Redacción Canal Abierto | Asambleas y organizaciones rionegrinas de la Comarca Andina, Allen, Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) y Bariloche se reunieron el pasado sábado 27 de julio para debatir, compartir diagnósticos y planificar acciones frente al escenario de avance minero en la provincia de la mano del gobierno de Alberto Weretilneck, con el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno nacional y sus patrones.
A fines de 2023, horas antes de asumir, el recientemente electo gobernador consiguió aprobar en la Legislatura provincial la reforma de la Ley de Tierras, modificar el Código de Procedimientos Mineros y otras dos normas referidas a la actividad con el voto mayoritario del oficialista Juntos Somos Río Negro, Juntos por el Cambio y el Frente Renovador. Así quedó allanado el terreno para esta avanzada extractivista que pretende convertir a la provincia en un territorio de sacrificio.
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Weretilneck “se instaló en Ingeniero Jacobacci con sus funcionarios para desplegar una puesta en escena tras otra, con el ánimo de seducir a sectores históricamente empobrecidos y olvidados por el propio accionar gubernamental con una hipotética bonanza económica que estaría al caer”, denunciaron las asambleas y organizaciones reunidas.
“Para silenciar cualquier voz disidente en relación con el proyecto Calcatreu en manos de la compañía Patagonia Gold, se vale de un inédito cerco mediático, ya que, de manera directa o a través de testaferros, el gobernador controla medios de prensa en las ciudades más relevantes de la provincia, a la vez que aprovecha el silenciamiento que dispuso el gobierno central sobre Radio Nacional Jacobacci. El resto de silencio cómplice queda asegurado con pauta publicitaria”, sostienen.
Precisamente, en las últimas horas estos medios generaron una campaña mediática en torno al supuesto apoyo al proyecto Calcatreu por parte de algunas comunidades mapuches compradas por un gobernador que abusa de su posición dominante y de la postergada situación de estas familias.
“El gobierno de Weretilneck avanza mintiendo y prometiendo el oro y el moro, cerrando la participación, haciendo firmar papeles de consentimiento a gente que no dimensiona el perjuicio en el territorio porque les mienten. La empresa entrega fardos de pasto, la Secretaría de Minería sancionando unilateralmente un Protocolo de Consulta Previa escrito por las empresas mineras, todo es ilegal”, sostiene Orlando Carriqueo, werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, organización que reúne a la casi totalidad de las comunidades indígenas de la provincia, férrea opositora al extractivismo minero y que está en pie de lucha contra esta avanzada.
Calcatreu
En Río Negro se destacan varios proyectos mineros. Calcatreu es un yacimiento de oro y plata ubicado 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci, concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, que cuenta entre sus accionistas con uno de los ex dueños de Quilmes, Carlos Miguens Bemberg. El proyecto se paralizó en su momento porque en 2005, la ley 3981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para por lixiviación obtener los minerales. Esa ley fue volteada en 2011 -cuando Weretilneck era vicegobernador- y el emprendimiento está en etapa de exploración y estudios geofísicos.
“Calcatreu es la punta de lanza de cientos de proyectos de estas características. Su importancia relativa quedará en juego y sabemos por las experiencias sanjuanina y catamarqueña, que las compañías mineras terminan convirtiéndose en el auténtico gobierno, más allá de las formalidades democráticas”, señalan las organizaciones en un documento titulado “¡No a Calcatreu!”.
“El Parlamento Mapuche Tehuelche, conformado por más de 150 comunidades, no avala el proyecto Calcatreu. Y no lo avala fundamentalmente porque el pueblo mapuche no es minero, porque no es parte de su cosmovisión romper un cerro para sacarle los minerales (…) utilizar el agua y contaminarla, contaminar la tierra. No es parte de la cosmovisión ni de la cultura de un pueblo, y es nuestro derecho también oponernos”, señaló Carriqueo en una entrevista con FM Láser, una emisora local. El referente comunitario destacó que el Estado avanza sin reconocer las instancias legales, el derecho indígena y sin dar participación al CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, un organismo estatal provincial con participación del gobierno y las comunidades) ni al Parlamento.
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Este miércoles 31 de julio, a las 11 horas, la organización indígena junto a las Asamblea por el Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci, realizarán una conferencia de prensa (transmitida en sus redes) para sentar posición sobre el tema y denunciar la manipulación del gobernador para “dibujar” una supuesta licencia social “a través de presiones financieras y estrategias extorsivas contra sectores que dependen de políticas públicas y financiamientos provinciales, para que no manifiesten su oposición a la explotación de Calcatreu”.
“La urgencia del gobierno no tiene justificación alguna y su crispación obedece a una certeza: la abrumadora mayoría de la población rionegrina no quiere megaminería. El proyecto Calcatreu no tiene licencia social, es decir, no cuenta con el acuerdo de la ciudadanía, como bien se sabe hace 20 años”, concluyen.