Redacción Canal Abierto | Con el gobierno de Javier Milei, “la pobreza llegó al 55% y la indigencia al 18%”. Además, “Unicef señala que el 69% de las niñas, niños y adolescentes en la Argentina son pobres y que el presupuesto destinado a niñeces cayó un 75%”. Mientras, “el superávit fiscal anunciado por el gobierno se logró con la plata de las jubilaciones y pensiones. Las mismas se recortaron entre un 24% y un 37%”.
En ese marco, “los femicidios, travesticidios, lesbicidios y crímenes de odio también muestran números preocupantes”. Así, sólo hasta el 31 de abril, según el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, en nuestro país ocurrieron 92 femicidios.
Con estas cifras impactantes en la mano, en el primer 3J con un gobierno de ultraderecha y abiertamente antifeminista en el poder, el colectivo Ni Una Menos junto al amplio arco de organizaciones políticas, sociales y sindicales que integran el movimiento, llama a salir a las calles “contra todas las violencias hacia nosotrxs”.
Denuncian que el Ejecutivo a cargo de Javier Milei no solo no toma medidas para abordar las violencias “sino que elimina organismos, entes, y por lo tanto, políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista”.
Para dimensionar el daño de la motosierra y entender cómo impacta el ajuste en los distintos territorios, Canal Abierto habló con trabajadoras y dirigentas estatales de distintos puntos del país. El viernes pasado, como antesala al 3J, se reunieron en una carpa frente al Congreso para contar en qué consiste el desguace a políticas que, como apuntó Clarisa Gambera, secretaria de Género y Diversidad de ATE, “son derechos”.
“Sin personas que atiendan, que reciban, que acompañen no se atiende la violencia, no hay política frente al abuso”, resumió. “Y esto sucede en el Estado Nacional y se replica lamentablemente en todas las provincias, con estados provinciales que imitan un contexto de época regresivo en términos de derechos de género y diversidad”, denunció.
En ese sentido, este Ni Una Menos también se va a expresar en rechazo al DNU 20/2023 y a la Ley Bases. “Ningún gobernador debería caer en la extorsión de que van a recibir dinero si aprueban la ley, porque es una ley que desguaza a las provincias pero además el desguace ya comenzó”.
“El cierre de políticas públicas en distintos ministerios tiene que ver con que en las provincias hay mucha menos plata, y sin Estado Nacional, sin atención a una población que está cada vez más vulnerable, hay más conflicto social. Hay un contexto desatado de odio y eso genera exponencialmente el crecimiento de la violencia, y no va a haber con qué responder a todo eso”, alertó Gambera.
Entre las balas del narco
Santa Fe y Rosario son un territorio paradigmático para mirar el impacto del retroceso del Estado. Liliana Leyes es dirigenta de ATE Rosario y explica que en Santa Fe, donde el gobierno de Maximiliano Pullaro está totalmente alineado con el de Milei, ya hubieron 74 despidos en la secretaría provincial de Mujeres, Género y Diversidad. La última tanda de despidos fue la semana pasada y por eso desde ATE y la CTA se encuentran en estado de asamblea permanente.
Y precisa que a nivel general, solo en Rosario, tuvieron 135 despidos. Las cesantías “han impactado fuertemente en las poblaciones con las que se trabajaba, en los programas Acompañar, en la atención a la discapacidad que no existe”. “Se han cerrado programas muy importantes y claramente también vemos el impacto en las góndolas cuando vamos al supermercado y vemos la inflación tremenda que sufrimos”, explica Leyes.
Esto, además, ocurre en una ciudad y en una provincia atravesadas por la violencia narco. “Como trabajadoras lo sufrimos a diario. Hemos dado cientos de abrazos a escuelas baleadas, a escuelas y centros de salud amenazados. Hay compañeras que han tenido que cambiar los circuitos de llegar al trabajo, los horarios, por toda la problemática que nos atraviesa del narcotráfico”, cuenta.
“Lo venimos diciendo hace muchísimos años: las políticas de vida tienen que ver con mayor educación, con mayor cultura, con más salud. Sobre todo para las infancias, que son las más vulnerables para entrar al negocio narcocriminal”, expresa.
