricardo Armando Fernández (f.2022); el jefe de la Sección Comando y Servicio, Alberto Julio Candioti; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; los entonces capitanes Carlos Gustavo Fontana y Carlos del Señor Hidalgo Garzón (f.2022); y el segundo jefe del Destacamento, Antonio Herminio Simón; Miguel Osvaldo Etchecolatz (f.2022), fue director de Investigaciones de la policía bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps durante la dictadura.
Foto principal: Concentración en las afueras del tribunal. Fuente: Radio Provincia.