Redacción Canal Abierto | Poco tiempo después de que el gobierno de Javier Milei celebrara haber logrado un superávit financiero por primera vez desde 2012, diversos economistas salieron a advertir que el presunto logro, en el corto plazo, sería “insostenible”. Y es que el resultado positivo fiscal obtenido en el primer bimestre de 2024 fue de unos $ 856.520 millones. Pero, en el mismo período fiscal, el Gobierno dejó de pagar subsidios a la energía eléctrica por $ 827.069 millones.
La deuda entre el Estado nacional, a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y las empresas energéticas creció mucho al comienzo de este año. Si bien ya se venía acumulando desde 2022, de acuerdo a la consultora Geres el total de la deuda es de unos US$ 1.300 millones de energía eléctrica y otros US$ 900 millones por el gas natural, es decir unos US$ 2.200 millones, casi $ 2 billones de pesos.
La situación se volvió más problemática en los últimos días: el plan del Ministerio de Economía de pagar la deuda por unos $600.000 millones que mantiene Cammesa con las generadoras por diciembre y enero con bonos en dólares con vencimiento en 2038 y con una quita del 50% —plasmado en la Resolución 58/2024 publicada este miércoles—, sufrió un fuerte revés al ser rechazado por las generadoras eléctricas.
Rápidamente y en un extenso comunicado, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) enumeró las implicancias de aceptar la propuesta de pago. Entre ellas, el peligro sobre “los programas de operación, mantenimiento e inversión en la generación” de energía “incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico”, señaló “una clara violación de los procedimientos” y advirtió que esto produce una “alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones”.
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“Si bien se rechaza la resolución en su totalidad, el hecho de que sujetar el pago de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero, resulta especialmente inaceptable”, plantea el documento.
A esa carta, rápidamente se sumó otra, la de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). En la misiva al Gobierno —que no acompañó YPF— le asegura que la propuesta “afecta los derechos contractuales” de sus empresas miembro. La firma Carlos Ormachea, presidente del organismo y exCEO de Tecpetrol (grupo Techint), persona de extrema confianza de Paolo Rocca, que hasta hoy se mostraba como aliado del Gobierno.
Repercusiones
La situación generó repercusiones locales e internacionales.
Durante su presentación de ayer en el VI Foro Nacional de Energía, Libertad & Seguridad Energética de LIDE, en el Alvear Palace Hotel, Martín Genesio, CEO de la generadora AES Argentina, filial de una empresa de Estados Unidos, aseguró: “En el día de ayer yo recibí llamados del Fondo Monetario (FMI), el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Energía de los Estados Unidos y de la Embajada. Y la pregunta era sólo una. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Gobierno hizo esto? Pongo el ejemplo éste concreto para que nos demos cuenta que cuando un contrato no se respeta el impacto es gigantesco”.
Luego advirtió que “romper un contrato es una muy mala señal”.
Por su parte, el conflicto también fue abordado por la ex presidenta y vice Cristina Fernández, quien en su presentación en Instituto Patria para inaugurar el Salón de las Mujeres del Bicentenario con los cuadros removidos de la Casa Rosada por Karina Milei aprovechó para echar leña al fuego.
“Con un bono de deuda en dólares para la deuda de diciembre y de enero, y para febrero y marzo, un plan de pagos en 48 cuotas con tasa de interés del Banco Nación que pagarán las distribuidoras. Como en la época de (el ex presidente Mauricio) Macri, vuelven a convertir deuda en pesos a dólares. O sea que el superávit era trucho”, sentenció.
Algo de razón tiene. En su último informe de coyuntura, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) aseguró que el “ahorro” de los gastos del primer trimestre —que fue 8,3 billones de pesos menos (-35%) interanual— además de un fuerte empobrecimiento de jubilados, trabajadores estatales y obras paralizadas, significó un nuevo endeudamiento con empresas energéticas. Y volvió a calificarlo de “insostenible”.