Redacción Canal Abierto | A pura motosierra indiscriminada, el recorte presupuestario de Javier Milei llegó a todas las áreas, incluso a las más sensibles y exitosas. Es el caso del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) del Ministerio de Salud de la Nación, que en muy pocos años logró reducir en un 50% el embarazo adolescente.
“Está es una pésima decisión. Hay pocos programas en la Argentina diseñados en base a la evidencia y con un sistema de evaluación que haya mostrado mejores resultados que el ENIA que en solo 5 años redujo a la mitad los embarazos en niñas y adolescentes”, se quejó en su red social X (ex Twitter) la diputada del PRO Silvia Lospennato.
Y es que el programa se implementó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, en doce provincias, y luego se extendió en tiempos del Frente de Todos a todo el país debido a su éxito y su bajo costo operativo.
“Diferentes referentes de distintos partidos políticos de distintas organizaciones se han manifestado a favor de la continuidad de este plan, justamente porque previene situaciones que no son deseadas. Esto es muy importante porque hay un consenso generalizado de que esta política le sirve al país en general y les sirve a las jóvenes. Argentina es un ejemplo”, asegura Victoria Ruiz, secretaria progremial de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Salud de la Nación.
El Plan y sus costos
El ENIA consiste en programas de sensibilización, consejerías, asesorías en salud sexual y reproductiva en escuelas, en centros de salud, espacios comunitarios y en otras instituciones. Los asesores brindan información y facilitan el acceso a métodos anticonceptivos, gestionan turnos en centros de salud y ofrecen escucha activa a las adolescentes que lo requieren, para promover decisiones libres e informadas y prevenir y abordar el abuso sexual y el embarazo forzado.
“Esto implica la articulación de actores entre, por ejemplo, personal del salud o educación y organizaciones de la sociedad civil; la generación de acciones en modalidad de taller. Son múltiples las intervenciones que se desarrollan para poder abordar de manera integral esta problemática. Pero si nos ponemos a pensar, la intervención del Estado en todo el proceso del embarazo en la adolescencia y en el nacimiento es muchísimo más caro que generar acciones de promoción y de prevención”, explica Ruiz.
El planteo que hacen los trabajadores del programa tiene un punto: incluso un argumento estrictamente economicista es inválido para denostar este plan, porque llevarlo adelante es mucho más barato para las arcas públicas que las consecuencias de no hacerlo.
Desde el punto de vista humano, las consecuencias de desmontarlo son todavía más costosas. Puesta a responder qué significa para la vida de una adolescente quedar embarazada cuando no lo desea, Ruiz es categórica: “Condiciona y vulnera sus posibilidades. Primero, el derecho a la educación, porque las jóvenes que quedan embarazadas, cuando este embarazo no está planificado, hace que tengan que dejar la escuela o que empiecen a tener dificultades para poder continuar sus estudios, poder pensar en estudiar una carrera, un curso o un oficio si lo desean. Esto también impacta después, a la hora de conseguir trabajo. Condiciona todo el desarrollo de la vida de los jóvenes, fundamentalmente de las mujeres”.
En números, esta realidad explica en parte que la tasa de pobreza y de indigencia sea más alta en la población de niños y de mujeres.
El problema de los derechos
El embarazo no intencional en la adolescencia es, tanto en Argentina como en toda América Latina, una problemática compleja y extendida, que la implementación del Plan ENIA logró, en cinco años, reducir en un 50%. Gracias a él, en la actualidad nuestro país tiene la tasa más baja del continente: de cada mil embarazos, 25 son de adolescentes. En el resto de Latinoamérica la relación es 67 de cada mil.
Como en otras políticas, el Gobierno de Milei ha planteado que las provincias son libres para seguir adelante con el programa, con sus propios recursos, que desde el recorte en la coparticipación, son todavía más escasos. Pero el problema es aún más profundo que lo presupuestario.
“Nosotros entendemos que de ninguna manera el Estado nacional puede desentenderse del abordaje de la intervención activa sobre esta problemática porque justamente el Estado nacional tiene la obligación de generar las condiciones para que los ciudadanos ejerzamos los derechos -sostiene Ruiz-. Una no intervención del Estado o una intervención mínima del Estado genera la vulneración del derecho a la salud, en este caso en particular el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y también está vulnerando el derecho al trabajo de los más de 600 trabajadores que quedaron sin su fuente de ingreso a partir del desguace de esta política”.
Desde el gremio se vienen realizando distintas jornadas de visibilización y lucha, en las que se le estuvo informando a la comunidad acerca de qué implica este vaciamiento. “También estamos articulando con los trabajadores y las trabajadoras de todas las provincias y con referentes del todo el arco político para intentar que se de marcha atrás con esta decisión”, explica Ruiz.
Por su parte, desde la UCR, la diputada Carla Carrizo junto con varios legisladores pidió informes al Poder Ejecutivo sobre el estado actual del Plan ENIA alegando en que “en las políticas que funcionan bien no puede haber motosierra”.
En su pedido, los diputados buscan conocer si se encuentra garantizado el pleno funcionamiento del Plan para este 2024 a nivel nacional, plan de acción, las actividades previstas, la política del gobierno nacional, el presupuesto asignado, y los posibles aumentos de partidas.