Redacción Canal Abierto | Consejo Nacional de la Mujer, Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Con distintos nombres, jerarquías y estructuras, por lo menos desde 1992, Argentina cuenta con un organismo rector de las políticas públicas en materia de Género y Diversidad. Pero esto podría cambiar a partir de la decisión del Gobierno de La Libertad Avanza de disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que es lo queda del ex Ministerio.
Con despidos mediante, en solo seis meses, el área pasó de tener 1200 trabajadores y trabajadoras a 600, con riesgo de quedarse con solo 100 luego del 30 de junio, cuando vencen aún más contratos. Ante este panorama de urgencia, ésta mañana la comisión de Género de la Cámara de Diputados que preside Mónica Macha (Unión por la Patria) convocó a una sesión informativa que enseguida tomó el cariz de una asamblea feminista. Hubo análisis de la situación y apañe colectivo, pero también, propuestas de acción.
De la misma participaron trabajadoras y referentas históricas del movimiento como Nelly Minyersky, Nina Brugo o Dora Barrancos, de organismos de Derechos Humanos tanto locales como internacionales -como el CELS o Amnistía Internacional-, de ONU Mujeres, y legisladoras como Myriam Bregman (PTS-FIT). Además, participaron las extitulares de los distintos organismos que desde 1992 encarnaron la institucionalidad de Género en el país.
Ejecución cero
En ese marco, las trabajadoras nucleadas en ATE presentaron un pormenorizado informe de gestión en el que hicieron un detallado racconto de las políticas públicas implementadas entre 2019 y 2023, y de las personas en situación de violencia que fueron alcanzadas por las mismas, en las 24 provincias del país más la Ciudad de Buenos Aires.
Solo por nombrar un puñado, podemos mencionar:
-La Línea 144, que atendió a 1.200.000 llamadas y realizó 93.000 intervenciones.
-El Programa Acompañar, orientado a mujeres y diversidades que atraviesen una situación de riesgo alto o altísimo, brinda una prestación económica por seis meses, igual al Salario Mínimo. Desde su puesta en marcha llegó a 352.300 personas en todo el país.
-El programa Acercar Derechos, de acompañamiento integral e intercultural, conformado por 59 equipos desparramados en todo el país, integrados por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social, llegó 33.309 mujeres y personas LGBTIQ+, y concretó 123.000 acompañamientos.
-La implementación del Sistema Integrado de Casos por Motivos de Género, conformado por organismos especializados en todo el país, con predictores de riesgo, posibilitó no solo la registración de la atención con fines estadísticos sino que evitó la superposición de abordajes y la revictimización.
-El programa de Promoción de acceso al empleo formal para personas Travesti, Trans y No Binaries, que logró el ingreso de 955 personas.
-El programa Registradas que en articulación con el ministerio de Trabajo, desde su implementación en septiembre de 2021, logró la regularización de más de 34.000 trabajadoras de casas particulares.
Las trabajadoras, además, mostraron los números del desmantelamiento:
– El presupuesto del área para 2024 equivale a un cuarto del de 2023, es decir, muestra una caída de 75%.
– Así, el presupuesto de la Subsecretaría para este año es de 79 mil millones de pesos, tan solo el 0,14% del presupuesto nacional. Al 5 de junio, solo se ejecutó el 32%.
– En el caso del programa Acompañar, que representa el 86% del presupuesto del área, se ejecutó el 31%. Pero lo mas grave -apuntaron las trabajadoras- es que no hubo nuevas altas desde el cambio de gestión. Lo que se está pagando son así prestaciones otorgadas en el Gobierno anterior.
– El programa Producir, dirigido a fortalecer proyectos productivos para mujeres y LGBTI, tiene 0% de ejecución.
– El programa de Ayuda Urgente para familiares de víctimas de femicidio y femicidio vinculado también tiene 0% de ejecución.
Esto ocurre mientras, en lo que va del año, ya se registraron 114 femicidios, 3 lesbicidios, 1 travesticidio y 9 femicidios vinculados, denunciaron las trabajadoras.
– “En cuanto a las Políticas de Igualdad y Diversidad no se ha ejecutado ni un peso para la Ayuda Urgente para Travestis, Transexuales y Transgenero, destinada a quiénes están en situación de vulnerabilidad extrema”, indicaron.
Como tercer eje del informe, las trabajadoras detallaron los distintos instrumentos legales a nivel nacional e internacional que dan cuenta que el Estado argentino “está obligado” a dar respuesta efectiva en materia de género y diversidad, y que si no lo hace “le pueden caber sanciones”. En ese sentido, subrayaron que el costo de no hacerlo implica un retroceso en materia de derechos, pero también, a nivel económico y político.
En otro apartado también reconstruyeron el devenir histórico de los organismos que impulsaron a nivel nacional las políticas de género y diversidad. El primero, señalaron, data de 1992.
“Es nuestro deber como pueblo y, en particular, como trabajadoras y trabajadores del Ministerio señalar que su creación no se basó en “fines político partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos” como sostuvo el comunicado oficial que circuló recientemente. La institucionalización de políticas de género es una línea estatal que se mantiene bajo gobiernos peronistas, radicales, neoliberales, alianzas políticas, en todos los gobiernos, evidenciando que estas políticas son un consenso democrático que se construye desde hace más de 30 años”, destacaron.
Estrategias
Salir también a dar la batalla cultural; cuidar las redes territoriales, como afirmó Norma Morales de UTEP; convocar a Diputados al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que dé explicaciones, como propuso Mónica Macha; ir a la CEDAW “a denunciar que en Argentina no se respetan los Derechos Humanos de las mujeres”, como convocó Fabiana Túñez, directora ejecutiva del INAM entre 2015 y 2019; o crear “un gabinete en las sombras” y replicar experiencias históricas como la que antecedió la conquista de la Ley IVE, como señaló Virginia Franganillo, creadora del Consejo Nacional de la Mujer, fueron algunas de las propuestas que surgieron en la jornada para defender la institucionalidad y las políticas de género.
La ministra de Género bonaerense, Estela Díaz, explicó así los motivos: “Están arrasando la política de Género construida en 40 años de democracia en Argentina. No tiene antecedentes que se le parezca”. “Y Milei -añadió- se jacta de ser un topo que viene a destruir el Estado desde adentro, cuando el Estado es la forma que se ha dado la sociedad para organizar su funcionamiento. Para nosotras, que hemos luchado desde los feminismos, el Estado tiene que ser el garante”, subrayó. Y advirtió: “No es solo la agenda de género, están arrasando con los derechos del conjunto de nuestra población para llevarlo al capital monopólico transnacional”.
Por su parte, luego de celebrar la unidad que se expresaba en la reunión, Túñez denunció que la intención del Gobierno era “llevar las políticas de Derechos Humanos de las mujeres a la Justicia y la Seguridad”. “Ya lo intentaron”, recordó. Y cuestionó: “¿Cómo van a pasar el 144 al 911, cuando el 144 en promedio requiere 15 a 20 minutos de atención. Paren la mano”, pidió.
Otra de las presentes fue Elizabeth Gómez Alcorta, primera ministra de Mujeres, Género y Diversidad, quien llamó a movilizar mañana contra la Ley Bases y el paquete fiscal, y por la derogación del megaDNU 70 porque “en ese DNU se va también la posibilidad de jubilarnos, de tener vidas dignas”. En ese sentido, denunció que “la destrucción de políticas publicas se inscribe en desmantelamiento de Estado en general”. Por eso, “tenemos que resistir en la calle”, apuntó.
Fotos: Prensa ATE Nacional