Redacción Canal Abierto | “Señor Presidente: mire a este país, nos faltan obras de infraestructura”. La frase fue pronunciada por Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, en el acto que compartió con Javier Milei el 20 de junio frente al Monumento a la Bandera de Rosario.
Su reclamo desencadenó un compromiso firmado este martes entre el gobernador y el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, por el que Nación financiará la continuidad de 24 obras públicas en su provincia. Compromiso que se da en el marco de las negociaciones por la Ley Bases y que también es el botón de muestra de una situación más grande: 3.500 obras fueron empezadas durante la gestión de Alberto Fernández y abandonadas por decisión de Milei.
El número lo hizo público el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CaMarCo), Gustavo Weiss, durante un encuentro en La Rural donde especificó que las obras están paradas porque el Estado –debido a la decisión libertaria de motoserrar el gasto público– adeuda $400.000 millones.
“La deuda del gobierno nacional es de obra ejecutada en el período septiembre, octubre y noviembre del año pasado, porque el plazo de pago de la obra pública es de 60 días desde la presentación de factura. Es decir que lo que se ejecutó en septiembre vencía en diciembre y no se pagó. En octubre y noviembre, ni que hablar. Hubo algunos pagos esporádicos de esa deuda, pero el grueso de la deuda sigue sin pagar, unos $400.000 millones”, detalló Weiss. Y alertó: “La situación es gravísima”.
¿Dónde está la plata?
Pese a que el presidente de CaMarCo también confirmó que no hubo hasta ahora desde el Gobierno ninguna oferta de pago, los fondos están.
Y es que fue el propio Milei quien decidió aumentar el porcentaje de lo recaudado por el Impuesto PAIS para financiar “obras de infraestructura económica” mediante el decreto 193. Así, la normativa de 2020 que establecía que un 65% del 30% de lo recaudado por el impuesto fuera a obra pública, ese porcentaje subió a 94% del 30%.
El impuesto PAIS tuvo una recaudación récord, con un crecimiento en términos reales del 251,4% interanual. Gracias a esto, se estima que el fondo para obra pública es de $855.000 millones, monto del cual sólo se ejecutó el 1%.
El dinero, lejos de ser utilizado para su destino original, fue a engrosar el ahorro fiscal que el oficialismo vendió como un superávit (financiero y primario) inédito. Y que no incluyó en su cuenta la deuda con las constructoras.
La falta de voluntad de pago por parte del Gobierno es, para Weiss, una estrategia contable: “El Estado argentino no paga intereses a la deuda, por lo tanto, si nos cancelan lo que nos deben del año pasado, nos pagan cada vez menos (…). Posterga el pago porque privilegia el superávit y les viene bien porque la licuación es más grande”, detalló.
También aseguró que esta paralización de la obra pública significó hasta el momento la destrucción de unos 100.000 puestos de trabajo directos desde mediados del año pasado y que podría generar una pérdida potencial de otros 100.000 empleos indirectos.
Para refutar a Weiss, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, salió a aclarar que su gestión recibió 6.600 obras comenzadas. Pero reconoció que de ellas el 40% estaban finalizadas. Y luego aclaró que el Gobierno evaluó las 2.700 restantes y determinó que sólo continuará con 376 obras y transferirá 914 a las provincias.
En efecto, en el acuerdo firmado ayer con Santa Fe, la Nación le transfirió a la provincia 20 obras, aunque no se explicitó cómo se financiarán esos proyectos. Esto supone que las provincias deberán acudir a organismos multilaterales de crédito y endeudarse.