Redacción Canal Abierto | Este miércoles 29 de mayo, a las 11, las organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizan en todo el país con el lema “Basta de ajustes en discapacidad”.
La iniciativa –que en la Ciudad de Buenos Aires convoca a concentrar frente a la Quinta presidencial de Olivos para dejar un petitorio al presidente de la Nación, Javier Milei– surge frente al proyecto de decreto presidencial firmado por Diego Spagnuolo, abogado personal de Javier Milei y director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo texto se filtró el viernes 10 de mayo, por el cual se desregularía el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Qué significa el decreto
El decreto que se conoció establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad “se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”.
Las prestaciones fueron establecidas por la Ley 24.901, que ya tiene 25 años, y que conformó un nomenclador que fija un valor único para cada prestación.
“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”, sostiene el comunicado del Foro.
La desregulación va de la mano de la desfinanciación de los fondos para las obras sociales. Estos fondos garantizaron hasta ahora que todas ellas pudiesen pagar por estos servicios, lo que dejaría de ocurrir.
En otras palabras, si el decreto prospera, aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con él. “Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad”, agregan.
En peligro de extinción
Tanto quienes prestan como quienes reciben los servicios vienen siendo castigados desde la pandemia de COVID-19. Pero la brutal devaluación de enero y la inflación posterior elevó los costos operativos (sueldo, combustible, alimentos e insumos) de los prestadores de servicios en el sector de discapacidad que no fueron ajustados y arrastran un desfasaje que ya en diciembre de 2023 se calculaba en 100 puntos.
De efectivizarse el nuevo decreto “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”, aseguran desde el Foro. Y advierten que esta situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que “están al borde del colapso”.
Lejos de mostrar preocupación por la situación, el Gobierno despidió en febrero a 135 trabajadores y trabajadoras de la ANDIS y en marzo a otros 160. Es el único organismo en todo el territorio nacional encargado de velar por los derechos de las personas con discapacidad, de forma transversal a todos los organismos estatales y del sector privado.
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Al frente de la ANDIS, junto con Spagnuolo, está Natalia Basil, quien acaba de ser designada como directora de Apoyos y Asignaciones Económicas. Basil es ingeniera química y solía ser una de las responsables de La Derecha Diario, además de ser la esposa del consultor libertario Fernando Cerimedo, actualmente investigado por la Justicia brasileña por difundir noticias falsas. No tiene experiencia ni formación en el área de discapacidad.
En tanto, el Comité Asesor de la ANDIS dirigió el pasado 17 de mayo una carta a Spagnuolo solicitándole que reconsidere lo propuesto en ese proyecto y acercándole algunos interrogantes. Entre ellos, dos cuyas respuestas inciertas resumen toda la cuestión: “¿Qué beneficio aporta a las personas con discapacidad esta propuesta? ¿Qué beneficio directo aporta al presupuesto del Estado la aplicación de esta modificación?”.