Embarazo adolescente: “El Plan ENIA fue un antes y un después”
Gisela Torres es secretaria de Género de la provincia de Entre Ríos. En esa provincia, gracias a la implementación del Plan ENIA, los embarazos no intencionales en la adolescencia se redujeron 7 puntos, del 17 al 10% entre 2017 y 2022. “Es impresionante”, dice la también obstetra del Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná.
En todo el país, las estadísticas muestran que la reducción fue del 50%. Pese a estos resultados incontrastables, el gobierno nacional decidió desarmar el programa y, a nivel provincial, pese a los reclamos de ATE para que la provincia sostenga la política, el ministerio de Salud les comunicó que “no había voluntad política” para absorberlo. De esta forma, 70 trabajadores y trabajadoras se quedaron sin trabajo.
Te recomendamos: El Gobierno desmanteló el plan para prevenir embarazos adolescentes
Entre ellos, precisa Torres, hay agentes que trabajaban en educación a partir de la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral), así como obstétricas, psicólogas y médicos que trabajaban en los hospitales.
La justicia, cada vez más lejos
Los Centros de Acceso a la Justicia(CAJ) que dependen del ministerio homónimo se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional y sus trabajadores se ocupan de problemáticas “que tienen que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la justicia, pero en términos integrales”, explica Silvina Silva, delegada de ATE en el sector.
“Se brinda asesoramiento jurídico a las personas que quieren hacer una denuncia o que ya la han hecho pero que no recibieron una respuesta. Por eso, hay abogados para tratar la parte técnica pero también hay un abordaje psicosocial”, completa.
Desde diciembre, el área ya sufrió 120 despidos, “a los que se suman 20 de la línea 137 y los más de 13 en la línea de Trata”. Además, la semana pasada supieron que se estaba por emitir una resolución para reestructurar el programa.
“Son todas políticas públicas que están relacionadas con el abordaje de la violencia de género, y que afectan a los territorios en los que trabajamos que están en las zonas con las poblaciones más vulnerables del país”, denuncia Silva.
Y agrega: “Hoy tenemos despedidos en Santiago del Estero, en Formosa, en Chaco, en Corrientes, en la Patagonia. La situación es alarmante porque al despedirse un trabajador, un trabajador social, un abogado, una psicóloga, una administrativa, un mediador comunitario, lo que están haciendo es recortando justamente el acceso a la justicia de las personas que en este momento de hambre, desesperación e incertidumbre no tienen recursos para pagar los honorarios de los profesionales y mucho menos de acceder a políticas públicas que se están concentrando cada vez más en la Capital Federal”, describe.
Violencia y desprotección
“El programa Acompañar, el programa Producir, la ley Micaela, el registro de Cupo Laboral Travesti-Trans, el área de Femicidios y Travesticidios, la línea 144, el Observatorio de los abordajes”.
Fernanda Fuentealba, delegada general del ex ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, es la que enumera algunas de las políticas que con cada vez más dificultad lleva adelante el área que fue degrada a secretaría y bien asumió Milei.
“Nosotras trabajamos mucho con lo que tiene que ver con la prevención de la violencia para la erradicación, además de los programas para las intervenciones directas que se llevan adelante frente a la situación de violencia, o en el caso extremo de un transfemicidio, femicidio o femicidio vinculado”, amplía.
Sin embargo, a seis meses del cambio de gobierno, “todavía no contamos con la estructura definida, seguimos en ese incertidumbre”, explica. “Y eso conlleva que también haya demoras en las ejecuciones de las políticas públicas con perspectiva de género. Si bien algunas se continúan, no están en su pleno ejercicio y eso también implica en las condiciones laborales en las que nos encontramos las trabajadoras”, señala.
Fuentalba explica que esto se replica en todo el país, por ejemplo con los PAD, que son los programas de Acercar Derechos, que “están siendo evaluados y atacados en las provincias, en el marco de una política de achique de la del Estado Nacional”, denuncia.
Para la trabajadora, el vaciamiento que afecta al exministerio y a todo el Estado de forma transversal sin dudas golpea de forma específica a quienes están en situación de violencia. “Con Milei, las mujeres que sufren violencia de género están más desprotegidas”, sostiene.
