Redacción Canal Abierto | Familiares, amigos y organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos convocan a una movilización en Plaza de Mayo hoy a las 16.30 horas para exigir la liberación de las 16 personas que a casi una semana de la movilización en rechazo a la Ley Bases continúan detenidas sin pruebas en las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz, en el marco de una virulenta campaña de criminalización política, judicial y mediática.
También reclamarán por el cierre de las causas que aún pesan sobre el total de los 33 acusados, cuando aún la Cámara Federal porteña debe resolver, por un lado, una apelación presentada por el fiscal Carlos Stornelli para que arreste nuevamente a 14 de los 17 liberados, y por otro, las apelaciones que presentaron las defensas a las resoluciones de la jueza María Servini de Cubría para negarle la excarcelación a 16 detenidos.
En esa línea, Facundo Merlan Rey de la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), organización que representa a cinco de los acusados, denunció que la decisión de la jueza es “absolutamente discrecional y arbitraria”. “No hay fundamentos para nada claros ni concretos de por qué se decidió excarcelar a algunos y dejar en prisión a otros. Y la misma arbitrariedad tuvo Stornelli en su primer pedido y en apelación posterior”, destacó.
En ese punto, recordó que aún la jueza debe resolver el pedido del fiscal para que se dicte la prisión preventiva a los acusados y se cambie la calificación legal, de atentado y resistencia a la autoridad a otros delitos de mayor gravedad: contra la seguridad pública, contra el orden público, de atentado a la autoridad, lesiones, incendio, estrago, instigación, organizar grupos para imponer sus ideas o combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor, y perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo.
Merlan Rey además confirmó que a la fecha no hay en la causa elementos que vinculen hechos concretos con las acusaciones: “Si ves las resoluciones de quienes fueron excarcelados y de lo que continúan encarcelados, pareciera que copiaron y pegaron cada texto, y lo único que resolvieron es que algunos tienen posibilidad de fugarse y entorpecer la investigación y otros no, pero nadie explica por qué ni con qué elementos se determina una cosa y otra”, sostuvo.
Y denunció: “Esto claramente representa una entrega del poder judicial de una parte de lo que el Gobierno quería. Le sirve al Gobierno para sostener el relato que viene intentando instalar ya desde antes de la movilización de que alguien quería tirarle un muerto, y lo que sostiene en el comunicado de la Oficina, que es un delirio en el que habla de terrorismo y golpe de Estado”.
En el mismo sentido se había expresado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en presentaciones que realizó ante Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar “restricciones al derecho a la protesta”, y ante la jueza Servini de Cubría.
Así, el organismo cuestionó a la jueza por no dar “explicaciones concretas” de por qué podrían fugarse o entorpecer la investigación las personas a las que se les negó la libertad. “Se limitó a reproducir las graves e infundadas acusaciones del fiscal que a su vez reproducen la posición del gobierno. En lugar de ejercer control judicial sobre el caso, convalidó la arbitrariedad”, subrayaron.
El relato
Cabe recordar que el miércoles pasado, en el marco de la multitudinaria manifestación en rechazo a la Ley Bases y de un desproporcionado operativo policial en el que participaron la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Nacional y la Policía de la Ciudad, 33 personas fueron detenidas al voleo, la mayoría a varias cuadras del Congreso, cuando intentaban alejarse de los gases y las balas de goma.
“El gobierno se amparó en incidentes ocurridos durante la manifestación para justificar detenciones arbitrarias y utilizar la calificación de ‘terrorismo’”. Así, “entre los detenidos hay vendedores ambulantes o personas que pasaban por las cercanías del Congreso. La acusación del fiscal Stornelli no vinculó a las personas detenidas con hechos concretos”, denunció el CELS.
Al reconstruir cómo se armaron las causas, el organismo de Derechos Humanos recordó que esa misma tarde, a través de la cuenta de twitter de la Oficina del Presidente, el gobierno nacional calificó la manifestación como un intento de golpe de Estado y de terroristas a las personas detenidas. El fiscal federal Carlos Stornelli, siguiendo esas acusaciones, las imputó por delitos graves contra la seguridad pública, contra el orden público, atentado a la autoridad, lesiones, incendio, estrago, instigación, organizar grupos para imponer sus ideas o combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor, perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo.
