Redacción canal abierto |Ante la ola de despidos en los sitios de memoria y el vaciamiento de áreas claves, la Comisión Provincial por la Memoria acaba de lanzar la “Campaña internacional en defensa de las políticas públicas argentinas de memoria y derechos humanos”, en la que busca elevar al plano global la denuncia contra el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
En un documento online, en el que se puede firmar para poyar el reclamo, el organismo destaca que “Argentina se ha caracterizado por una política de memoria que es señera en el contexto internacional”, para luego enumerar los hitos de la historia argentina reciente en la materia: “En la transición democrática se avanzó en el esclarecimiento de los crímenes perpetrados por las fuerzas armadas y de seguridad durante la implantación del terrorismo de Estado. En los años ochenta fueron el Informe Nunca Más, el Juicio a las Juntas Militares, la investigación y búsqueda de las y los niños apropiados sumado a la incorporación al ordenamiento jurídico vigente de gran parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que suponía aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“En los años noventa –continúan-, a pesar de la impunidad se avanzó en las leyes reparatorias a las víctimas y la conformación de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad)”.
“En los primeros años del siglo XXI se avanzó aún más con la reapertura de los juicios a los genocidas, la recuperación de sitios de memoria, la desclasificación de archivos de la represión y políticas educativas para el abordaje del pasado reciente”, completan.
La segunda parte del texto, es un duro cuestionamiento a la gestión de La Libertad Avanza.
“Todos estos avances en materia de reparación y garantías de no repetición, que son un deber del Estado democrático y que aún son parciales, están siendo desguazados por el actual Gobierno nacional”, advierte la CPM, y subraya:
“Esto se expresa en la ola de despidos de trabajadoras y trabajadores dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y diferentes dependencias de la administración pública nacional y en la decisión de disolver la CONADI y poner en riesgo el Banco Nacional de Datos Genéticos que implica garantizar el derecho a la identidad. En lugar de redoblar esfuerzos para encontrar a las y los nietos que aún no saben quiénes son, intentan clausurar esta búsqueda y dejarlos sumidos en la mentira y el engaño. Una crueldad profunda que niega la vida y dignidad humana”.
“Los despidos de trabajadores y trabajadoras de sitios de memoria, del Archivo Nacional de la Memoria –que tiene entre sus acervos el archivo de la CONADEP-, del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), de la dirección de leyes reparatorias, entre otros, implican un ataque brutal a las políticas de Verdad, Justicia y Memoria que son parte ineludible de los deberes del estado de derecho”, prosigue el escrito.
“Incumplir estos deberes implica no solo arrasar con estos avances sino retrotraer a la sociedad argentina a la narrativa en torno al pasado propia de la dictadura, pues solo pueden justificarse estas políticas en un cerrado negacionismo que pone en duda la verdad construida, para reivindicar lo actuado por los genocidas. ¿Cómo puede negarse el derecho a la identidad si no es por la vía de reivindicar la apropiación y la sustracción de la misma?”, interpela la solicitada firmada por Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos, Víctor de Gennaro, Ana Barletta y Roberto Cipriano García, junto al resto de la directiva del órgano bonaerense.
La ley nacional 26.691 obliga al Estado a preservar “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”. En igual sentido lo señala la resolución 3/2019 “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas” dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Los sitios de memoria son prueba material de lo ocurrido –alertan sobre el final-, una reparación simbólica a las víctimas y lugares de reflexión y formación de una ciudadanía consciente del valor de los derechos humanos y la democracia. En el mismo sentido lo son los documentos y registros que prueban los hechos, contrarrestan el negacionismo y abren a una transmisión sostenida en argumentos sólidos y validados por fuentes”.
“Exigimos al Gobierno nacional revertir esta política y llamamos a los distintos sectores políticos y sociales a reclamar la continuidad laboral de todas y todos los trabajadores y trabajadoras despedidas y despedidos y de todas las instituciones y programas que dan cuenta de políticas de Estado que deben sostenerse”, sintetiza la Comisión por la Memoria.