Redacción Canal Abierto | Por orden del Juez Federal Ariel Lijo, ayer allanaron el local administrativo del complejo de viviendas ubicado en Iguazú y José C. Paz, del barrio porteño de Parque Patricios, perteneciente al Movimiento Territorial Liberación (MTL), una organización territorial de la CTA Autónoma, y el domicilio particular de Carmen Cirano, referente de la Federación Nacional Territorial (FeNaT) de la CTA.
En diálogo con Canal Abierto, Cirano detalló que también hubo operativos en locales del Movimiento Evita, del MTD, de Convergencia y de otras organizaciones de la FeNaT-CTA, y que algunos de ellos se realizaron de manera violenta. Desde el acto en rechazo a la Ley Bases, agregó que, según le informaron, están previstas un total de 30 medidas para esta semana.
“Todavía nos estamos preguntando por qué”, planteó, “no en el sentido político porque ya sabemos que esto se inscribe dentro de la persecución política”, sino, porque el proyecto funciona en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
“Nos revisaron todo y tenemos todo en orden. Justo terminábamos de rendir los comedores, la textilera que también funciona acá, y los hogares transitorios, que es donde viven los compañeros que tienen terreno para ir a su vivienda definitiva”, añadió.
Además de palear el déficit de viviendas que hay en la Ciudad, en el Barrio Monteagudo funcionan proyectos productivos, un bachillerato popular, una radio comunitaria, y un sistema de asistencia social y comunitaria, explicó la referente. “Es un barrio que no solo le garantiza el techo a la gente sino brinda una accesibilidad justa, rompe con la falacia de la patria contratista y garantiza el acceso a la salud, a la educación y a todo lo que la gente merece”, contó.
Sobre la cuestión de fondo, en tanto, denunció que en el Gobierno “hay una contradicción permanentemente en esto de querer aniquilar el papel de las organizaciones sociales, porque no hay otra propuesta. Sigue habiendo un estado ausente, que no se lo podemos atribuir a este gobierno solamente”.
En esa línea, indicó que “hoy el territorio es más estratégico que nunca”. Y agregó: “Hay que disputarlo, porque se lo están entregando al narcotráfico y el único futuro de nuestros niños es ser punta de lanza de los que se llenan los bolsillos con la venta de drogas”.
El comunicado de la CTA
“Este allanamiento se enmarca en la causa que está a cargo del Juez Lijo, y es la continuidad de una campaña de difamación hacia los movimientos sociales que promueve el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei desde su asunción”, señalaron desde la CTA Autónoma que conduce Hugo “Cachorro” Godoy en un comunicado de prensa. Y agregaron que, “con esto, se busca validar el ajuste contra el pueblo ante la opinión pública, justificando la persecución y criminalización sobre los movimientos sociales”.
Asimismo, denunciaron que “lejos de atender las demandas de entrega del alimento acopiado en los galpones del Ministerio de Capital Humano, el gobierno intenta imponer el estado de excepción y avanzar sobre derechos democráticos”. “Para ello utiliza como excusa el desprestigio de las organizaciones populares, que son quienes están cotidianamente construyendo la resistencia a este modelo de hambre, y de un país para pocos”, sostuvieron.