Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe sobre la represión de las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad durante la movilización realizada el 12 de junio frente al Congreso de la Nación, cuando el Senado debatía la Ley Bases.
La jornada culminó con un saldo de 33 personas detenidas, 5 de las cuales aún continúan en esa situación alojadas en los penales federales de Marcos Paz y Ezeiza. El informe de la CPM da cuenta también de al menos 638 personas heridas.
El escrito es fruto del trabajo de monitoreo realizado por 20 integrantes de la CPM que recorrieron diferentes puntos de la movilización y alrededores de la Plaza Congreso y relevaron en tiempo real información que se iba dando a través de los medios de comunicación y redes sociales.
En una primer descripción, el informe advierte que en la jornada se registró un “gran despliegue de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía de la Ciudad de Buenos Aires en las adyacencias del Congreso de la Nación. Esta última fuerza con un despliegue considerable también en la intersección entre Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio. Todos estos cuerpos desplegaron cuerpos de infantería a los que se agregaron otras unidades de cada fuerza”.
Y detalla que se registraron “eventos represivos ejecutados de manera indiscriminada y con extrema violencia por parte de las fuerzas mencionadas sobre las distintas calles y avenidas que rodean al Congreso, justificadas por el gobierno en el marco de la aplicación de la Resolución (…) denominada Protocolo antipiquetes”. Al respecto, también destacan que “los cortes a la circulación vehicular se produjeron por los propios cordones policiales que se desplegaron sobre las principales avenidas, no por los manifestantes”.
“El despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad incluyó: utilización de armas con postas de goma disparadas a `quemarropa´ o escasos metros contra el rostro o torso de las personas, gas pimienta lanzado a corta distancia en el rostro de personas seleccionadas arbitrariamente -con afección directa de las vías aéreas superiores o la vista de los damnificadoso bien al aire para afectar a varias, gas lacrimógeno lanzadas con escopetas-morteros hacia la concentración que afectaron a cientos de personas, agua a presión lanzada por camiones hidrantes, bastones y tonfas contra los manifestantes”, describe el informe.
“Estas acciones provocaron centenares de heridos, incluyendo periodistas, transeúntes que no participaban de la manifestación, personal médico de las postas sanitarias, vendedores ambulantes, personas en situación de calle, legisladores nacionales y provinciales que se encontraban en la parte exterior del Congreso y defensores de derechos humanos que monitorean la protesta”, añade.
Respecto de las 35 detenciones realizadas al momento de la represión, la CPM señala que “se dieron la mayoría de ellas al momento de la desconcentración de la marcha” y detalla que “había un vendedor de choripanes, tres vendedores de empanadas, dos personas en situación de calle, dos transeúntes que no participaban de la marcha, un vecino que discutió con policías que no lo dejaban pasar hacia su domicilio, una persona con discapacidad, y algunas militantes que se desconcentraba sin que se pudiera acreditar en casi todos los casos su participación en algún hecho ilegal”.
Y recuerdan que “cinco días posteriores a los hechos, 30 personas ya estaban liberadas por la justicia al no encontrarse elementos que justificaran el pedido de detención requerido por el fiscal federal interviniente”. Además, subrayan que de ese número inicial “dos personas fueron detenidas por tentativa de hurto del auto siniestrado y liberadas inmediatamente. Por esa razón fueron 33 los que pasaron a la jurisdicción federal”.
Además, se hace hincapié en las “maniobras temerarias y peligrosas realizadas por efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM) de la Policía de CABA y del Cuerpo Motorizado de la PFA, circulando en contramano sin que el tráfico estuviera cortado o por las veredas, portando escopetas de postas de goma, tonfas y gas pimienta, usando los vehículos como armamento al arrojar de manera violenta e imprudente los mismos contra manifestantes y personas que circulaban”.
Entre los casos detallados, resalta “la utilización de una tonfa por parte de un policía del Cuerpo Motorizado de la PFA para golpear indiscriminadamente en el rostro a una persona en Santiago del Estero al 145, produciéndole desmayo y pérdida de conocimiento, dejándolo tirado en el piso sin ofrecer atención alguna”.
