Redacción Canal Abierto | Claudio Dellecarbonara trabaja en el subterráneo porteño desde 1995. En 2004 fue elegido por primera vez delegado por las y los trabajadores de la línea B. A partir de ese momento, renovó su mandato en cada elección y encabezó con otros compañeros una agrupación clasista por la cual es parte del secretariado de la Asociación Gremial del Subte y Premetro (AGTSyP) en representación de la minoría.
Dellecarbonara, a diferencia de la mayoría de los representantes gremiales, continúa en su puesto de trabajo como conductor en los trenes que corren bajo el asfalto de la avenida Corrientes. Como militante del PTS-FIT fue candidato a puestos legislativos en varias elecciones y en 2020 asumió como diputado provincial en la Legislatura Bonaerense, completando dos años de mandato por el método de rotación de bancas que utiliza este frente político. Concluida la función, volvió a los túneles.
“Llegué la semana pasada a trabajar y la empresa, en mano, me comunicó una suspensión de quince días luego de que con un fallo judicial lograron suspenderme los fueros. Yo no tenía conocimiento de la causa. Se trata de un proceso iniciado contra varios de nosotros por una liberación de molinetes que hicimos en 2021”, explica en diálogo con Canal Abierto el metrodelegado. “En ese trámite, la empresa denunció un domicilio falso mío, a sabiendas de que yo había presentado una declaración jurada cuando me mudé. Además, la empresa en todo este tiempo envió a mi domicilio actual, al nuevo, 28 telegramas”.
Cuando se inicia la acción judicial, Dellecarbonara estaba de licencia desempeñando la función pública como diputado provincial. “Es una causa armada con mala fe, viciada de nulidad, en la que nunca fui notificado. La causa avanzó sin mi conocimiento y fui declarado en rebeldía y eso les permite aplicar la posibilidad de suspenderme los fueros gremiales y sancionarme con quince días de suspensión”, describe el dirigente.
“Nosotros lo interpretamos como un ataque contra la organización sindical, un ataque contra el derecho a huelga. Siempre nos dicen: ‘a pesar de que ustedes pueden parar el servicio traten de no hacerlo, hagan otras medidas más simpáticas con los usuarios’. Resulta que cuando hacemos medidas que no afectan al servicio igualmente la empresa avanza con causas judiciales buscando sancionarnos y hasta despedirnos porque también iniciaron otros procesos contra mí y otros compañeros con el objetivo de despedirnos. Vemos un intento de evitar que podamos protestar y reclamar, que podamos denunciar la situación terminal que tiene el subte, la crisis sanitaria por el asbesto que afecta a trabajadores y usuarios”.
Medidas de fuerza
El plenario de comisión directiva de la AGTSyP alertó a la empresa la posibilidad de que mañana miércoles el gremio tome medidas de fuerza si Emova no retrotrae la sanción.
“Este mediodía tenemos una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad para ver si logramos con su mediación que la empresa desista de la suspensión y así evitar la medida de fuerza”, explica el delegado.
Hay un sólo antecedente de un desafuero a un representante gremial en el subte con una metodología similar. En el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal, a cargo de la jueza Moira Alicia Fullana, “donde se tramitó este expediente presentamos un recurso de queja para denunciar que hubo mala fe en el armado de la causa por parte de la empresa, para ver si la jueza retrotrae el trámite judicial al proceso para darnos la posibilidad de defensa, la presentación de pruebas y testigos. También nos queda la instancia de la apelación a la Cámara. Obviamente, esto será acompañando con todas las medidas de acción gremial que tengamos que hacer”, describe Claudio la situación judicial.
“Pretenden que los trabajadores no tengamos posibilidad de defendernos, inclusive que los compañeros de base tengan miedo; que piensen: ‘si a un compañero que es reconocido que tiene fueros, que está protegido por la ley lo sancionan, a mí que no tengo nada me van a reventar’. Están atacando el derecho a huelga y dejándonos sin posibilidad de defendernos. Están atacando un derecho constitucional y a la organización colectiva”, concluye Dellecarbonara. “También hay un ensañamiento personal: yo le gané un juicio hace poco a la empresa por la cuestión del asbesto. Me lo están cobrando”.
Asbesto en el subte
El 16 de febrero de 2018, la AGTSyP se enteró de la presencia de asbesto en el Metro de Madrid, en los trenes marca CAF modelo 5000. Esos mismos trenes prestaban servicio en la línea B y se les hacía mantenimiento en el Taller Rancagua, ubicado bajo el parque Los Andes en la Chacarita. En 2011, el gobierno de Mauricio Macri adquirió sin licitación previa 36 de estos vagones que estaban fuera de circulación en España.
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Los trabajadores del metro madrileño advirtieron a sus compañeros porteños al detectarse, y que Metro Madrid reconociera, la enfermedad de cáncer de un trabajador a causa del amianto presente en los vagones.
A partir de ese momento, los metrodelegados iniciaron una fuerte campaña para lograr la desasbestización de toda la red del subte ya que, gracias a los estudios realizados a instancias de la organización gremial, se descubrió la presencia de este material cancerígeno, prohibido desde el año 2000 en el país, en trenes, talleres e instalaciones de todas las líneas. Claudio es uno de los principales abanderados de esta lucha que tiene a la línea B, la roja, como epicentro.
Tomó tiempo, luchas, trámites, paros, molinetazos y cientos de otras medidas que la empresa estatal SBASE y Metrovías, entonces y hoy Emova (la misma empresa con otro ploteado: Roggio), reconocieran la presencia del asbesto y comenzaran a tomar medidas paliativas, a regañadientes y a cuentagotas. Hoy ya son tres los trabajadores muertos a causa de la asbestosis y varias decenas los trabajadores enfermos.