“El Estado nos llega con un documento, con un programa, con la posibilidad de jubilarte, y que todos estos accesos estén cortados es un daño enorme, y más en situaciones de violencia donde la persona se encuentra más vulnerable. Quedas atrapada”, advierte.
Cuidar a las trabajadoras
Según datos del INDEC, entre diciembre de 2023 y abril del 2024 la planta de trabajadores del Estado se redujo en 19.223 agentes. Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que los despidos continuarían. Es “un proceso permanente y eterno”, dijo con su acostumbrada saña.
Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional explicó que este 3J también van a manifestarse porque “los despidos tienen cara de mujer”.
Ésto, explica, responde a que las trabajadoras son “las más precarizadas en el Estado Nacional, por dos cuestiones”. Primero, porque son las que en mayor proporción se desempeñan en áreas vinculadas a la asistencia, que son justamente las más precarizadas. Y segundo, por un tema salarial, porque debido que sobre ellas recaen las tareas de cuidado, le puede dedicar menos horas a la jornada laboral fuera de casa.
Esto también afecta de forma específica a las personas travestis, trans y no binaries, porque muchas de quienes ingresaron por Ley de Cupo también sufrieron cesantías.
En ese marco, “el 3 de junio vamos a llevar adelante acciones en todo el Estado en función de que las compañeras que son las principales y fervientes luchadoras que están resistiendo el desguace del Estado se sientan contenidas. Y fundamentalmente, que podamos seguir construyendo todas juntas un mundo en el que podamos pensar en la utopía de ser iguales y de construir esa igualdad, no sólo desde el sindicalismo, sino también desde el mundo del trabajo”, expresó.
¿Cómo encender el fuego?
Este Ni Una Menos es el primero con un gobierno de ultraderecha, abiertamente antifeminista, que desconoce la existencia de las desigualdades y violencias por razones de género pero además habilita y promueve los discursos de odio que atentan con más virulencia contra las personas LGBT.
Por eso, también son consignas centrales el rechazo al triple lesbicidio de Barracas y el ataque a la militante de HIJOS, Sabrina Bölke.
A pesar de este contexto de claros retrocesos, para Fernanda Fuentealba del exministerio de Mujeres, la conciencia social “frente a la gravedad de las situaciones de violencia” y el convencimiento de que se debe abordar “con todos los recursos que tiene el Estado” se sostiene. Sin embargo, lo que ve es una suerte de “desmovilización”.
Por eso, “hay que ver de qué manera se vuelve a movilizar a la marea que lleva adelante los reclamos” y que, más allá de los prejuicios hacia el feminismo, “tienen que ver con que nos queremos vivas y con que no queremos tener miedo cuando salimos a la calle, que necesitamos poder ejercer nuestros derechos plenamente”, afirma.
“Nos encontramos en una situación de suma preocupación, pero pero con una sensación de fortaleza inmensa”, asegura por su parte Silvina Silva del ministerio de Justicia.
La actividad de ATE se realizó a horas de que se conociera el fallecimiento de Nora Cortiñas. Clarisa Gambera contó que pensaron en suspender la actividad pero que enseguida descartaron la idea: “Norita nos hubiera retado, porque su lugar era la calle y esta es la mejor forma de homenajearla”, dijo.
En ese marco también habla Silvina. “Como decimos en ATE nos impulsamos en la historia de Norita, pero también nos impulsamos en nuestra propia historia y en la historia de nuestras compañeras que hoy están sufriendo pérdidas irreparables no solamente en lo económico, sino en lo moral y en lo afectivo, y sabemos que este proceso es largo, que no termina en una jornada, entonces también eso nos tiene que fortalecer”.
“Porque sabemos que hay compañeras esperando y viendo cuál va a ser la respuesta desde nuestro colectivo de mujeres, desde nuestro colectivo de sindical y desde nuestro colectivo humano”. Entonces, “si bien estamos cansadas y con mucha ansiedad de que este proceso vaya tomando otro cariz, también tenemos la esperanza de que el grupo humano está acá en el feminismo. Está acá en el Ni una Menos, está acá con las compañeras”, afirmó.