En el informa se da cuenta de “potenciales tareas de inteligencia y utilización de infiltrados para la comisión de múltiples ilícitos, incluida la video filmación de manifestantes realizadas por personal policial identificado con chaleco de la fuerza correspondiente”.
Respecto de las personas heridas, el trabajo da cuenta de “heridas de bala de goma en zonas próximas a los ojos y en la zona posterior de miembros inferiores, al menos 20 personas; heridas irritantes por gas pimienta en ojos, rostro, nuca, brazos, antebrazos y manos; quemaduras químicas en espalda y tórax por gas pimienta; traumatismos de cráneo, al menos 30 personas; dificultad respiratoria aguda por gas lacrimógeno, situaciones de broncoespasmos y crisis de angustia y ansiedad”.
La Justicia como extensión del dispositivo represivo
La CPM también aborda el tratamiento que la Justicia dio a la causa, acusando a los detenidos con cargos que incluyen la sedición, resistencia a la autoridad y la inclusión de la figura de terrorismo. Ese es el pedido que hizo el fiscal que entiende en la causa, Carlos Stornelli. En el mismo sentido apuntó el Gobierno y sus alfiles mediáticos al referirise a los detenidos como terroristas.
Al respecto, el informe destaca que “las aprehensiones policiales se produjeron entre una y dos horas después de que finalizara la manifestación y el epicentro de la movilización (Plaza Congreso) fuera liberado por el accionar represivo de las fuerzas policiales y de seguridad“.
“Se produjeron en zonas alejadas del lugar en que se registraron los eventos que dieron inicio a la represión sobre los manifestantes que se encontraban en la Plaza Congreso. A título de ejemplo puede mencionarse la quema del vehículo en Calle Hipólito Yrigoyen y Solís”, agrega.
“Pese a que ninguna de las personas opusieron resistencia al momento de la aprehensión, las fuerzas policiales ejercieron un uso de la fuerza desproporcionado, desplegando violencia física y verbal”, subraya el trabajo.
Entre los aspectos destacados, uno es que “las aprehensiones no recayeron sobre las personas que protagonizaron hechos de violencia sino sobre quienes se desconcentraban de manera pacífica, vendedores ambulantes, transeúntes, personas que cuestionaban la violencia policial, personas en situación de calle que circulaban por el lugar o una persona con discapacidad mental”.
Sobre las figuras de sedición y terrorismo
“Prácticamente ninguna de las personas se conocían o compartían actividades, excepto tres integrantes de una familia que vendían empanadas y cuatro militantes”, resalta.
“La desmesura intencional de calificar estos hechos como actos de terrorismo, sedición y golpe de Estado, luego del comunicado de la Oficia de Presidencia de la Nación que asi los calificaba, representa la notoria búsqueda de colocar un nuevo y peligroso mojón en la sustracción de las garantías constitucionales que preservan el ejercicio de derechos fundamentales como el de libre expresión, asociación, libre circulación y petición a las autoridades de quienes se constituyen como grupos opositores. Todos estos derechos fundamentales para el sustento y desarrollo de la democracia”, advierte la CPM.
“La incorporación en 2011 de la figura del terrorismo al Código Penal, a la que la CPM se opuso oportunamente, lejos de constituirse en una herramienta para perseguir a grupos que ejercieran con alcance nacional o trasnacional actos tendientes a causar terror en la población y su posible financiamiento, ofrece la excusa perfecta para perseguir y judicializar a organizaciones sociales y políticas”, recuerda el escrito.
“La actual gestión de gobierno dictó el decreto 496/2024 por el cual podrá incluir en el Registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento a quienes se piense que son una amenaza actual o potencial a la seguridad de la nación. La amplitud de esta norma está a la medida de las desmesuradas definiciones del ejecutivo nacional y de la justicia federal al calificar los hechos ocurridos durante la manifestación del 12 de junio como actos de terrorismo”, advierte.
Y concluye: “la noción de `terrorismo´ de la que hacen uso las autoridades del gobierno nacional remite de manera directa a la de la última dictadura militar: clasificar a la disidencia política como `elementos disolventes´ del orden público”.