Redacción Canal Abierto | El presidente Javier Milei puede jactarse de un logro. El gobierno que encabeza desde el 10 de diciembre tendrá su primer auditoría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El motivo es la preocupación del organismo por los retrocesos en el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
La cita, que tendrá lugar mañana a las 15, es producto de presentaciones realizadas por distintas organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos como la Asociación Trabajadores del Estado, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la agrupación HIJOS.
La primera presentación fue realizada el los albores del Gobierno. Fue el 19 de diciembre, cuando las nalgas de Javier Milei no llevaban 10 días en el sillón de Rivadavia. Días antes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentaba el “protocolo antipiquete” con el que buscaba controlar la protesta social y la cobertura periodística de la misma.
La última data del 14 de junio, dos días después de la represión desatada en inmediaciones del Congreso mientras el Senado trataba la Ley Bases. Allí se le pedía a la CIDH que solicite información al Estado sobre el desarrollo del operativo de seguridad del 12 de junio de 2024, especialmente respecto del respeto al derecho a la protesta social y libertad de expresión; que manifieste al Estado de nuestro país de manera formal y procupación por la situación de criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad y que le solicite que se abstenga de disuadir la participación en manifestaciones, de estigmatizar a las organizaciones sociales y sindicales y de inhibir el pleno ejercicio del derecho a la protesta, la libertad de expresión y de asociación por parte de la ciudadanía.
En el último informe del CELS, titulado Bala y cárcel, se hace un racconto del desempeño del Gobierno respecto de las áreas sobre las que será interrogado mañana. Los números que arroja son 665 personas heridas sólo en 6 movilizaciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Además, suman otras 20 en el marco de las movilizaciones de docentes y policías en Misiones.
“Las balas de goma son disparadas al rostro, contraviniendo todas las reglas internacionales de uso de estas armas. El resultado es que varias personas sufrieron heridas oculares graves”, advierte un pasaje del informe.
Entre los alarmantes números que arrojan se suman las 80 dentenciones efectuadas en actos de protesta en la Ciudad de Buenos Aires, la de Córdoba y Rosario. Además del número, el informe señala que “las detenciones producidas en las manifestaciones responden al mismo objetivo de provocar miedo y desmovilizar. Por eso, en casi todos los casos son detenciones arbitrarias. La policía golpea y dispersa la movilización, y en la persecución posterior detiene a personas al azar. Luego inventa acusaciones, que no son contrastadas e investigadas, sino convalidadas por el Ministerio Público Fiscal”.
Y denuncia que “los golpes durante las detenciones fueron corroborados por distintos organismos que monitorean las manifestaciones y la situación de las personas detenidas”.
Respecto del ataque a la libertad de prensa, el CELS cita informes del SiPreBA y la Comisión Provincial por la Memoria, que participó de los monitoreos de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones. Según éstos, fueron 47 los trabajadores de prensa que recibieron gas pimienta, impactos de bala o golpes de tonfa en los últimos 6 meses.
“Las agresiones a trabajadores y trabajadoras de prensa son especialmente preocupantes teniendo en cuenta la reciente derogación de la Resolución 210/2011, que establecía una protección especial para el libre ejercicio del trabajo de prensa que no está contemplada en la normativa ahora vigente”, señala el texto del CELS.
Aotros aspectos sobre los que alerta la presentación tiene que ver con situaciones que se dan antes y después de las movilizaciones. Las primeras son las requisas que se realizan a personas que se supone se dirigen a una marcha. El ejemplo que cita el CELS es que el propio Ministerio de Seguridad se jactó de haber detenido más de 700 transportes públicos el 20 de diciembre, cuando la izquierda convocó a la primera movilización durante el gobierno de Milei.
La otra es el castigo económico a las organizaciones que convocan a las protestas o movilizaciones. Según el protocolo presentado en diciembre, se trata de trasladar el costo del operativo de seguridad a quienes movilizan como parte de la campaña a un sector de la sociedad. A modo de ejemplo, por el poerativo del 12 de junio, quisieron cobrar 131 millones de pesos a las organizaciones convocantes.
Estas son algunas de las cuestiones sobre las que un representante del Estado deberá responder mañana para luego escuchar las aseveraciones de representantes de la ONU y de la CIDH.