Redacción Canal Abierto | El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello a que informe la cantidad de productos alimenticios de los que dispone y establezca un plan de distribución de acuerdo al tipo de producto y fecha de vencimiento. El plazo que estableció es de 72 horas.
La resolución de Casanello se dio en el marco de un planteo presentado dirigente de Patria Grande Juan Grabois, al que se sumaron adhesiones de comedores populares que vienen denunciando al Gobierno por la suspensión de la entrega de alimentos.
Grabois dio a conocer la existencia de 5.000 toneladas de alimentos que el Ministerio de Capital Humano había recibido de la gestión anterior y los mantenía en galpones mientras que los comedores comunitarios denuncian que desde que asumió el Gobierno los suministros fueron interrumpidos.
El tema estalló luego que la semana pasada el Gobierno hiciera una ofensiva contra dirigentes sociales a partir de supuestas irregularidades. Desde el Ejecutivo se denunció que muchos comedores no existían o que los dirigentes vendían las provisiones. También el Poder Judicial ordenó allanamientos a sedes de organizaciones a partir de estas denuncias.
Desde las mismas organizaciones respondieron que comedores denunciados como inexistentes recibieron a los auditores del Gobierno. Otros que, ante la situación de no tener qué darles de comer a los asistentes optaron por mantenerlos cerrados hasta que se reanudara la entrega de alimentos. Hubo casos en los que se trataba de una vivienda en la que se cocinaba para que los vecinos retiraran y, como quienes inspeccionaron vieron que era un lugar pequeño que no pdoía albergar , dedujeron que era mentira porque se trataba de una fachada. Hasta llegó a darse el caso de que el personal de Capital Humano.
Consultado esta mañana en su habitual encuentro con la prensa, el Vocero de la Presidencia anunció que el Gobierno, lejos de estar trabajando en cómo implementará el envío de alimentos, lo está haciendo en función de la apelación de la medida. Como si el conflicto fuera del Ejecutivo con las organizaciones o el Poder Judicial.
“Obviamente que vamos a apelar la resolución. Consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino de política pública”, sostuvo Adorni, al tiempo que aseguró que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”. Además, insitió con que “por un carril van los alimentos que terminan en los comedores y por otro aquellos con destino para otro fin”. Esos alimentos se mantuvieron en galpones aún con catástrofes como las de Bahía Blanca o Entre Ríos.
La cuestión no estuvo ausente en las expresiones de la Iglesia con motivo de las celebraciones por el aniversario de la Revolución de Mayo. El primero fue el Cardenal de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva, quien en el marco de su homilía en el Te Deum, y ante el presidente Javier Milei y gran parte de su gabinete disparó: “la gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente. Por eso siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia, divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados auto aumentos de sueldos de algunas semanas atrás”.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, planteó que “no entro en las razones por las que están guardados pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados”.
El referente religioso lamentó que “se vaya perdiendo sensibilidad frente a un derecho que es esencial y primario como es el derecho al alimento” y anheló que “Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario”.
Este no es el primer revés judicial que vive la cartera que conduce Pettovello: el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 ya había hecho lugar al pedido de que el amparo presentado por el CELS y UTEP sea colectivo. Con esto, cualquier organización puede anotarse dentro del mismo reclamo. Esta medida sucedió el 15 de mayo. Todavía no se tenía conocimiento de la existencia de mercadería retenida.
“Si hubiésemos presentado un amparo por derecho a la alimentación, nos hubiesen pedido que identifiquemos el comedor afectado y cuántas personas van a ese comedor. En un amparo colectivo eso no es necesariamente así. Entonces, lo que planteamos nosotros es que esto alcanza, o tiende a proteger, los derechos de todas aquellas personas que van o concurren hoy a comedores en Argentina”, explicó a Canal Abierto en ese momento Diego Morales, director del área de Litigios del CELS.
«Con la comida no se jode» supo decir el hoy secretario de Turismo y Dpoerte Daniel Scioli durante las protestas de las patronales agrarias en 2008, cuando revistaba como gobernador de la Provincia de Buenos Aires e integrante del Frente para la Victoria. Sería bueno que saque aunque sea esa frase del arcón de los recuerdos y se los transmita a sus nuevos compañeros de gabinete e identidad política.