Redacción Canal Abierto | Con Milei la pobreza alcanzó al 55% de la población y la indigencia al 18%, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA-UCA). Esto quiere decir que más de 25 millones de argentinos y argentinas no logran cubrir la canasta básica y al menos unos 10 millones no satisfacen sus necesidades alimentarias.
Pese a estos niveles de crisis social –los más graves desde 2002-, el Gobierno nacional se aferra a su slogan “no hay plata” para no enviar productos ni ningún tipo de ayuda a los comedores comunitarios.
En las últimas horas, una investigación del portal El Destape puso en evidencia la crueldad detrás de lo que hasta ahora el Ejecutivo se intentaba justificar como parte del racional ajuste fiscal. Desde hace seis meses, el Ministerio de Capital Humano retiene en galpones unos 5 millones de kilos de alimentos adquiridos por la administración anterior, que bien podrían ir a parar a las ollas hoy vacías o que con esfuerzo llenan los vecinos en los barrios populares.
Lejos de un trascendido, la información acaba de ser confirmada por el vocero Manuel Adorni: “Efectivamente esos alimentos existen y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”.
Desde las organizaciones salieron a responderle las acusaciones, denunciaron la falta de inspecciones “serias” por parte del Ministerio y plantearon su buena predisposición para que se realicen auditorias. En los últimos días, las redes sociales se vieron inundadas con videos de los supuestos “comedores fantasma” funcionando a pleno.
“Los que están más próximos a vencerse se van a distribuir”, informó Adorni. De todas formas, se descuenta que habiendo sido adquiridos en 2023, una parte de estos ya no estarían en condiciones de ser consumidos.
En este marco, el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, advirtió en una carta abierta que ampliará la denuncia penal contra Pettovello, a esta altura imputada por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También solicitó una “inspección ocular” de la Justicia hacia uno de los galpones.