Las personas que aún continúan detenidas son David Sica, Patricia Calarco Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Belén Juárez Oliva, Nicolas Daniel Mayorga, Saya Jazmín Lyardet, Héctor David Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristián Fernando Valiente, Facundo Ezequiel Gomez, Roberto María de la Cruz Gomez y Gabriel Famulari.
Detenciones arbitrarias
Como también denunció Amnistía Internacional, “la mayoría de las detenciones se produjo a mas de 10 cuadras de la Plaza del Congreso, cuando ya estaban desconcentrando”. Además, los detenidos “recibieron gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas policiales federales y de la Policía de la Ciudad”.
El organismo internacional de Derechos Humanos se refirió puntualmente a la situación de Camila Juárez Oliva, estudiante de la UNSAM, quien sigue presa en Ezeiza. Camila “nunca llegó a ir a la plaza porque fue detenida en 9 de julio y Chile, a varias cuadras de la Plaza de los Congresos”, informó.
En tanto, una docente, compañera de trabajo contó la historia de Juan Spinetto, quien trabaja en siete escuelas de la Capital para poder llegar a fin de mes y también continúa detenido. “Cuando la movilización empezó a desconcentrar, Juan se fue por Avenida de Mayo hacia 9 de Julio porque estaba acompañando a una pareja de jubilados que estaban asustados y tenían dificultades para caminar. En ese momento vienen motos de atrás, lo empiezan a golpear y lo detienen sin ninguna explicación”, contó a Somos Télam Melina Kuschnir.
Remigio Ramón Ocampo, de 64 años, es el vendedor ambulante que fue detenido con su familia, incluida su hija de 28 y su nieta de 18 años, cuando intentaban alejarse de la represión. Si bien los tres fueron liberados, el fiscal Stornelli insiste con apresarlos nuevamente. En diálogo con El Destape, Remigio contó cómo ocurrieron los hechos: “Vimos que se ponía pesada la cosa y nos fuimos corriendo. Dejamos las cosas sobre Virrey Cevallos y yo me fui a buscar el trailer para cargarlas y en ese momento me detienen”. “La policía no agarró a uno de los que tiraban piedras, decidió detenernos a nosotros. Cuando nos detuvieron nos trataron mal, psicológicamente mal. Nos preguntaban a qué partido político pertenecíamos”, recordó.
Entre los acusados también están el músico Santiago Adano (ex Julio y Agosto), el estudiante de Historia Brian Ortiz, la docente María de la Paz Cerrutti y la militante del MST y estudiante de Antropología en la UNSAM, Sasha Lyardet. Ambas mujeres continúan detenidas. Sasha fue arrestada cuando volvía sobre sus pasos para ayudar a una amiga que se había caído. “En la causa, se notifica que hay un testigo policial que dice que las vio hacer algo, aunque tampoco especifican qué”, contó a Tiempo Argentino su hermana Grisel.
Campaña sucia
A la campaña de criminalización también se sumó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien además de colaborar con en la represión con la Policía de la Ciudad, ahora declaró que tenía intenciones demandar en el fuero civil a los detenidos por los daños materiales ocasionados en las inmediaciones del Congreso.
Así lo anunció esta mañana en el marco de un acto de inauguración de una obra hidráulica. Allí, cargó contra los detenidos, a quienes calificó de “pseudomanifestantes” y afirmó que “la inmensa mayoría tiene antecedentes”. “Estamos hablando de narcomenudeos, robos y delitos sexuales”, aseguró.
Al respecto, Facundo Merlan Rey de CORREPI señaló que Macri “se está subiendo al relato delirante del gobierno nacional”. “Nosotros no tenemos información clara de la situación de las personas detenidas pero cualquier tipo de situación previa no tiene nada que ver con la movilización, y menos en el relato de una organización terrorista destinada a hacer un golpe de estado”. “Claramente es un intento de criminalizar a quienes se movilizan y deslegitimar la manifestación en contra del proyecto de ley”, cuestionó.